Un resumen de las intervenciones de Carmen Ibañez («Historia del liberalismo»), Carlos Entrena Palomero («El Acoso a la Justicia en España»), Juan E. Iranzo («Propiedad privada y vivienda»), Carlos Rodríguez Braun («Corrupción y suelo»), Bernardo Rabassa Asenjo («El Estado de las Autonomías y la libertad de expresión») y Juan Luis Mato («Intromisión en las libertades»).
1. Historia del liberalismo
Carmen Ibáñez (Vocal de la Junta Directiva)
El liberalismo nace en España con la Constitución de 1812, como una ideología que defiende los derechos del ciudadano, frente a la Autocracia feudal, la Monarquía absoluta, y los privilegios de la Iglesia. Lucha, y ha luchado, en el siglo XIX, en el XX, y ahora en el XXI, contra las arbitrariedades del poder.
Afirma la primacía de la razón sobre la tradición, apoyando, sobre todo, a las clases medias. Defiende el Régimen constitucional y la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial).
El liberalismo fue en España la izquierda del siglo XIX, hasta la República de 1931, y aunque tiene relación con las Escuelas liberales europeas, sobre todo británica y austríaca, tiene un desarrollo singular, basado en el Krausismo de la Institución Libre de Enseñanza, y de Ortega y Gasset, así como de Izquierda Republicana, aunque también hubo monárquicos liberales.
Transcurrido el largo periodo de la Dictadura, que hizo desaparecer al liberalismo de la vida social y política de los Españoles, salvo en el exilio, donde nos representó en forma insigne Don Salvador de Madariaga, creador de la Internacional Liberal desde Inglaterra, y de la Declaración Liberal de Oxford, de 1947.
En la Transición, los grupos liberales se reunieron en torno a Joaquín Garrigues Walker, Joaquín Satrústegui y Enrique Larroque, que acabaron fusionándose en una nueva fuerza, el Centro Democrático, que se transformó en UCD como partido único, cuando debería haber sido una federación de partidos (democristianos, socialdemócratas y liberales). Nombres ilustres fueron: Justino de Azcárate, Fernando Chueca Goitia, Antonio Garrigues Walker, y nuestro presidente, Bernardo Rabassa.
Como consecuencia de ello (partido único), surge la Federación de Clubs Liberales, impulsada por Joaquín y Antonio Garrigues Walker, que después de diversas vicisitudes, se transforma en el Partido Reformista y en el CDS (hoy desaparecidos), cuyo presidente, Adolfo Suárez, fue también presidente de la Internacional Liberal. Subsisten, sin embargo, las Fundaciones: Foro Jovellanos, Salvador de Madariaga, Ortega y Gasset y Encuentros en la Libertad, y el CDL (Centro Democrático Liberal), como partido.
Ahora surge el Club Liberal Español, como heredero de la Federación, que decide, en su XXV Aniversario, presentarse al público, y con el Premio Internacional Friedrich August von Hayek, que se otorga cada año a una personalidad destacada por su proyección nacional e internacional, en colaboración con los Clubs 1812 de Cádiz, El Sitio de Bilbao, y los Clubs Liberales de Alicante y Málaga.
No olvidamos, sin embargo, a los grandes liberales españoles, cuya historia reivindicamos: Jovellanos, el Duque de Rivas, Sagasta, Ortega y Gasset, Manuel Azaña, Justino de Azcárate, Salvador de Madariaga, Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Julián Marías, Trías Fargas, y a los todavía entre nosotros: Antonio Fontán, Antonio Jiménez Blanco, etc.
El Club Liberal Español se distancia de la doctrina neocapitalista de Chicago (Milton Friedman), que es exclusivamente economicista, mientras que el liberalismo lo debe ser también en lo social, en lo personal y en lo cultural.
2. El Acoso a la Justicia en España
Carlos Entrena Palomero (Vicepresidente de la Junta Directiva. Presidente de la Fundación Foro Encuentro en la Libertad)
La Justicia en la España de 2.007 pasa por malos momentos.
Hay grupos políticos que están agrediendo a la Justicia de forma grave mediante dos clases de presiones:
PRIMERA. La presión a la institución en donde radica el poder judicial, es decir, al Consejo General del Poder Judicial.
