El Tribunal de Garantías de la Segunda República que se plegó a los distintos gobiernos republicanos, renace casi cien años después con un sesgo similar al aplicado por el actual Tribunal Constitucional. Hoy como ayer, el máximo órgano de garantías constitucionales vive análoga convulsión tras los ataques del poder a las instituciones judiciales (y a sus magistrados) en un magma de degradación y división, rechazado por la propia judicatura por “erosionar” el Estado de Derecho, y “exceder” sus propias competencias.
Pumpido es un presidente en entredicho, con claro-oscuros y tintes de parcialidad, que aprieta el acelerador para exculpar al ex presidente fugado de la Generalitat e incluso exonerar al resto de líderes del procés. El PP lleva al Constitucional ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la sentencia que avaló el recorte de funciones del CGPJ. El nuevo curso parlamentario comienza con la presencia en el Congreso de un terrorista esposado y condenado por los atentados de Barcelona en 2017 a petición de Junts. El hemiciclo reanuda el duelo Sánchez-Feijóo, la batalla entre gobierno y oposición e incluso entre los socios de coalición del Ejecutivo, en el que saltan los plomos hasta en el Consejo de Ministros.
De Azaña a Conde-Pumpido
No hace falta recordar que cien años atrás, el propio Azaña abogaba por “republicanizar” la Justicia, negando incluso su independencia -“ni el Poder Judicial, ni el Poder legislativo, ni el Poder ejecutivo pueden ser independientes del espíritu público nacional”, afirmaba-, tras someter al Tribunal Supremo a un rígido control político, con la creación de un “Tribunal especial para exigir la responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, Magistrados y Fiscales en el ejercicio de sus funciones” (Decreto de 13 de junio de 1936).
El actual presidente del alto tribunal, Conde-Pumpido, acelera los trámites para aplicar la amnistía tanto a Oriol Junqueras como a Raül Romeva y Dolors Bassa, e incluso exonerar del delito de malversación a Puigdemont considerado por el Tribunal Supremo como no amnistiable. El TS fija para el 10 de marzo la vista pública que estudiará la aplicación de la amnistía -o no- al ex presidente catalán, mientras que Conde-Pumpido decide intervenir en las causas del ‘procés’ cuatro años después de haberse abstenido en la causa especial de 2017, sobre la que el Pleno le apartó «definitivamente» de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas.
Balance del TC
El alto tribunal ya ha resuelto de manera favorable una veintena de recursos del partido en el poder (PSOE), por apenas dos presentados por el PP. Es el balance sesgado de un TC que deberádirimir todavía la eliminación de la sedición y la rebaja de la malversación en el Código Penal, pronunciarse sobre la eliminación casi total del español en las aulas catalanas o sobre el encaje legal de la amnistía, ya en marcha, para conseguir el favor de los partidos independentistas Junts y ERC. Apenas doce meses le hanbastado al Constitucional para avalar también la ley de eutanasia, la ley educativa ‘Celáa’, la ley Rider, la reforma laboral de Yolanda Díaz e incluso ordenar a la Audiencia Nacional la repetición del juicio contra Arnaldo Otegi por su intento de rehabilitar la ilegalizada Batasuna y su actuación como brazo político de ETA.
El colmo del ‘fervor’ partidista de su presidente ha sido el intento de silenciar a la minoría conservadora del TC al prohibir la difusión los votos particulares, mediante nota de prensa, en la que Pumpido llegó a tachar de “sarta de acusaciones y descalificaciones” la argumentación de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.
De los ERE a los desahucios
Más polémica aún es la anulación de las condenas a los ex presidentes Chaves y Griñán por prevaricación y malversación, respectivamente, en el fraude de los ERE en Andalucía ordenando rebajar las penas a la Audiencia de Sevilla. El tribunal de garantías dejó en la mínima expresión el mayor caso de corrupción de la historia de España, en la que se repartieron de manera clientelar casi 700 millones de euros por parte de la Administración andaluza durante una década. En el último año, el TC también ha declarado la constitucionalidad del decreto-ley del Gobierno que permitió en 2021 paralizar los desahucios de quienes, incluso tras haber sido condenados penalmente, permanecían dentro de la vivienda de un tercero de manera irregular. Un escenario que para los críticos de la norma actúa en beneficio de los condenados tras ocupar ilegalmente un inmueble en detrimento del derecho de los propietarios.
Duelos Sánchez-Feijóo, Psoe-PP y del gobierno de coalición
El nuevo curso parlamentario reanuda la batalla entre gobierno y oposición e incluso entre los socios de coalición del Ejecutivo, en el que saltan los plomos en pleno consejo de Ministros. El enfrentamiento entre las vicepresidentas Díaz y Montero –un paripé más a juicio del PP-, a cuenta de los impuestos con la subida del Salario Minino, vuelve a sumir a Psoe y Sumar en su enésima batalla en la que la ministra de Trabajo acusa de ocultación a su colega de Hacienda. Así, el intento de retomar la iniciativa política tras las investigaciones judiciales que cercan al Gobierno se diluye una vez más el mismo día en que Sánchez exige a su grupo parlamentario “sudar tinta» en cada negociación y seguir buscando apoyos hasta debajo de las piedras. El inquilino de la Moncloa se pone como ejemplo en el que se miran “los progresistas del mundo” para liderar la coalición “negacionista» de neoliberales y la multinacional ultraderechista. Feijóo acusa al Gobierno de ofrecer solo decadencia con unos “ministros vagos” con los que patrocina la obstrucción de la Justicia.El fuego cruzado del hemiciclo prende también en el líder de VOX, Abascal, que llama “pinocho” a Feijóo y le pide no seguir por el camino de la mentira.
¿Indulto para Borras?
La condena a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación, a la ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, rechaza que pueda beneficiarse de la Ley de Amnistía por delitos de prevaricación y falsedad continuada de documentos tras adjudicar de forma irregular 18 contratos menores a un conocido. La correligionaria y ex dirigente de Junts queda en manos del gobierno de Sánchez para beneficiarse de un hipotético indulto que evite su ingreso en prisión. Su partido considera la condena del TS como un caso de ‘lawfare’ y un ensañamiento contra la expresidenta de la formación.
