El muro gubernamental levantado por Sánchez contra media España ya está siendo vigilado por Europa y controlado a distancia por el independentismo —en especial por Puigdemont— en espera de volver libre de cargos. El expresidente fugado de la Generalitat —ahora escoltado por la misma policía que debía detenerlo por orden de la justicia española— fiscaliza muy de cerca la actividad de un parlamento que tramita su perdón por vía exprés y que ya ha registrado hasta tres comisiones para investigar a jueces y magistrados.
El ejecutivo de Sánchez nace aún más agrietado por la cuña de uno de sus socios, que promete plantar batalla en el Congreso con sus cinco escaños, tras haber sido «expulsado» de uno de los consejos de ministros más numerosos del continente. Podemos, pasa directamente a la confrontación, reservándose el veto a su propio grupo e incluso el voto en contra, a cuantas medidas legislativas considere alejadas de su estrategia ideológica. La guerra total entre las formaciones ‘hermanas’, y ahora rivales, se torna irreversible con preocupación del PSOE por la ruptura de su izquierda electoral y las consecuencias en los futuros comicios de Galicia, Euskadi y el Parlamento Europeo en 2024.
La tramitación de la ley de Amnistía continúa generando el rechazo interno y exterior, con el primer recurso (de amparo) por conculcar “garantías procedimentales” y la recusación a tres magistrados del TC por “enemistad ideológica”. El secesionismo impone a España una nueva humillación tras reclutar hasta cuatro “verificadores” internacionales para dar fe del cumplimiento de los pactos de investidura. Mientras el presidente del Gobierno bendice la figura del ‘controlador externo’ —al considerar que incluso “puede ayudar”—, su nuevo ministro de Transportes reconoce que la amnistía no se hubiera pactado de no haber necesitado los votos catalanes para gobernar
Vigilancia europea y firmeza judicial
La Euro cámara alza ya su voz contra la ley del perdón, que será vigilada de cerca por las instituciones comunitarias para analizar “con mucho cuidado y de manera independiente” el cumplimiento del derecho de la UE. El comisario de Justicia pretende verificar la compatibilidad del proyecto con el artículo 2 del Tratado sobre los valores fundacionales y otros elementos que afectan al derecho penal. Aunque Didier Reynders recuerda que la cuestión de Cataluña “es un asunto interno”, advierte que su vigilancia sobre la tramitación de la norma terminará “cuando haya un texto final en el Parlamento español”. Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, solicita al Tribunal Supremo la apertura de la causa por delito de terrorismo en la investigación de Tsunami Democràtic del expresidente Puigdemont, así como de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otros diez encausados.
Unidad de acción PP–VOX y lowfare de JUNTS y ERC
PP y Vox piden revocar en el Congreso la admisión de la ley del “perdón” como paso previo para recurrir ente el Tribunal Constitucional. Ambas formaciones apelan la decisión de la Mesa de dar luz verde a su tramitación, además de cuestionar el informe del nuevo Letrado mayor que avala la iniciativa al no ver indicios de inconstitucionalidad, con la presión de Abascal al presentar querellas por presunta prevaricación contra los letrados que avalan su tramitación.
Por su parte, el partido deleurodiputado de Junts, pasa directamente a la acción y registra junto al PNV las comisiones de investigación sobre la operación Cataluña y el atentado de Barcelona de 2017. El independentismo reclama por separado, además de ERC y BILDU, sendas investigaciones para investigar casos de ‘lawfare’ o presunta prevaricación de los jueces, y conocer «la verdad» de los atentados yihadistas de la capital catalana y en Cambrils, así como del espionaje a políticos secesionistas con el programa ‘Pegasus’. El Congreso ya ha investigado varias veces a las llamadas ‘cloacas’ de Interior, bajo el mandato del PP, tanto en 2017 como en la pasada legislatura con otra comisión sobre la ‘operación Kitchen’ y el espionaje al extesorero de la formación, Luis Bárcenas.
