Pedro Sánchez ya es el presidente más controvertido de la democracia cuyo mandato estará condicionado por los votos del independentismo durante el resto de la legislatura. El presidente del Gobierno consigue renovar cuatro años más a cambio de la amnistía y el perdón a los partidos secesionistas que soliviantaron la Constitución, concediendo, también, privilegios fiscales, económicos e identitarios a las formaciones que sustentaran la legislatura más incierta de la democracia. El presidente más contestado de las últimas décadas ha conseguido extender una profunda división social de los españoles, la misma que se empeña en negar en Cataluña tras prometer la concordia y el interés de España y levantar un «muro de democracia” contra el «odio» de PP y Vox. Feijóo le acusa de “corrupción política y patológica ambición” por comprar votos para mantenerse en el poder.
Los socialistas se empeñan en recordar que su acuerdo con siete formaciones del Congreso es para toda la legislatura, aunque la mayoría le advierte que «durará lo que dure la palabra» del presidente investido, y le considera rehén de lo pactado durante los próximos 1.465 días. Lo recalca Laura Borrás, presidenta de Junts, tras avisar que su partido planteará la celebración de un referéndum de autodeterminación, mientras la portavoz de ERC, Miriam Nogueras, se jacta de haber «roto la unidad de los partidos españoles«. El dirigente del PNV, Andoni Ortuzar, le recuerda al presidente reelegido que «no vienen momentos fáciles» para él, después de darle dos años para transferir la gestión económica de la Seguridad Social —la ruptura de la ‘caja única’—, mejorar el Concierto Económico y decidir si se aplican las leyes en Euskadi.
Rechazo social e institucional
Una vez más en la convulsa historia de España, la sociedad ha vuelto a dividirse en dos expresando en la calle el profundo descontento con las decisiones de sus gobernantes. Buena parte de la militancia y de exdirigentes del Psoe censuran, a su vez, la manera de proceder de la cúpula socialista al grito de “con estos acuerdos no”.
El rechazo popular a los privilegios y a la imposición de una minoría territorial e ideológica del país, es secundada también por una abrumadora mayoría de colectivos profesionales que advierten del «peligro de destruir el Estado de Derecho». Magistrados, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, de Trabajo, diplomáticos, letrados, sindicatos policiales y de la Guardia Civil, interventores y hasta auditores, muestran su «enorme preocupación» por lo que consideran un ataque frontal a la separación de poderes y a la Constitución del 78, que garantiza la igualdad, el principio de justicia financiera y la estabilidad presupuestaria para evitar, entre otros asuntos, la existencia de Autonomías de primera y de segunda.
La Asociación de fiscales (AF) pide la dimisión del Fiscal General por su «pasividad» en la defensa del Estado de derecho y la efectiva separación de poderes. El empresariado de CEOE, por su parte, alerta del grave menoscabo” y el peligro para la economía que generan los acuerdos. Hasta los obispos de Valladolid y Oviedo aseguran que la amnistía amenaza la convivencia a la que dice servir. El ex ministro de Exteriores y Alto representante de la UE, Josep Borrell, muestra «gran preocupación» por el pacto con el independentismo cuya rebelión denunció públicamente cinco años atrás.
Nuevo gobierno, presupuestos y elecciones europeas
Sánchez se compromete a reducir el mayor gobierno de Europa, recortando el número de ministros y fusionando el contenido de carteras en las que merma el poder de su socio de coalición con apenas cuatro departamentos. A la continuidad de María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Teresa Ribera se sumaría la incorporación de Mónica García (Mas Madrid), Ernest Urtasun (En Comú) o Sira Rego (Izquierda Unida), como cupo de la vicepresidenta Yolanda Diaz, en el ejecutivo más político y renovado que contaría igualmente con la incorporación del valenciano Ximo Puig e incluso Oscar López, actual jefe de gabinete de Sánchez. Las ministras Belarra y Montero se dan por expulsadas del gobierno, mientras el ex vice presidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, advierte que la formación abre un tiempo para «distinguirse» y funcionar de manera autónoma se Sumar al no sentirse concernido por la disciplina del consejo de ministros.
