Una vez más, como a comienzos de la década de los 90 y gobernando también el PSOE, se vuelve a agitar el fantasma de la quiebra del sistema de pensiones. Solo que esta vez la amenaza parece más real.
La entrada cada vez más tardía de los jóvenes a la población activa y su salida más temprana por prejubilación y paro, junto al incremento de la esperanza de vida en España, conducen a una situación preocupante. En 1960 la entrada a la población activa se producía alrededor de los 20 años, la salida se producía entre los 60 y 65 años, y la esperanza de vida media era de 67 años. Actualmente, la entrada a la población activa se ha retrasado a los 30 años, y la salida por paro de larga duración o prejubilación se produce alrededor de los 55 años, cuando la esperanza de vida es de 80 años. En otras palabras, antes se cotizaba a la Seguridad Social durante 40 años en una vida media de 67, y ahora se cotiza durante 25-30 años en una vida media de 80 años. No hacen falta muchas más explicaciones. Salvo que los jóvenes actuales, aunque no quiebre la Seguridad Social, tendrán muchas dificultades para cobrar el 100% de su pensión, pues pocos habrán cotizado los 35 años que establece la legislación, y que este Gobierno piensa elevar hasta 40 años. Por ello, debe suprimirse la jubilación obligatoria y se debe estimular la prolongación del trabajo mucho más allá de la actual edad de jubilación, puesto que de esa manera aumentará la creación de riqueza nacional y disminuirá el coste del pago de pensiones.
España ha sido un país en el que se ha practicado el pluriempleo y el empleo sin contrato legal, en la economía sumergida. Esta modalidad de empleo tiene la ventaja de suavizar las consecuencias del paro, pero la desventaja de que el trabajador no paga sus cotizaciones a la Seguridad Social ni paga impuestos, y que el empleador tampoco cotiza a la Seguridad Social. El resultado es que las arcas de la Seguridad Social reducen mucho sus ingresos, y se nutren solo de los que no pueden eludir el pago de las cotizaciones. Eso explica que las cotizaciones que se pagan en España sean superiores a las que se pagan en los países de la Unión Europea. Otra desventaja para el trabajador es que al no haber cotizado no adquiere el derecho a cobrar una pensión de jubilación y a la atención sanitaria y a otras prestaciones sociales. El actual Ministro de Trabajo cifró en un 20% del PIB la economía sumergida en España, y aunque fue obligado a retractarse por otros miembros de su Gobierno, la cifra es la estimada por los expertos en economía.
Algunos gobiernos han utilizado los fondos de la Seguridad Social para aumentar el gasto social más allá de lo razonable, concediendo subsidios y subvenciones por razones clientelistas, sobre todo para captar votos en las elecciones, como con frecuencia se ha criticado respecto al PER en Andalucía, Extremadura y alguna otra Comunidad. Algo parecido ha sido denunciado en relación con las prestaciones por razón de dependencia y con muchas otras subvenciones que se cuelgan indebidamente de las arcas de la Seguridad Social.
Debería suprimirse la pre-jubilación obligatoria, y sobre todo la “generosa” ayuda del gobierno a las empresas (con el dinero de los ciudadanos que cotizan), cargando a la Seguridad Social las prestaciones que correspondería pagar a las empresas cuando deciden jubilar anticipadamente a sus trabajadores a los 50 o a los 45 años. Y, de igual manera, el “generoso” trato que da la Seguridad Social a grandes corporaciones cuando se retrasan o no ingresan las cuotas de sus miles o cientos de trabajadores, un trato que rara vez se concede a las pequeñas y medianas empresas o a los autónomos.
No puede dejar de hacerse referencia, en estos momentos, a los inmigrantes “sin papeles”. El buenismo que caracteriza a la clase política al declarar que todos los inmigrantes deben ser empadronados para tener derecho a la asistencia sanitaria y la enseñanza para sus hijos de forma gratuita esconde hipócritamente su rechazo a que toda persona que consigue un empleo lo tenga de forma legal. Debería obligarse a que todo inmigrante, con o sin papeles, que encuentre empleo, lo tenga de forma legal, de manera que el empleador y el trabajador coticen a la Seguridad Social y paguen impuestos, como todos los españoles que trabajan, y que como ellos tengan derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Y el gobierno, a través de la Inspección de Trabajo, debería sancionar de forma ejemplar a todo empleador que tenga trabajando a alguien sin contrato legal. De esa manera no será necesario el buenismo, pues el inmigrante sin papeles tendrá derecho a la asistencia sanitaria y a todas las prestaciones de la Seguridad Social, como cualquier trabajador español. Hay que acabar ya con la mala práctica de proporcionar mano de obra barata a ciertos sectores empresariales, al tiempo que se les ahorra las obligadas cotizaciones a la Seguridad Social. En otras palabras, hay que eliminar el permiso de trabajo y reforzar el control de entrada y en su caso expulsión de los inmigrantes que no tengan residencia legal.
Finalmente, el Gobierno ha cometido el error de proponer un retraso en la edad de jubilación, sin tener en cuenta que la opinión pública y los expertos rechazan cualquier edad de jubilación obligatoria, porque lo que quieren unos y otros es jubilación voluntaria a cualquier edad, y pensiones basadas en el tiempo de cotización (excepto las no-contributivas, por supuesto).
Juan Díez Nicolás
Catedrático Emérito de la UCM y miembro del Foro de la Sociedad Civil