SEGUNDA. La presión directa a los jueces como personas físicas que deben juzgar ya en su jurisdicción unipersonal, ya en forma colegiada. Los jueces merecen el respeto que su función exige y no pueden ser tratados como súbditos sometidos a los mandatos del poder ejecutivo.
Los liberales, ciudadanos que creemos, defendemos y fomentamos el desarrollo de los valores democráticos, no podemos estar pasivos ante estos ataques a la justicia que acreditan síntomas peligrosos de recesión democrática. No podemos estar silenciosos y expresamos libremente, ante la sociedad civil española y los grupos políticos, que no nos gusta el acoso que sufren los jueces.
Los liberales creemos en la división de poderes y entendemos que los valores esenciales de la democracia, que son la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad están mejor protegidos por una organización judicial independiente y fuerte, no sometida ni utilizada por el poder ejecutivo. El poder judicial no puede depender del poder ejecutivo como hay intentos reiterados. Cuanto más independientes sean los miembros del Consejo General del Poder Judicial mejor podrán amparar y potenciar la independencia de los jueces – personas físicas – que imparten la función de garantía del Estado de Derecho. Cuanto mejores sean los medios personales y materiales de que disponga la administración de justicia más valorada estará nuestra democracia.
La sociedad española demanda una justicia fuerte e independiente porque el ciudadano no quiere perder las grandes conquistas conseguidas por vía democrática desde la transición política que culminó en la Constitución de 1978 en donde se recoge el principio de la tutela judicial efectiva.
Por ello, debemos denunciar la situación de acoso a la justicia, en el doble ámbito indicado y pedir, a los poderes políticos, ante la ciudadanía, que no utilicen el ámbito judicial ni a los jueces como herramienta para conseguir sus fines políticos y, mucho menos, presionarlos para que sentencien según sus deseos. Los objetivos políticos deben alcanzarlos los partidos políticos en el Parlamento a través de las elecciones.
El ciudadano pide justicia y el juez, un juez que debe ser independiente, objetivo y lo más sabio posible, imparte la justicia que será lo más acertada posible a criterio del juez, aunque la sentencia no sea acertada ni a gusto de alguna de las partes.
Tenemos que recordar en estas circunstancias a nuestro querido y admirado juez Federico C. Sainz de Robles que, desde su puesto de Presidente del Tribunal Supremo, luchó durante el proceso de elaboración de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.985 por el correcto desarrollo del artículo 122, apartado 3, de la Constitución Española. No es momento de replantear si la expresión constitucional sobre el nombramiento de los 12 miembros judiciales del Consejo, “entre” Jueces y Magistrados, debía entenderse como nombramiento “por” y “entre” Jueces y Magistrados, que ahora, tras la reforma de la Ley en 2.001 nombran las Cortes, a propuesta de las Asociaciones de Jueces y Magistrados; pero resulta, que el procedimiento de nombramiento de todos los miembros del Consejo no es el más pacífico ni objetivo ni lógico para ofrecer a la sociedad española el mejor órgano de Gobierno de los jueces. Los partidos políticos de España, grandes y pequeños, han conseguido que el Consejo General del Poder Judicial sea una réplica de las mayorías alternantes del Parlamento. A la vista de la experiencia vivida y de las acusaciones partidistas genéricas de falta de legitimación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial creemos que lo positivo es replantear la interpretación del artículo 122 de la Constitución Española, ó modificar este precepto para introducir nuevos factores que permitan cambiar el sistema de elección a la vista de la insatisfacción general.
Pero no acaban aquí los males. La extraña evolución del modelo de distribución de poder político territorial ha animado a los partidos nacionalistas a pretender insistentemente la conquista de parcelas de poder judicial para su Comunidad Autónoma; pero lo que vemos no es tranquilizador sino muy preocupante, que no es más que el deseo de asunción de competencias judiciales.
Esta pretendida y deseada fragmentación judicial, augura muy malos presagios. Recordemos las manifestaciones de grupos de ciudadanos ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para presionar a los jueces por el simple hecho de haber llamado a declarar al Presidente del Gobierno Vasco.
La igualdad de los ciudadanos ante la ley no puede ser exceptuada porque el privilegio es, singularmente, la demostración de la desigualdad.
