Uno de los personajes más abyectos de la era moderna, el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado hace treinta años por cohecho, estafa y malversación de fondos de la benemérita —tras huir incluso a Tailandia, lo que le costó el cargo al entonces ministro del Interior—, está a punto de ser superado por otro prófugo de la justicia, el expresidente de Generalitat, imputado también por malversación agravada y desobediencia durante el ‘procés’, además de actos indiciarios de terrorismo, por los que va a ser premiado por Pedro Sánchez con una ley de amnistía para «la normalización institucional, política y social de Cataluña«.
Jaque al secesionismo
A medida que el Parlamento ultima la medida de gracia para el secesionismo, la judicatura, los letrados de las cámaras y hasta una opinión publica mayoritaria, ponen en jaque el controvertido perdón que ya es rechazado por siete de cada diez ciudadanos (69%), frente a apenas tres que otorgan su aprobación (27,4%). Buena prueba de la preocupación del independentismo y sus impulsores sobre la evolución de los acontecimientos, son las propias encuestas que vaticinan una Cataluña sin mayoría secesionista para gobernar.
Tanto el benefactor, como su principal beneficiario, Sánchez y Puigdemont, comienzan a ser víctimas de su afrenta al estado y de las propias osadías personales tras la causas abiertas por el Tribunal Supremo para investigar al todavía parlamentario europeo y al diputado del Parlament, Rubén Wagensberg. Ambos ya han sido citados a declarar por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democràtic tras apreciar el «liderazgo absoluto» de la plataforma secesionista a la que el TC califica como grupo organizado para subvertir el orden constitucional. Hasta hoy, ya son ocho los imputados que han huido a Suiza por el riesgo de que la amnistía no evite su juicio.
Ante lo que la Sala Penal del TC considera como “desestabilización grave de las instituciones democráticas”, el expresidente de Cataluña teme que la apertura de la causa desemboque en una muerte política similar a la de Junqueras, inhabilitado para ejercer cargo público hasta 2031. El prófugo de Waterloo y hoy ‘refugiado’ en Francia, ya valora abandonar la política en caso de no ser elegido ‘president’ para no verse como «jefe de la oposición«, dispuesto a jugarse su futuro a ‘President o nada’, dejando incluso la “política activa”.
Los sondeos pronostican una debacle del independentismo, con apenas 60 escaños (31 de Junts y 29 de ERC), y subida del PSC (hasta 39), sin posibilidad de un gobierno soberanista salvo con el apoyo de la CUP o los Comunes, ambos con apenas 7 escaños, por lo que no se descarta otra repetición electoral.
Egolatría convulsiva
El inquilino de la Moncloa —obsesionado por pasar a la historia removiendo tumbas y tergiversando la Transición— vuelve por sus fueros proclamándose líder internacional en un mundo que gira a su alrededor, tras rendir pleitesía —con genuflexión incluida— al jeque saudí cómplice se descuartizar al periodista Yamal Khashoggi, redactor del Washington Post. Cuanta osadía de los impostores que se enfrentan a los muertos ya enterrados —por muy dictadores que fueran—, en lugar de asumir la excarcelación de violadores con leyes avaladas por su gobierno, laminar la sedición, indultar el independentismo o amnistiar a políticos corruptos transgresores de la ley, que chantajean al estado y se mofan una y otra vez de las instituciones. Recordaba el mordaz ex ministro Rubalcaba, lo «bien» que enterramos a los muertos en España. Desafortunadamente, no ha podido presenciar la miseria de quienes remueven el pasado en beneficio personal, se rodean de cadáveres ajenos y afrentan una y otra vez a la sociedad. Ni Felipe González, con trece años de mandato a sus espaldas, se atrevió a tanto para dejar una impronta cabal y pasar a la historia del siglo XX. Y mucho menos, sembrar el odio, la provocación y el desprecio de sus rivales políticos en las cuatro legislaturas en las que gobernó.
Moncloa ignora a Felipe VI
Como recuerda el colega García Romanillos, el presidente del Gobierno no despacha con el jefe del Estado desde hace dos años. Fue en agosto de 2022 cuando el jefe del Ejecutivo tuvo el ultimo despacho personal con el Rey, quien en los últimos quince meses ha visto limitados a siete sus viajes oficiales al extranjero. De los 22 ministros actuales, 15 de ellos tampoco han visitado nunca a Felipe VI, ni siquiera por cortesía tras su nombramiento, salvo para la obligatoria jura o promesa de la Constitución. De los siete viajes internacionales del monarca entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de abril de 2024, en los dos únicos con carácter de Estado, a Dinamarca y a Angola, estuvo el titular de Exteriores, José M. Albares.
No hace falta recordar que desde la restauración de la Democracia ha sido habitual que todos los presidentes despacharan de manera semanal con S.M. el Rey. Como tampoco es necesario. Que sepamos, la última respuesta del Gobierno sobre las audiencias del Rey con el presidente del Gobierno data de noviembre de 2020, en la que asegura que “los despachos se celebran con la periodicidad acordada entre ambas instituciones”. En tiempos convulsos, tanto para la política nacional como la exterior, no sería mucho pedir que el jefe del Ejecutivo trate con el Rey asuntos de Estado relevantes como la posición española en las instituciones europeas ante el escenario prebélico en Europa, el reconocimiento de un Estado Palestino en pleno conflicto armado con Israel, la estratégica relación con Marruecos o la abierta tensión entre los poderes del Estado.
Comisiones por doquier
Los dos partidos mayoritarios convierten las comisiones de investigación del caso Koldo en un campo de batalla -con hasta medio centenar de comparecencias políticas y técnicas- para acusar al rival de la corrupción y del amparo de cobro de comisiones. De momento, Psoe y PP no citan a declarar a sus respectivos líderes, Sánchez y Feijóo, ni tampoco a la mujer del presidente (Begoña Gómez) o el novio de Díaz Ayuso (Alberto González), aunque si deberá comparecer la propia presidenta de la Comunidad madrileña. Centro de todos los debates serán el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que deberán acudir tanto al Congreso como al Senado. Los populares reclaman también la presencia del ex CEO de Globalia, Javier Hidalgo, de las exministras Nadia Calviño y Reyes Maroto, y la titular actual de Seguridad Social, Elma Saiz, por su papel en las compras de mascarillas durante la pandemia. Entre el amplio listado de documentación requerido por el grupo mayoritario figura el expediente de concesión de ayudas, créditos y avales públicos a Air Europa, y «en especial aquellos que fueron parte del rescate de la compañía».
El artº 56 de la Constitución otorga al monarca la condición de Jefe de Estado con atribuciones específicas de «arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones». Esto es, de acuerdo con la propia Constitución (lo que de por sí es difícil por sus contradiciones) impedir y evitar actuaciones que vayan en contra de la propia Constitución.
Al sancionar leyes no existe obligación de hacerlo si son inconstitucionales y esto no corresponde sólo a las Cortes Generales y sus servicios jurídicos, sino en última instancia a la Jefatura del Estado.
El artº 62 la dota de atribuciones suficientes para llevar a cabo las tareas que le son asignadas.
Un saludo.