Hace tiempo conversé con Rodolfo Martín Villa en un acto de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición (ADVT). Debo señalar para los lectores de El Mentor que los fines de la Fundación Emprendedores están vinculados a los de ADVT y por tanto se identifican con la Constitución de 1978, que culminó la etapa más difícil de la Transición. Nuestra charla versó sobre el acoso que sufría por parte de la jueza argentina María Servini, por sucesos acaecidos 40 años atrás.
Hagamos memoria: En enero de 1976 varios miles de trabajadores iniciaron una huelga en Vitoria, que degeneró en violencia de los piquetes, destrozando varios camiones de la empresa Forjas Alavesas, amén de muchos escaparates y tiendas. La llegada de la policía hizo que al menos tres mil obreros se refugiaran en una iglesia y se llevó a cabo el desalojo haciendo uso de gases lacrimógenos y fuego real. A resultas de ello se desató una auténtica batalla en la que la policía perdió el control y durante horas se temió que aquello terminase en masacre. Al final de la violenta jornada había dos trabajadores muertos y decenas de heridos, de los que tres murieron algunos días después. Gobernaba en ese tiempo Arias Navarro, que tenía como ministro de Gobernación a Manuel Fraga y como ministro de Relaciones Sindicales a Martín Villa. Las consecuencias inmediatas fueron varias huelgas en zonas industriales del País Vasco y Madrid.
Veamos el contexto: Franco había fallecido dos meses atrás; seguían prohibidos los derechos de reunión, manifestación y huelga; aún no estaban legalizados los sindicatos de clase. El dictador había muerto, pero no su régimen. No todos los que hacían la oposición querían transitar por un camino distinto a la violencia; en 1973 un antiguo miembro del PCE había fundado el llamado Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) que realizó varios atentados con el resultado de muerte de dos policías. Hubo que esperar hasta que el rey Juan Carlos hiciera dimitir a Arias Navarro, se nombrara presidente a Adolfo Suárez en julio de 1976 y Martín Villa, que le seguía como impulsor de la reforma política frente a la ruptura, fuera su ministro del Interior. Por su parte, Manuel Fraga, se dedicaría con ahínco a reconducir hacia la democracia a la derecha nostálgica, mientras Santiago Carrillo, preconizaba la reconciliación nacional. La Transición salió adelante, Felipe González llegó al poder en 1982 y hemos vivido la paz cívica más duradera de nuestra historia. Una decisión consensuada que quiso enterrar el odio que había dividido a los españoles fue la ley de Amnistía. Basta recordar algunos nombres de la comisión que la redactaron para reconocerlo: Marcelino Camacho (PCE), Xabier Arzallus (PNV) y Pablo Castellano (PSOE).
Los antecedentes descritos no tienen valor alguno para una jueza populista de izquierda, que se sirvió de una sentencia de 1996 en la que la Corte Internacional de Justicia reconocía el derecho de los estados a ejercer la justicia universal en casos de genocidio (hay que precisar que dicha sentencia juzgaba los crímenes de limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina). La jueza María Servini había iniciado el proceso contra él por genocidio y tal desatino me hizo decirle a Martín Villa que no veía razón lógica para la preocupación que sentía; ciertamente la jueza no se quedaba corta: decretaba prisión preventiva, así como diez millones de euros en concepto de fianza.
Esta historia, para cualquier observador racional y objetivo, podría figurar como caso singular en un museo de los horrores. La jueza Servini inició la causa en el año 2010 y ha escrito un documento acusatorio de 994 páginas, pero resultan ser valoraciones de carácter ideológico. Doce años después la Sala Penal de la República Argentina lo dice así en su resolución: “no hay prueba, ni directa, ni indirecta ni indicio alguno, de los delitos de lesa humanidad de los que es acusado”. Sin embargo, para completar esta increíble muestra de cuánto puede hacerse desde un poder arbitrario, la sentencia no cierra el caso, sino que con secreto sarcasmo porteño, el alto Tribunal acepta que la jueza Servini siga adelante con la querella, pero que profundice para encontrar pruebas de su acusación. Sospecho que con los 86 años que tiene, la Servini se mantiene activa por el débil sistema de pensiones argentino, que conozco bien por haber desarrollado allí una actividad empresarial durante tres años. El desvarío, por tanto, sigue tan presente como mi argumento: por pura higiene mental, Martín Villa debería ignorar un acoso que solo aplaude nuestro populismo de izquierdas; no en vano han encontrado acomodo en sus filas algunos compatriotas de la jueza.
Deseo dejar patente mi estima por la contribución del que fue ministro de UCD a consolidar nuestra democracia. Escribo desde Alcalá, la patria chica de Cervantes, y termino con un episodio del Quijote (2ª parte) en que Montesinos entona su lamentación por si no logra evitar el encantamiento que sufre. La respuesta que recibe es ¡paciencia y barajar! Rodolfo Martín Villa es un ejemplo de paciencia ante tamaño agravio y merece reconocimiento de quienes recordamos su limpia trayectoria política.
