España entera está pendiente de la cuenta atrás de Pedro Sánchez para conocer el resultado de su insólita reflexión. Cuando creíamos haber visto y oído todo en la política española, un presidente del Gobierno amenaza con dimitir en plena democracia mientras su partido le organiza un plebiscito nacional para neutralizar la ‘campaña de acoso’ de la derecha. A diferencia de los baños de masas del Generalísimo, el desagravio institucional no se produce hoy contra el contubernio de la pérfida Europa, sino para combatir la execrable “fachosfera política, mediática y judicial” que acosa al gobierno.
Es cierto que en política no todo vale, pero desde que el fugaz Pablo Iglesias rescató el jarabe democrático para los representantes públicos -que llegó a recibir en persona-, la ira popular se revuelve contra los comportamientos poco éticos de nuestros gobernantes entre los que pagan justos por pecadores.
Órdago plebiscitario
El presidente del Gobierno que decidió amnistiar al independentismo, afrentar la Constitución y dividir España, vuelve a echar un órdago a la democracia tras situarse por encima de las instituciones, dinamitar a Montesquieu y hasta demonizar los medios de comunicación.
Pedro Sánchez hace tiempo que decidió su reencarnación personal enlos prohombres de la historia, e incluso en el Rey Sol, convencido también de que el Estado es él y además le pertenece. Mientras deshoja la margarita y medita una dimisión no comunicada ni a su entorno más próximo, el jefe del Ejecutivo paraliza el Estado con una nueva decisión sin precedentes en cualquier democracia. Ello tras el “acoso” y la apertura de diligencias contra su esposa por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia del sindicato Manos Limpias vincula a Begoña Gómez con el empresario Carlos Barrabés, que obtuvo contratos de la Administración por valor de 10 millones de euros en 2020 y 2021.
Las actividades de la mujer del presidente se han puesto en cuestión también por su relación con el Grupo Globalia, patrocinador de su carrera, que obtuvo del Gobierno el aval para rescatar a la aerolínea, Air Europa, con más de 600 millones de fondos públicos. Mientras tanto, la Fiscalía pide archivar las diligencias abiertas por el juzgado 21 de Madridapenas 24 horas después de la apertura de caso.
A las barricadas
El gobierno y el partido que lo sustenta ordenan una movilización general comandada por Zapatero e Iceta, también por su portavoz parlamentario, Patxi López, al grito de “no pasarán” del ministro Bolaños para neutralizar el “pulso de la jauría extremista” o para “resistir ante la «destrucción sistemática del adversario» como propone Illa. El asturiano Adrián Barbón, recuerda que Sánchez ya dimitió dos veces, mientras sugiere una «reflexión colectiva» sobre el actual clima político. Hasta el dirigente de Bildu, Otegi defiende a su aliado de legislatura, criticando que se intente convertirlo en “un felón y un traidor que pacta con gentes de todo tipo”, en alusión al independentismo.
Feijóo acusa al jefe del Ejecutivo de “secuestrar a la Nación” para ponerla al servicio de la estrategia electoral y judicial del PSOE, convencido de que es una operación de supervivencia política para “gobernar por compasión”. Su portavoz en el Congreso le pide dar explicaciones de los negocios de su pareja convencido de que lo que pretende es «polarizar a la sociedad” y buscar la adhesión a su proyecto.
Renuncia, elecciones, moción de confianza… o Europa
Las tres alternativas que puede adoptar el presidente del Gobierno -renunciar al cargo, someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones- deberán tener en cuenta, o sopesar al menos, la profunda polarización política y el hartazgo de una ciudadanía cada vez más hastiada con su clase dirigente. De convocasen elecciones en mayo -un año después de los comicios del 23-J, estaría en riesgo la amnistía al independentismo que debate aún el Senado para ser refrendada finalmente por el Congreso. De materializase esta opción, la norma decaería de manera automática, igual que el resto de leyes en tramitación.
En el caso de que Sánchez dimita -y llegase a superar su ego superlativo- deberá mantenerse como presidente en funciones hasta presentar un candidato alternativo a una nueva investidura, que sería propuesto por el rey Felipe VI después de la preceptiva una ronda de consultas, tal y como dispone la Constitución. Este deberá recibir el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso en primera votación o más síes que noes en segunda. El nuevo presidente electo podría mantenerse durante los próximos tres años hasta agotar la legislatura. Esta opción sería viable si los socios de la investidura del pasado noviembre (Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG) apoyan al nuevo candidato.
La cuestión de confianza permitiría la continuidad de Sánchez en caso de superarla con el apoyo de sus socios de nuevo. Así, será el propio gobierno el que debe plantearla ante el Congreso, bien sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados.
A nadie se oculta que Sánchez es uno de los candidatos a presidir el Consejo de la UE, cuya decisión se tomará a finales de junio, tras las elecciones al Parlamento Europeo. El reparto de cargos en los organismos comunitarios mantendría la reelección de Von der Leyen (PPE) al frente de la todopoderosa Comisión, la renovación del alto representante de Política Exterior y del propio Consejo, donde los socialistas harán valer sus opciones como segunda fuerza de la cámara.
