Hemos entrado en una nueva dimensión en la forma y las maneras de interpretar lo que hasta ahora conocíamos como «la política» cuya función no era otra que la de ofrecer según la ideología de los partidos, soluciones a los problemas para ejercer la política.
Ahora se han cambiado las ideologías y los programas políticos por «El Código Penal» como arma política. La inmediata reflexión es: ¿Están los jueces preparados para dejar sus credenciales e ideología fuera de las salas de juicio? ¿Hasta qué punto nuestra judicatura es capaz de ser imparcial, de resolver las cuestiones sin tomar partido ni dejarse influir por sus propios intereses? ¿Somos conscientes del riesgo adquirido al dejarnos llevar por esta corriente que han emprendido unos personajes cargados de intereses? ¿carentes de los mínimos valores, sin creencias democráticas y faltos de argumentos políticos de peso para conquistar la cima del poder?
En su ansiedad por disfrutar de notoriedad y escalar puestos y la importancia y necesidad política de llegar al poder les está llevando a minar gravemente la eficiencia judicial y están destruyendo uno de los pilares fundamentales del estado de derecho: La autonomía judicial es uno de los pilares indispensables en cualquier democracia. Los jueces y La justicia deben mantenerse alejados de trasvasar la línea que separa el escenario jurídico del político. Si algo define un Estado de derecho desde la perspectiva de quienes ejercen las distintas funciones públicas es la limitación competencial. Hace ya algún tiempo escribí un artículo que titule «La Judicialización de la política»; en el que hacia una reflexión y quizás estaba anticipando como los partidos políticos y los lideres que los representan, ante una alarmante falta de recursos y una incapacidad manifiesta para convencer y conquistar el voto a través de propuestas y proyectos consistentes, se dedican a intentar derrotarse, a destruirse con artimañas y acusaciones vulgares; hoy el tema ha cambiado, el objetivo con el que nos encontramos cada día es el de derrotar, o mejor dicho eliminar, al oponente con situaciones en las que se acusa a una persona sin contar con pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad. No descubrimos nada nuevo al afirmar que existe una excesiva instrumentalización de la Justicia en nuestro país, sobre todo en los últimos años (y en concreto de los órganos judiciales del orden penal) por parte de los partidos políticos, organizaciones sindicales y asociaciones que utilizan con descaro el proceso penal para desacreditar al adversario por el mero hecho de hacerle aparecer como sospechoso de un hecho delictivo.
En la mayoría de los casos son acusaciones sin fundamentos sólidos. Los límites en el proceso penal son las restricciones y regulaciones que se establecen para garantizar un juicio justo y equitativo. Estos límites están diseñados para proteger los derechos fundamentales de los acusados y evitar abusos por parte de las autoridades judiciales y fiscales. Uno de los límites más importantes es la prohibición de acusar sin pruebas suficientes. Esto significa que no se puede presentar una acusación formal en contra de una persona sin contar con evidencia que respalde dicha acusación. Este principio, conocido como «principio de culpabilidad», es fundamental en cualquier sistema penal democrático y se basa en el principio de presunción de inocencia.
Actualmente, tanto partidos como asesores, lideres y portavoces tienen encomendada una estrategia tremendamente peligrosa y vil, emplear todo tipo de acciones vejatorias contra el oponente de turno, da igual la veracidad y consistencia de las pruebas, el objetivo principal de estas denuncias es descalificar y humillar a todo aquel que se les ponga en su camino para llegar al poder; todo vale, para que perder el tiempo en confeccionar proyectos y programas creíbles si con este «innovador y eficaz sistema» se quitan de en medio a cualquier competidor.
Desafortunadamente vemos con cierta consternación como algunos jueces han entrado en tan peligroso juego, se ha desatado la locura colectiva, estamos llenando los juzgados de material inconsistente de dudosa autenticidad y veracidad. La estrategia es clara: ¡¡¡Fuera debates!!!, ¡¡¡fuera programas y proyectos!!!, ¡¡¡que lo resuelvan los Jueces en los juzgados!!!; ahora parece que los partidos y políticos que votamos para que nos representen han decidido que la verdadera lucha por el poder está en los juzgados, para lo cual se apoyan en jueces y fiscales de su cuerda.
Es este un tema de suma gravedad. ¿somos conscientes de que estamos colaborando a una velocidad vertiginosa a la liquidación del Estado de Derecho, a la degradación, si no lo hemos ya, del sistema democrático? Estamos renegando de esa democracia de la que tanto hemos presumido haber conseguido ejemplarmente ante el mundo mundial. Nos hemos dejado arrastrar por un camino alocado en el que nos préstamos a colaborar, de una forma frívola e irresponsable, en la propagación y difusión de noticias tendenciosas, cargadas de dinamita, de bulos y fake news cuyo fin no es otro que el conseguir el desconcierto y el enfrentamiento entre semejantes; es este tema lo suficiente importante como para que debamos repensarlo debidamente.