Gobierno de contención con refuerzo de Bolaños
El tercer ejecutivo de Sánchez amplía su núcleo duro con las vicepresidentas Calviño, Montero, Díaz y Ribera en primera línea, y el refuerzo del bi-ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños para ejercer una férrea gestión y afrontar el rechazo de la calle, una dura oposición parlamentaria y la presión de sus socios. La vicepresidenta y titular de Trabajo, Yolanda Díaz anuncia la subida récord del Salario mínimo, Bolaños augura una legislatura «intensa» con renovación del CGPJ, y el responsable de Transportes, Puente, con el reconocimiento de que no se hubiera pactado la amnistía de no haber necesitado lis votos catalanes para gobernar. Uno de los cupos de Sumar, Ernest Urtasun, reivindica su departamento de Cultura con libertad de expresión, mientras la despedida de las ministras de Podemos Belarra y Montero se zanja con acusaciones de “servilismo” a Yolanda Diaz ante el presidente del Gobierno, y a Sánchez de «echarlas» del ejecutivo y de romper el «bloque democrático».
Las titulares de Economía y Hacienda diseñan ya los presupuestos para 2024, con la vista puesta en las exigencias de Bruselas, la presidencia del Banco de Inversiones e incluso algún puesto para España en la Comisión. Las agencias de rating (Moody’s y S&P) avisan del riesgo político en España por la profunda división, mientras Bruselas urge al ejecutivo a presentar “una estrategia fiscal creíble a medio plazo”, ante lo que considera una situación «muy complicada». El 1 de enero de 2024 se activan de nuevo las reglas de déficit público por debajo del 3% y los niveles de deuda sobre PIB del 60%, unas exigencias difíciles de cumplir a día de hoy incluso por otros gobiernos comunitarios.
Desencuentro gobierno-oposición
El desencuentro ya es total, también, entre gobierno y oposición pese a la determinación de Sánchez de “responder con trabajo a la crispación” y la advertencia del PP de que “el Estado de derecho está en riesgo en España”. Tanto Feijóo como Abascal coinciden en mantener la presión en la calle contra la deriva del nuevo ejecutivo, aunque discrepan sobre la tramitación de la ley de amnistía. El PP se prepara para dilatar la iniciativa tan pronto como llegue al Senado, exigiendo incluso el dictamen del Consejo de Estado y del Poder Judicial, mientras Vox rechaza debatir si quiera la norma al considerarlo una “colaboración con el golpe de Estado”.
Movilización del PP y cambios internos
Feijóo mantiene el propósito de seguir canalizando el descontento social contra la amnistía en defensa en la igualdad y la Constitución los primeros días de diciembre, haciendo coincidir las nuevas movilizaciones con el 45 aniversario de la Carta Magna. Con el aviso de “no nos vamos a callar”, el PP impulsa una nueva manifestación a principios de diciembre para defender que “nadie es más que nadie en España”. Insiste el presidente popular en la inconstitucionalidad, e «inmoralidad» del perdón a los protagonistas del procés, pese a ver un hilo de esperanza en las instituciones europeas, en las que, “cuando un Estado se extralimita en sus leyes se activan los tratados europeos” como ya ocurrió en Polonia y Hungría. Al tiempo, sigue poniendo en duda la imparcialidad de un Tribunal Constitucional integrado por «un ex fiscal general del Estado, un ex ministro de Justicia y una exdirectora general de Moncloa”, a falta de designar un magistrado por el Senado, con mayoría absoluta del PP.
Lo que sí tiene decidido el presidente popular es la sustitución de sus portavoces del Congreso y el Senado, Cuca Gamarra, y Javier Arenas, para dedicarse la primera por entero a la secretaría general de su partido y reforzar el papel del segundo en la cámara alta. Para sus respectivos relevos cogen fuerza el vicesecretario de organización, Miguel Tellado y la senadora Paloma Martín.
