La que fue vicepresidente del Gobierno, Carmen Calvo, dejó una frase para la pequeña historia que define la incultura cívica que tanto nos caracteriza: el dinero público no es de nadie. La frase en cuestión la pronunció siendo titular del Ministerio de Cultura con el presidente Rodríguez Zapatero, lo que añade otra evidencia de que la inanidad no supone ningún lastre para ascender en política con Pedro Sánchez.
Este preámbulo tiene como objetivo llamar la atención sobre el uso indebido, y sobre todo abusivo, de los impuestos que por uno u otro cauce gestionan las instituciones que actúan desde la política, sea en el Gobierno de España, de las Comunidades, los Ayuntamientos y los partidos políticos que están en el poder o en la oposición. En general el ojo crítico popular se centra en los casos de corrupción que, por otra parte, no han dejado de repetirse desde que un director de la Guardia Civil y un director del Banco de España, se convirtieron en ejemplo de lo que las buenas gentes llaman ‘el colmo’.
Dejemos fuera de análisis el problema de la ineficacia, de la negligencia y del descontrol de la gestión económica, por más que se produzcan hechos dignos de un museo de los horrores. La noticia reciente del inmigrante senegalés que ha logrado percibir cerca de cien mil euros anuales, hasta completar a lo largo de diez años algo más de un millón, recibiendo prestaciones en el País Vasco mediante identidades falsas, merecería una explicación del gobierno de aquella comunidad, siempre muy sobrado y satisfecho de sí mismo.
Dicho esto, voy directamente al sentido del título, es decir, a los veinte pleitos contra Isabel Díaz Ayuso por partidos políticos que, en lugar de ejercer leal oposición, para lo que cobran importantes cifras de nuestros impuestos, han buscado el camino del acoso y derribo a la lideresa madrileña utilizando a la Administración de Justicia. Pocos ciudadanos se interesan por la financiación de los partidos, ni siquiera los medios de comunicación prestan mucha atención al hecho de que cuando el Tribunal de Cuentas recibe la documentación exigible, como ocurre a toda persona jurídica e incluso al más modesto de los contribuyentes, el dato de las cuotas de afiliados apenas llega al 10% de sus ingresos. O sea, que noventa de cada cien euros que gasta un partido político procede de los impuestos que el Estado recauda, es decir, de nosotros. Y aquí procede hacer una primera pregunta a los promotores de las veinte demandas judiciales a la presidente de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido el costo? Porque no es vano el intento de hacer una pedagogía necesaria ante la declaración con la que he iniciado el artículo.
Propongo un examen de conciencia utilizando datos concretos. Por ejemplo, con dos nominas a la vista. Una corresponde a un titulado superior que trabaja como profesor y jefe de estudios en un centro de Formación Profesional; tiene tres trienios y su sueldo bruto es de 3.378 €. Tal contribuyente percibe en realidad 2.158 € porque le han retenido 20% para el Fisco y ha pagado algo más de 200 € a la Seguridad Social. La siguiente nomina corresponde a una titulada superior con dos trienios que tiene un sueldo bruto de 2.545 € se le descuentan 200 de Seguridad Social y el fisco le retiene 550 por lo que recibe 1.880 €. Señalemos simplemente que un diputado autonómico, a veces sin experiencia y sin titulación equivalente, por el hecho de ser puesto en una lista por su partido tiene asignado un sueldo bruto de 5.684 € si vive fuera de la capital, es decir duplica al de cada uno de los contribuyentes que nos facilitan su caso como ejemplo. El primero de ellos deja a las arcas del Estado la cifra de 1.220 €, el segundo 665 € y, además, del dinero líquido resultante deberán pagar un 21% de IVA cuando realicen la mayoría de sus compras para llegar muy justos a fin de mes.
Veamos ahora qué destino se ha dado por los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid a los impuestos de esos contribuyentes con sus veinte querellas. Una demanda penal conlleva el pago de una minuta al abogado y otra al procurador. A ello se añade el costo de la pericial que apoye los argumentos para presentarla ante el Tribunal. Se añaden las tasas judiciales y el costo de obtener la documentación que debe acompañarse. A la suma que podamos cuantificar hay que añadirle el costo de las horas de trabajo que dedicarán a la demanda los funcionarios de la Administración de Justicia. Podemos estimar en no menos de seis mil euros el costo generado por cada demanda. Multipliquémoslo por veinte casos y sumemos el tiempo empleado por los miembros de los partidos litigantes, cuya nómina también sale del dinero del contribuyente.
Aún nos queda el momento más deprimente de esta triste película: la lectura de las conclusiones de la fiscalía anticorrupción que desestima en cada caso la demanda, sustentada en conjeturas sin prueba. En definitiva, una maniobrabilidad espuria con fines políticos que, en todo caso, debería dirimirse en la tribuna de oradores de la Asamblea, sin un costo como el que todo buen entendedor sabe calibrar repasando los hechos expuestos. Si alguno de los altos asesores, que también paga el contribuyente, tiene a bien recordárselo al doctor en económicas que preside el Gobierno de España, podría sugerirle que deshaga el malentendido en que vivía su vicepresidenta cuando alecciona al personal diciendo que el dinero público no es de nadie.
Hace unos días yo le proponía a un funcionario de Hacienda que el esfuerzo que habían hecho para tras un largo procedimiento para cobrar 45 euros, lo hicieran para controlar el gasto público.
La práctica anulación de los controles de gasto público (sobre todo el clientelar) que inició el PSOE de la Transición, han sido aguas que trajeron lodos malolientes a la política española, hasta el punto de que ahora parece que un régimen democrático (supuestamente) justifica todo tipo de desafueros.
Sólo hay que seguir la pista de quienes llegaron a la política (o sus aledaños) sin patrimonio propio y ahora forman la «casta» de nuevos ricos. O los que incluso han cambiado de residencia a países sin extradicción (como hizo en su momento Craxi, otro ejemplo), o quienes tienen sustanciosas inversiones fuera de España, mientras reclaman el último céntimo al ciudadano normal.
Con una Fiscalía que es, lo que es. Un Tribunal de Cuentas que sólo da cariñosos tirones de orejas de vez en cuando. Un sistema judicial politizado y partidario que se ha rendido (desde Flick y Flock) desde hace tiempo al ejecutivo. Incluso un TS que adapta sus tiempos de sentencia a la política. Un Tribunal Constitucional incapaz de exigir el cumplimiento constitucional al 100% de la lengua del Estado.. Unos cuerpos del Estado al servicio del gobierno (del partido que toque)…. etc.
¿De qué nos podemos sorprender?
Un saludo.