Hace ya más de un año —tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015— que escribí «Una oportunidad histórica para Ciudadanos«. Tras dos elecciones generales arranca finalmente una legislatura y cobra sentido analizar si, dada la nueva situación política española, dicha oportunidad ha sido o podría ser perdida por ese partido político.
Aunque algunas encuestas electorales llegaron a pronosticar un triple empate ente PP, C’s y PSOE en las elecciones del 20 de diciembre de 2015, los resultados fueron bien diferentes. Alguna empresa demoscópica, se supone que bien retribuida por el medio de comunicación que la contrató, arriesgó temerariamente su credibilidad profesional mutando con poca deontología desde un papel de descriptor al de prescriptor. Su probable objetivo: allanar el camino para la sustitución de un PP corrupto por un Ciudadanos inmaculado, de un líder maduro y sin carisma por otro joven y con futuro.
Ciudadanos obtuvo 40 diputados, un resultado muy notable si lo comparamos con los cinco que tenía en la legislatura anterior UPyD, partido que desapareció del Congreso. No obstante, las exageradas expectativas previas —en algún caso de más de 70 escaños— lo convirtieron en un cierto fracaso. De hecho, el partido encargó un informe para analizar las causas del mismo. Se hizo autocrítica, si bien no se identificaron las razones realmente relevantes.
Pedro Sánchez, al frente de un PSOE con sólo 90 diputados y sin pactos previos con otros grupos parlamentarios, fue sorpresivamente designado por el Rey candidato a la investidura, lo que alentó un acuerdo oportunista con Ciudadanos. El argumento de mayor peso —tan endeble que por ello fracasó— era que los 130 diputados de PSOE y C’s eran más que los 123 del PP. Olvidaron que necesitaban alcanzar 176. O, quizá, confiaron en que la inconveniencia de tener que repetir elecciones ablandaría a PP o a Podemos, que se abstendrían. ¿Un PP ganador de las elecciones, con 33 escaños más que el PSOE? ¿Un Podemos que, con los 69 escaños propios y de sus confluencias, pretendía claramente desbancar al PSOE para más tarde intentar gobernar?
Ciudadanos cometió en mi opinión un error estratégico —exagerada solemnidad de la puesta en escena aparte— al firmar el “Pacto del abrazo” con el PSOE. Las prisas de algunos por salir en los libros de Historia como ministros del Reino de España llevaron al partido a asumir un riesgo muy elevado en caso de no conseguir formar Gobierno, como así sucedió. No tanto porque un partido autodenominado de “centro” no pudiera pactar con otro de izquierda o centroizquierda, sino porque olvidaba lo obvio: la mayor parte de su electorado provenía del PP.
Tras las elecciones del 26 de junio, el PP subió de 123 a 137 escaños, mientras el PSOE bajó de 90 a 85 y C’s de 40 a 32. Un día después, el presidente de Ciudadanos cometió uno de sus mayores errores. Como si no hubiera entendido el claro resultado electoral, Albert Rivera volvió a asegurar que no votaría a favor de Rajoy en caso de ser designado candidato. De ahí, lo que ya conocemos: del No al Sí condicionado pasando por la abstención técnica. Un doble salto mortal completamente injustificable. Adiós a la credibilidad de Ciudadanos.
Ninguna de estas decisiones estratégicas, claramente cuestionables, fue consultada por Ciudadanos a sus afiliados. Es más, ni siquiera el Consejo General —en teoría el órgano máximo entre congresos, similar al Comité Federal del PSOE— tuvo un papel mínimamente relevante. Pedro Sánchez, sin embargo, solicitó y obtuvo el respaldo de sus bases al acuerdo con C’s. Por otra parte, la supuesta unanimidad en la Ejecutiva de Ciudadanos con respecto a este tipo de decisiones ha saltado recientemente por los aires con la dimisión por sorpresa de una de las personas que la componían.
Los medios de comunicación suelen prestar poca atención a la escasa democracia interna en los partidos políticos españoles, a pesar de la exigencia constitucional. Tienden a verla como algo deseable pero difícil de alcanzar, sin excesiva influencia en la toma de decisiones sobre la posición político-estratégica del partido. Pero, como demuestra la reciente y muy grave crisis del PSOE, no es así. Si su Comité Federal hubiera tenido independencia de la Ejecutiva, ya en su reunión del 9 de julio —dos semanas después del 26J— se habría mantenido un debate democrático sobre las opciones reales de constituir un Gobierno alternativo al del PP, así como sobre la conveniencia o no de unas terceras elecciones. No fue así y ha sido necesario un golpe de mano para mantener dicho debate tras descabezar a la Ejecutiva. Poder formal, poder fáctico.
En Ciudadanos nadie quería otras elecciones. Se pasó de un 14% el 20D a un 13% el 26J, y las previsiones más optimistas apuntaban a un 12%, con un nuevo e importante descenso en escaños. Quiso rozar el cielo con el acuerdo de Gobierno con el PSOE y ha tenido un papel meritorio en el acuerdo de investidura con el PP, pero el estrepitoso fracaso en las elecciones vascas y gallegas —ningún diputado, ni siquiera el que mantenía UPyD, que no se presentó en Euskadi— cuestiona la viabilidad del proyecto a medio y largo plazo.
En buena medida, Ciudadanos no consigue atraer ya a la sociedad civil por haber abusado, en su implantación nacional, de lealtades más interesadas en medros personales que en un proyecto de futuro. Los centenares de expulsiones —se habla de miles, como en UPyD— han alimentado unas fuertes corrientes dirigidas a la opinión pública en las que se intenta presentar a Ciudadanos como un partido autoritario, nada liberal a pesar de su adscripción al grupo europeo liberal-demócrata ALDE y orientado al culto a su presidente por parte de un reducido equipo de personas con una ambición desmesurada.
Se ha creado recientemente en C’s un grupo de trabajo interno llamado TranC’sparencia. Sus aproximadamente 1.000 afiliados abogan por un próximo Congreso democrático abierto a todos y sin ventajismos por parte de la actual Ejecutiva, como por ejemplo en el abuso de un voto telemático claramente manipulable. Denuncian tal falta de separación de poderes dentro de Ciudadanos que TranC’sparencia se opone a que la actual Comisión de Garantías del partido —presidida por un diputado al Parlament de Cataluña, algo prohibido por los Estatutos, además de otras graves irregularidades— sea el órgano que garantice el desarrollo democrático del Congreso.
Resulta por tanto pertinente preguntarse si la oportunidad histórica que tuvo Ciudadanos para ser un actor decisivo en el mapa político español posterior al bipartidismo se ha perdido o puede terminar perdiéndose. Será así si no afronta su próximo Congreso con un exquisito comportamiento democrático, a la altura de lo que una España hastiada de la corrupción demanda de unas fuerzas políticas que decían venir a regenerar nuestra democracia por encima de intereses personales o partidistas.
