Parte del abanico político español, especialmente el más exaltado, mueve fichas para fomentar que se instale en nuestro país un sentimiento de escepticismo hacia la Monarquía para provocar un retorno republicano en la Jefatura del Estado.
Algo coherente con su voluntad de ignorar los pactos constitutivos de nuestra Monarquía Parlamentaria con el argumento de que las nuevas generaciones no participaron en esos entendimientos de la Transición que establecieron la Constitución de 1978, la primera, según afirma una mayoría de especialistas, que es para todos y no partidista. En los países más democráticos que nos pueden servir de ejemplo se reforman las constituciones para adecuarlas a la realidad, pero no por motivos generacionales.
La Constitución española puede ser mejorada y adecuada a la transformación de la sociedad española que desde 1975, cuando murió el dictador en su cama de hospital, ha ido evolucionando hacia posturas democráticas y de mayor progreso que se reflejan en nuestra legislación, y así, esperemos, seguirá siendo.
Dos ejemplos de la voluntad de algunos de hacer tabla rasa de los delicados acuerdos que tras la dictadura han facilitado hasta ahora nuestra convivencia y progresión en paz de tal modo que España pueda situarse entre los países más democráticos y desarrollados del planeta, son el intento de romper el país por parte de independistas regionales a los que solo justifican ambiciones personales y aquella propaganda que presenta a nuestra Monarquía como un atraso político para ambicionar una República, pretensiones, ambas, que pueden combinarse ya que un cambio tan profundo en la Jefatura del Estado sería convulso y facilitaría los separatismos.
En realidad, nuestra Monarquía funciona bien y en beneficio de todos como lo demostraron Juan Carlos I contribuyendo a la restauración de la democracia en nuestro país y a desactivar un golpe de Estado en 1981 y Felipe VI al advertir en el otoño de 2017 que el orden constitucional se estaba subvirtiendo ilegalmente en Cataluña.
En Europa Occidental, viejas Monarquías como la nuestra realizan también con satisfacción las tareas que democráticamente tienen encomendadas en países donde prevalecen tanto la estabilidad constitucional como un desarrollo económico enmarcado en reglas socialmente tendentes hacia una mayor igualdad.
Un ariete contra la Monarquía española lo constituye la vida privada de Juan Carlos I que casi nadie respalda y que a pesar de su enorme contribución a nuestro sistema democrático le cuesta censura y extrañamiento, consideración y situación que, dadas sus excelentes contribuciones públicas a la Nación, posiblemente se vayan atemperando con el tiempo, muy especialmente si sabe en estas difíciles circunstancias actuales mantenerse en la discreción. El mejor servicio que puede rendir ahora a su país, uno más.
La Historia juzgará bien al actual Rey Emérito al tiempo que el comportamiento “profesional” y personal de Felipe VI ofrece la evidencia de que nuestra Monarquía funciona satisfactoriamente. Cuando miramos a nuestros parientes latinoamericanos constatamos que las fórmulas republicanas de Jefatura de Estado, de las que se dotaron al emanciparse de la Corona española, no son en muchos casos una panacea.
Por otra parte, como demuestra la realidad, la neutralidad política de las monarquías europeas ofrece un mayor marco temporal de estabilidad, incluso con las sucesiones generacionales, que los relevos republicanos, más politizados y frecuentes, facilitando la inserción de medidas de adecuación a la realidad y de progreso introducidas por sus diversos gobiernos democráticamente elegidos.
En cuanto a una reforma del Código Penal para disculpar a reos condenados por intentar romper la unidad nacional, pactada por todos en 1978 y promulgada por nuestra Constitución, constituye otra forma más de abordar equivocadamente nuestro futuro. Las necesarias conciliaciones en favor del entendimiento nacional no deben ser abordadas para suavizar situaciones personales de quienes no respetaron la ley que a otros se les exige que cumplan. Mejorar los instrumentos de defensa del orden constitucional requiere firmeza, con más motivo en ausencia de arrepentimiento.