Uno de los factores que alimentan la polarización y la crispación política intensa que vivimos proviene de una estrategia ya conocida en otros tiempos por sectores totalitarios, extremistas y radicales para hacer uso de acciones judiciales de forma claramente abusiva. La estrategia consiste en fabricar bulos con acusaciones falsas contra políticos, periodistas o activistas sociales y culturales contrarios a sus ideales e intereses, estrategias que producen efectos perversos sobre la actividad y la fama de sus víctimas, y que intentan rematar posteriormente multiplicando y activando un acoso judicial irregular y abusivo. Esta estrategia del bulo y las acciones judiciales abusivas deteriora la calidad de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Debemos tomar conciencia del riesgo que esta situación conlleva. Nos jugamos mucho en ello.
El fin que se persigue no es otro que el de destruir o cuando menos amedrentar a los adversarios políticos, mediáticos y sociales y, como no, al pueblo en general. Esta estrategia del bulo y las acciones judiciales abusivas deterioran la calidad de nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Los tribunales no pueden ser un escenario para dar voz a alguien que no tiene nada que decir. Si no hay pruebas, habrá que poner límites, es este un asunto que nos debe llevar a tomar conciencia de la gravedad de este y no llevarnos a mirar para otro lado. Nos va mucho en ello. Nuestros derechos y nuestras libertades están seriamente amenazados una vez más.
No deja de sorprender que personas que están acusadas, con privación de su libertad, por delitos de fraude contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, obtengan la libertad condicional inmediata a cambio de ofrecerse a colaborar denunciando casos de corrupción de otros sin presentar pruebas concluyentes que sustenten las mismas. Resulta peligroso que la justicia entre en este juego sucio y se deje llevar. Y que decir ya de lo grotesco que resulta ver como los juzgados se estén convirtiendo en platos de los medios de comunicación al servicio del poder político. ¿A dónde nos conduce esta nueva manera de hacer política y de practicar justicia? ¿no estamos pisando un terreno muy resbaladizo y peligroso?
Esto es un caso inaudito en la jurisprudencia española hasta ahora. lo que en cualquier caso hubiera sido un simple trámite para su rechazo por la vía juridicial, ¡he aquí la sorpresa!, ha sido esta una acción política se ha visto alentada y apoyada peligrosa y sorprendentemente por la colaboración de algunos jueces que parece ser han decidido hacer política y colaborar con los partidos en la vida política. Hemos pasado de los grandes proyectos políticos y de los grandes debates parlamentarios donde los representantes de los diferentes partidos debatían la viabilidad o las contrapartidas que cada cual ofrecía según su ideario político, a comenzar cada día con noticias a las puertas de los juzgados donde se nos informa de las demandas interpuestas por sospechas e irregularidades, veraces o inventadas, con tal de desprestigiar y sembrar de dudas la honorabilidad de cualquier personaje público con el único objetivo de borrarlo del mapa político. Es lamentable que solo se busque conseguir desgastar y aniquilar a la oposición a través de este sucio y peligroso juego en vez de tener la capacidad, la preparación y la buena voluntad para lograr los acuerdos necesarios que lleven a la implantación de políticas que permitan evolucionar al país adecuadamente.
Es esta una situación que podría llevarnos a preguntarnos seriamente si es posible que ante la enemistad o el odio hacia algún competidor, vecino o incomodo amigo podamos. para destruirlo, presentarnos en un juzgado y alegar sin la más mínima prueba o como mucho con un papel burdamente escrito a mano y con una letra casi ilegible para acusarle e implicarle de haber traficado con drogas, de haber robado en su trabajo o acusarle de haber cometido algún que otro delito. ¿Sería este motivo suficiente para que automáticamente un juez habrá diligencias implicando, investigando y poniendo en marcha todos los mecanismos policiales en contra de una persona y, más aún, que todo se haga público y con los medios de comunicación y TV participando activamente en todo el proceso? Hay que resaltar también el lamentable y sucio papel que está jugando la prensa mediática, un papel que es de todo menos de información seria, veraz y contrastada, están dejando bien a las claras la dedicación que profesan estos medios por su ideología e intereses hacia algunos grupos, sus lideres y jefes.
Es preocupante el camino por el que la justicia ha decidido transitar, el prestigio y el respeto que todos profesábamos por este colectivo y por la imagen que se tenía sobre su independencia y la importancia que tenía para que se mantuviera un respeto a la moral, el orden y a los cumplimientos de los valores que deben ser respetados en un estado de derecho están haciendo con sus últimas actuaciones que empiecen a tambalearse estrepitosamente.
