Como continuación al repaso de las muchas actuaciones inconstitucionales que se vienen dando precisamente desde los poderes del Estado, hoy quiero referirme al artº 3 de la Constitución de 1978 que dice:
1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2.- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos.
3.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.
Pues bien, en este ligero análisis comparativo entre ambos partidos, vemos como tanto uno como el otro han hecho caso omiso del precepto constitucional que -todo hay que decirlo- tiene una redacción bastante desafortunada al intentar contentar a todos. Al final no se contenta a ninguno, tal como avisaba Woody Allen: “El secreto del fracaso es intentar contentar a todos a la vez”.
Así el epígrafe 1 del artículo prioriza el “castellano” como “lengua española oficial del Estado que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar” (salvo que la lengua de España es el “español” como la lengua de Italia es el italiano, la lengua de Francia es el francés o el inglés es la lengua de Inglaterra, el sueco de Suecia, etc.etc.). Por lo demás está claro como el agua que ninguna norma administrativa puede impedir, prohibir o poner trabas al uso del “castellano” en todo el territorio español y en sus instituciones, por lo que constitucionalmente ningún estatuto de autonomía tiene legitimidad para alterar este principio básico de convivencia; menos aún leyes o normas inferiores.
La pregunta es muy simple: ¿porqué tanto el PSOE como el PP han cedido a las presiones nacionalistas, separatistas o independentistas? Con ello, tanto un partido como el otro han estado vulnerando la Constitución Española, pero los demás órganos y cuerpos del Estado lo han consentido. En el juego de lealtades han preferido obedecer al que vulnera la Constitución del Estado del que dependen, antes que enfrentarse a tal vulneración. Quizás haya contribuido a ello el hecho de que tales normas contaran con la sanción y la promulgación correspondiente desde la propia jefatura del Estado “símbolo de su unidad y permanencia” (artº 56.1. C.E.”). En los dos casos PSOE y PP se declaran “constitucionalistas”, lo que resulta paradójico a la vista de los hechos de ambos partidos en CC.AA. donde han gobernado en cuanto a la marginación del idioma oficial del Estado (Galicia, Baleares, etc.).
El epígrafe 2 del artº 3 incluye a las “demás lenguas españolas como oficiales en las respectivas CC.AA. de acuerdo con sus estatutos”. Olvidaron los “padres” de la Constitución que, en la fecha en que se aprobó la misma, no existían tales comunidades autónomas, sino sólo una puerta abierta en el artº 143 al “ejercicio del derecho a la autonomía por iniciativa de las diputaciones provinciales interesadas” . Es decir, se legisla prematuramente sobre algo que depende de voluntades ajenas, aplicando “oficialidad” a un concepto tan ambiguo como “las demás lenguas españolas” ¿Cuales en concreto?
Posiblemente habría que saber si por alguna razón la Constitución no es aplicable a quienes no se consideran “españoles” a pesar de serlo formalmente, a pesar de ser el propio Estado Español el que les permite ser cargos en instituciones españolas de donde extraen sus retribuciones y privilegios. Estar y ser cómo, cuando, donde y según les conviene solamente, sin que nadie les cese por perjurio (en el caso de haber jurado la Constitución) o por ilegitimidad en el caso de haber hecho burla de la misma con fórmulas estrambóticas. Nuevamente la complicidad más o menos clara de los variados cuerpos del Estado, tiende a contentar a los que dicen mandar en el mismo aceptando -cuando no aplaudiendo incluso- actos inconstitucionales.
La “oficialidad” de las lenguas en los estatutos de autonomía, en todo caso sería complementaria al “castellano” o “español” cuyo predominio constitucional e institucional queda totalmente definido en la Constitución. Es lógico por otra parte que, como dice el epígrafe 3 del artículo que analizamos: “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España sea protegida y respetada como patrimonio cultural”. No sólo eso, sino profundizar en ellas para conocerlas en su realidad histórica y social (en algunos casos inexistente).
¿Cual es la posición que PSOE y PP deberían haber mantenido para defender algo tan constitucional como la lengua oficial del Estado? Muy simple: no haber cedido un ápice en mantener esa oficialidad en todos y cada uno de los territorios de España, que pertenecen a la nación española y que viven de los servicios del estado español. En lugar de eso han trapicheado interesadamente con el patrimonio común de la soberanía nacional, facilitando más o menos claramente su segregación del resto de España, con algo tan importante para la convivencia nacional como la lengua común.
Que una cosa tan constitucionalmente clara todavía se discuta en acuerdos electorales por parte de ambos partidos, parece mostrar que estamos en otros tiempos y que la Constitución del 78 sólo sirve como reliquia histórica de lo que se llamó Transición. Ahora somos todos “globalistas” con una lengua oficiosamente impuesta. Y lo consideramos “progreso”… Entonces ¿no estaríamos ante una clara regresión con la imposición de lenguas que ya están o son ajenas al mundo global?