Hechas estas denuncias, debemos recordar que la justicia es el elemento esencial de la seguridad jurídica. Hoy en día la seguridad jurídica es un factor de desarrollo de un país y es “medida” por índices elaborados por Institutos de Análisis internacionales que valoran la situación de legalidad, alegalidad ó ilegalidad de los Estados; y especialmente valoran el nivel de corrupción general o sumisión judicial a influencias políticas o de otro orden.
Los efectos de la inseguridad jurídica se extienden, como mancha de petróleo, desde la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones hasta la inestabilidad de las inversiones económicas. Hoy día el mundo está globalizado. Un Estado con insuficiente nivel de seguridad jurídica, no consigue atraer ni mantener las inversiones económicas. Creo que los partidos políticos españoles deben levantar la vista y ver el mundo globalizado actual, porque los inversores evalúan a cada Estado, entre otros factores, por su nivel de seguridad jurídica, y
eficaz administración de justicia. Si no hay seguridad jurídica no hay inversiones, e incluso puede provocar la huida de capitales. Es mejor no recordar los ataques recientes a la propiedad privada en Barcelona mediante ocupación ilegal de viviendas.
En consecuencia, la seguridad jurídica no es sólo una cuestión puramente formal; repercute en el nivel de libertades políticas, en el nivel económico de un país y en el bienestar de la sociedad civil.
La justicia es un bien para todos y da confianza a los ciudadanos, unos jueces y tribunales que no sean independientes de los manejos políticos son el anuncio de la degradación democrática, es decir, son el anuncio de una situación política que resbala hacia la dictadura. Los liberales no podemos permanecer en silencio, denunciamos estos ataques reiterados a la justicia en España y confiamos en un cambio de rumbo que nos permita vivir un futuro en libertad cimentado en una justicia de calidad y una imprescindible administración de justicia independiente.
La justicia es un valor democrático esencial que garantiza el ejercicio de las libertades.
3. Propiedad privada y vivienda
Juan E. Iranzo (Vicepresidente de la Junta Directiva. Presidente del Instituto de Estudios Económicos)
La vivienda es uno de los principales motores de la economía, y hay que denunciar la ingerencia de los poderes del Estado (Autonómicos y Estatales), que restringen, como sistema de financiación, la recalificación del suelo para los Ayuntamientos o para sus gestores (corrupción y prevaricación), que encarece la vivienda y crean un mercado artificial, dado que se presta a interacciones discrecionales.
Asimismo, la intervención potencial del Estado en el mercado del alquiler, puede constituir una forma de expropiación y ataque a la propiedad privada (pisos llamados vacíos), además del IBI, y del Impuesto sobre el Patrimonio, que penaliza al ahorrador e inversor.
4. Corrupción y suelo
Carlos Rodríguez Braun (Vicepresidente de la Junta Directiva. Catedrático de Historia del Pensamiento Económico)
El liberalismo siempre ha prestado atención a la corrupción, y la ha visto como consecuencia del intervencionismo: por eso decía Lord Acton que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. En el caso del suelo, es en realidad incorrecto hablar de “mercado”, porque es tan extenso y profundo el intervencionismo que podría hablarse, en efecto, de un poder absoluto sobre el suelo.
Esa es la fuente de la corrupción. Si a eso añadimos que el suelo sirve como mecanismo de financiación “indoloro” de los Ayuntamientos (en el sentido de que permite evitar el cobro de impuestos explícitos), se comprende aún mejor la historia de la corrupción en nuestro país. La solución debe pasar por un intervencionismo menor, y no por medidas que sólo subrayen la transparencia o que aumenten los impuestos.
5. El Estado de las Autonomías y la libertad de expresión
Bernardo Rabassa Asenjo (Presidente de la Junta Directiva. Sociólogo)
Los liberales estamos en contra particularmente de los nacionalismos, como han surgido en España, y específicamente del Vasco, por su carácter violento, y el de Cataluña, por la imposición de un sistema lingüístico, la forma de entender y conocer la historia de España, y el continuo enfrentamiento y búsqueda de competencias de las Autonomías, que han dejado al Estado desnudo, decidiendo sólo sobre un 19% del presupuesto. No se está en contra de las Autonomías, por el contrario, pero sí el que se lleven distintas velocidades, económicas, sociales, o del pensamiento, según la actividad de los distintos gobiernos regionales.
