Fernando Savater, expulsado del diario El País y ciudadano de la “fachosfera” según progresistas de pata negra se inquieta viendo como en la autonomía vasca las fuerzas nacional-separatistas más que buscar el abandono de España, dice, lo que quieren es la salida de España de su territorio.
Es, sin embargo, el sino de los regionalismos políticos expresados en autonomías, una especie de federalismo (incompleto). El Estado central ha transferido muchas competencias a las autonomías lo que se puede entender como una retirada parcial del Estado de esos territorios.
Lo problemático es que las competencias estatales y autonómicas nunca fueron predeterminadas. Las estatales son la suma de algunas que son evidentes y de aquellas que aún retiene pero que podría ceder. Entre las evidentes están, por ejemplo, los asuntos exteriores y la defensa lo que no impide que las autonomías puedan tener actividades y algunas representaciones en el exterior.
Lo dramático para los Estados de la Unión Europea es que son estas competencias evidentes las que tendrán que ceder para construir el necesario y deseable Estado Federal Europeo y por eso se resisten. En un caso como el español hasta podría quizás significar la desaparición del Estado central víctima de la gravitación centrípeta europea y de la centrífuga autonómica.
La Hacienda suele ser competencia central, pero los privilegios forales, históricos, del País Vasco y Navarra le hurtan esa centralidad en España. En cuestión de impuestos, las demás autonomías tienen con su propio tramo un cierto margen de actuación y los separatistas catalanes quieren independizarse ya en materia de Hacienda.
Nada de esto es bueno o malo “per se”. El acercamiento de las administraciones a los administrados parece algo positivo en un país como España con medio millón de kilómetros cuadrados de orografía compleja y casi 48 millones de habitantes al permitir una mejor aplicación a las problemáticas regionales.
Puede ofrecer también efectos negativos que hay que evitar o remediar como, por ejemplo, si un residente en una autonomía no es atendido igual de bien en la sanidad de otra al estar la atención médica transferida específicamente a cada una de las autonomías. Los sueldos de los funcionarios autonómicos pueden ser diferentes entre autonomías y hasta superiores a los del Estado y la educación impartida asimétrica o sectariamente. Asimismo, la indeterminación “ab initio” de las competencias autonómicas ha permitido politizar negativamente sus transferencias.
Lo inquietante es como todo ello repercute en la relación de las autonomías con el Estado central, sobre todo cuando el nacional-separatismo lo transmuta en negación de España. Si se usa un idioma local para anular el vínculo común del español o sirve de instrumento para impedir que personas de fuera se asienten en esa autonomía o expulsar en términos prácticos a ciudadanos que no conforman con un localismo excluyente, una limpieza étnica, asistimos a la expulsión de España.
De este modo se crea una región que se va diferenciando del conjunto al que pertenece sin renunciar a su separatismo. Se crea un recinto de diferenciación que no requiere forzosamente una independencia. Se puede obtener así un cercado que se entiende como una independencia práctica sin los traumas de un proceso de secesión tanto en la autonomía como en el resto de España y la incomodidad de salir de la Unión Europea, de ingresar con otra identidad y periodos de espera en organismos internacionales o de cumplir directamente con obligaciones caras como la de defensa.
Un separatismo “blando”, menos traumático que salir del conjunto nacional y quizás más aceptable para el resto de los españoles que saben que los dos territorios más centrífugos en España nunca han sido independientes, pero que conseguirían así la diferenciación exclusiva a la que aspiran. ¿Es posible un compromiso sin atentar a la igualdad y otras premisas irrenunciables?
Según el constitucionalista Tomás de la Quadra el proceso legítimo de una eventual secesión en España (El País, 24/04/24) es el de, primero, una decisión autonómica de alterar la relación con el conjunto español (“cambiar el modelo de relación con el Estado” dice Otegui), seguido de un debate sin conclusión predeterminada en las Cortes y si estas aprueban la necesaria modificación de la Constitución, un referéndum nacional pues todo el pueblo es el titular de la soberanía. No se trata, pues, de un referéndum solo en la autonomía y al principio del proceso. Con esta explicación se antoja que no lo tienen claro ni los separatistas ni muchos de los que se les oponen y, también, que el separatismo “soft” parece una alternativa viable.
En estas, cuando caen chuzos de punta, “somos uno, Frankenstein, incluyendo a Bildu”, sería, resumidamente, el sentido de una respuesta de Sánchez en el Congreso de los Diputados este miércoles 24 al decir que “nueve de cada diez votos” en el País Vasco fueron a los partidos de su investidura. Pocos días antes de la cita electoral su partido cargaba contra Bildu por no reconocer que ETA era terrorista y ahora lo vuelve a acoger en su regazo.
Preocupante, como lo es también el inusual retiro de Sánchez para meditar durante cinco días. El Presidente americano Truman decía que “si no aguantas el calor, salte de la cocina”.