El primer gran test legislativo y de negociación del nuevo bloque «progresista» ampliado, serán los Presupuestos para 2024, en los que el ejecutivo deberá encajar las variopintas exigencias económicas y fiscales de sus ‘socios’, incluidas las transferencias de infraestructuras a Cataluña y Euskadi. La ministra Montero ya ha participado en varias reuniones con Sumar, Coalición Canaria y PNV, formaciones que tienen compromisos pendientes de los acuerdos firmados en la legislatura anterior. La titular de Hacienda confía en cuadrar las nuevas cuentas antes de marzo.
El año bisiesto deberán colocarse, además, las urnas de las elecciones en el País Vasco y al Parlamento Europeo en las que pintan bastos para la formación nacionalista y el Psoe, que pueden ser sobrepasados por Bildu y el PP, respectivamente. Los comicios quinquenales en Europa deben renovar instituciones como el Consejo y la Comisión, presididos hoy por el belga Charles Mitchel y la alemana Úrsula Von der Leyen con la duda de repetir mandato. En la terna de candidatos no son descartables tanto ex jefes de Gobierno como en activo, con dilatada experiencia en los consejos nacionales. Las componendas de los dos grandes grupos de la UE —socialistas y conservadores— deben decidir la alternancia de las principales instituciones en las que nada se descarta.
Tramitación no tan exprés
El Congreso comienza la tramitación de la “Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña”, presentada en solitario por el grupo socialista, que ha provocado el profundo rechazo social y una movilización son precedentes en toda España. Su rápido periplo por la cámara podría dilatarse en el Senado hasta dos meses más tras el blindaje reglamentario del PP cuya amplia mayoría puede exigir el informe preceptivo del Consejo del Poder Judicial.
La iniciativa impuesta al Gobierno, exonera los delitos cometidos por el independentismo y a los imputados por malversación, usurpación, prevaricación, desórdenes públicos y terrorismo, junto a los dirigentes que permanecen huidos de la justicia como Puigdemont (Junts) y Marta Rovira (ERC). Tanto los principales líderes del procés —Junqueras y Puigdemont—, como sus ex consellers y diputados quedarán exonerados de sus actos y podrán presentarse a las futuras elecciones. La ley borra los delitos a 300 independentistas del ‘procés’, afectando también a 73 policías. La norma da a los tribunales y órganos implicados un plazo máximo de dos meses para su aplicación.
La amnistía implica anular la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023.
Feijóo internacionaliza la amnistía
Feijóo se prepara para afrontar la nueva legislatura asumiendo que el mandato de Sánchez se extenderá, aunque condicionado por el independentismo. Su hoja de ruta pasa por trasladar a Europa los efectos del perdón, asumir el regreso de Puigdemont y neutralizar el referéndum pactado que exigen los socios catalanes de investidura. Aun así, mantendrá la presión en la calle y en las comunidades donde gobierna, incluido el Senado en el que ya ha solicitado la reunión de presidentes autonómicos.
Abascal amenaza con romper sus gobiernos de coalición con el PP si tramita la amnistía en la cámara alta. El líder de Vox advierte que los populares se lo pondrían «muy difícil» al entender que colaboran lateralmente con el “golpe» de Sánchez.
Deserciones del PSOE
En el Partido Socialista siguen creciendo las deserciones con bajas de ex ministros como Cosculluela o mociones municipales contra el perdón al independentismo. El ex titular de Obras Publicas siente ”vergüenza» por el acuerdo de investidura que coloca a la formación en posición de “servidumbre frente a un “nacionalismo supremacista y reaccionario” a cambio de blindar la permanencia de Sánchez en La Moncloa. En términos similares se han pronunciado dirigentes como Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Almunia, Nicolás Redondo Terreros, Ramón Jáuregui, Elena Valenciano y Juan Carlos Ibarra. Aunque lo nieguen los dirigentes de Ferraz, el cisma socialista ya está en marcha y además es imparable. La «ruptura política, ideológica y afectiva» del partido en el poder, según el ex alcalde de A Coruña, Francisco Vázquez, se producirá más pronto que tarde.