Somos partidarios de la diversidad, pero todos los ciudadanos deben ser iguales ante la Ley, y los recursos sociales deben ser equitativos, sin olvidar la necesaria solidaridad interterritorial, que hoy se pretende limitar con falsas trabas fiscales, pues los territorios no tienen un balance fiscal, sino que son los individuos los que deben ser iguales ante la Hacienda Pública y contribuir según sus medios a la solidaridad nacional (Seguridad Social, Sanidad, Ley de Dependencia, etc.).
Los medios de comunicación, agrupados por motivos económicos y políticos, en general, son correas de transmisión de los partidos políticos, quienes utilizan sobre todo las televisiones, estatales o autonómicas, de titularidad pública, para el autobombo y su propaganda.
La falta de interés por los Estatutos, que los españoles creen que es un problema de sus políticos, ha sido la progresiva abstención de voto de los distintos Estatutos que han acabado, como el andaluz, con menos del 40% de participación.
Los partidos políticos, finalmente, se han apropiado del sistema financiero de las Cajas de Ahorro, y su falta de democracia interna se refleja en las políticas autoritarias que anulan los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente por la Ley Electoral (Sistema D’Hondt), que hace profundamente desiguales a los españoles, y ha permitido que el peso de la territorialidad prime sobre los intereses generales.
6. Intromisión en las libertades
Juan Luis Mato (Vicepresidente de la Junta Directiva. Expresidente de la Cámara de Comercio de Madrid)
La prohibición de fumar, la estrategia NAOS, contra las hamburguesas XXL, y la futura ley del alcohol, demuestran la intromisión del Estado en los derechos de los ciudadanos, disfrazada de defensa de la juventud, pero que ha transformado en niños a los ciudadanos, como ocurre con la nueva legislación de Tráfico (carnet por puntos) y todo lo que se anuncia, por ejemplo, en el Estatuto de Cataluña, que incluye, asimismo, la intervención del Estado en el ocio de los ciudadanos.
Este Estado protector, paternalista, nos está llevando a perder las libertades concretas, a la vez que, con su actuación, distorsiona la libertad económica, con evidente preocupación para las Empresas o sectores económicos afectados.
Fundamentalmente, y por encima de nuestro Estado, está la normativa de la Unión Europea que, si de una parte protege nuestras libertades y derechos, de otra, su burocratismo es un óbice para que seamos seres libres.
Finalmente, el crecimiento, en busca de la seguridad pública, de sistemas electrónicos de vigilancia y control, contribuyen a la intromisión inadmisible en la PRIVACIDAD. Nos referimos al control de los teléfonos, sobre todo móviles, cámaras de vigilancia en calles y empresas públicas, cuando no en las privadas, nos dibujan un mundo que cada vez se parece más al de Orwell, donde la libertad individual desaparecía, por obra y gracia del Estado Leviatán, proteccionista y paternalista, abocados al “borreguismo”, aceptado inmensamente por la mayoría de la población española, falta de interés por el riesgo, sobre todo empresarial, y el deseo de ser todos funcionarios, con pagas fijas y servicios asistenciales.
CONCLUSIÓN: El ser humano, para ser libre en la sociedad del siglo XXI, debe considerarse único e irrepetible, y alcanzar por sus propios méritos las cotas sociales, económicas y culturales por las que sienta vocación. La diversidad es nuestra divisa, eso sí, con incentivos que la sociedad civil o el Estado puedan establecer, pero no sólo económicos, sino también culturales y sociales, para que supere los umbrales mínimos de la pobreza, pero no sólo económica, sino también cultural y social, y no a través de proteccionismo y subvenciones, que distorsionan el libre juego de los esfuerzos económicos, sociales y culturales, que los individuos, las empresas y las instituciones, o asociaciones, se fijan como meta.
Siempre garantizando a quienes por cualquier razón están discapacitados (física, mental, o culturalmente) los mínimos de calidad de vida y estándares de una sociedad moderna y democrática.
Madrid, 15 de febrero de 2007. Asociación de la Prensa de Madrid
