En plena campaña electoral en Galicia, el continuo chantaje del independentismo para blindar los desmanes del procés que acabaron en sedición, malversación, prevaricación, desobediencia y hasta levantamiento tumultuario en las calles, tiene los días contados hasta comprobar cuál de los dos socios de investidura, Sánchez o Puigdemont, detona antes el botón de la legislatura o, por el contrario, siguen escenificado el enfrentamiento y la tensión. Aunque la prerrogativa para un hipotético adelanto electoral la tiene el inquilino de la Moncloa, el aviso de Junts sigue siendo claro: incumplir el acuerdo de investidura, si no hay una ley de amnistía “integral y de aplicación inmediata”.
Reconciliación o precipicio
Ambos protagonistas, sin embargo, tienen claras las consecuencias de una convocatoria electoral que afectaría gravemente a sus intereses. Sánchez iría directamente a la oposición, en caso de presentarse, dejando a su partido gravemente tocado, y Puigdemont quedaría a merced de la justicia, imputado por las distintas causas abiertas contra él. Uno y otro dirigente observan a diario el precipicio por el que caerían para convencerse de que lo más sensato es dar un paso atrás y volver a la ‘reconciliación’, además de seguir humillando al país. Por si las moscas, el presidente del Ejecutivo se prepara para gobernar en solitario, asumiendo que la tramitación de los Presupuestos de 2024 se retrasará, con el rechazo del Senado también a la senda de Estabilidad la próxima semana.
Entre tanto, el ex presidente catalán da un mes al PSOE para conseguir su medida de gracia y la de cientos de seguidores para evitar delitos de terrorismo, espionaje e incluso alta traición, antes de tumbar las cuentas al filo del verano. Después de rechazar sus propias enmiendas en el Congreso, el dirigente huido a Waterloo quita hierro a su desplante al valorar “los esfuerzos” hechos por los socialistas en “un contexto hostil”. Su secretario general, Jordi Turull, confía en que la norma salga adelante, mientras el líder del PSC, Salvador Illa, descarta acceder a las exigencias de Junts sobre los delitos de terrorismo y traición tras haber dado muestras de «responsabilidad» sin poner en riesgo «una seguridad jurídica que es imprescindible».
Jueces ‘prevaricadores’
Mas virulenta se muestra la formación independentista contra los jueces, a los que acusa de llevar dos meses y medio “riéndose en nuestra cara” con la advertencia de que “quien ríe último, ríe mejor”. El señalamiento de la portavoz Nuria Nogueras -junto a los portavoces de ERC y de Sumar-, se extiende tanto al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, como a los magistrados con causas abiertas contra Puigdemont -García Castellón y Aguirre-, a quienes considera “jueces prevaricadores” que pueden dejar la amnistía en “papel mojado”. Nueve vocales del Poder Judicial piden un pleno para valorar los insultos a la judicatura, mientras el presidente del CGPJ hace un «llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de sus integrantes y dejarlos «en paz», tras las declaraciones vertidas en la cámara con la «aquiescencia y mutismo de la señora presidenta de las cortes».
Vía crucis judicial de la amnistía
La amnistía para normalizar las relaciones con Cataluña todavía tendrá un largo recorrido judicial que a buen seguro concluirá en el alto tribunal europeo. Mientras tanto, los tribunales hispanos están decididos a llegar hasta las últimas consecuencias para investigar cuantas acciones cometieron los dirigentes del procés y sus agitadores sociales, e incluso aclarar la injerencia de Rusia en la estrategia que acabó con el 1-O. Así lo que creen tanto el juez Joaquín Aguirre, instructor del Caso Voloh, que investiga el desvío de fondos públicos que habrían servido para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo y pagar viajes de independentistas a Moscú, como el magistrado de la Audiencia Nacional, García Castellón, que prorroga seis meses más la investigación sobre la actuación de Tsunami Democratic como organización estructurada y jerarquizada cuya finalidad era “subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”.
Las guerras de VOX y Podemos
Con semejante panorama, dos fuerzas antagónicas como Vox y Podemos afrontan una rebelión interna que lleva camino de mermar sus expectativas electorales. El partido de Abascal lo reelige para un cuarto mandato -hasta 2028- mientras conforma una guardia pretoriana en torno a la portavoz en el Congreso y el secretario general del grupo parlamentario, Pepa Rodríguez Millán y José María Figaredo, además de los vicepresidentes de CyL, García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; la Comunidad Valenciana, Vicente Barrero; y Aragón, Alejandro Nolasco. La refundación no tapa sus grietas territoriales como la ‘traición’ de cinco diputados en Baleares expulsados, que ponen en peligro la gobernabilidad con el PP. Vox acumula otras deserciones como en la Asamblea madrileña, con inquietud en el grupo parlamentario y la sensación de desconexión en la toma las decisiones.
En Podemos, por contra, aumentan las deserciones tras la marcha de su Secretaría de Organización, Lilith Verstrynge, y dejar a la formación solo con cuatro diputados que no sumarian para condicionar o tumbar las iniciativas del Gobierno. En Cataluña, el ex diputado Jaume Asens, rompe el carné de un partido ”cerrado y sectario», mientras en Madrid ya renunciaron el ex candidato a la Alcaldía, Roberto Sotomayor, y la ex portavoz del partido en la Asamblea, Carolina Alonso, con críticas a la estrategia de la dirección del partido por cercenar las consultas sobre decisiones importantes y haber renunciado a la construcción de un “Frente Amplio”. A la cascada de abandonos de los últimos meses -incluidos candidatos y coordinadores autonómicos-, se añade la acusación de estar haciendo “trampas” en las primarias que se celebran para minimizar la contestación interna contra la dirección nacional.
Desbandada de letrados
La tramitación de la ley de Amnistía continúa produciendo daños más que colaterales en la Cámara baja con la renuncia de hasta nueve letrados por la ‘reorganización’ de este cuerpo que lleva a cabo por el Letrado mayor y Secretario General, Fernando Galindo. La más sonora, sin duda, ha sido la del interventor de las Cortes, Luis de la Peña, por su “radical incompatibilidad” con el modelo de Administración Parlamentaria representado por Galindo.
Semejante deriva y malestar provoca la renuncia también de la directora de Comisiones, la de Relaciones Institucionales, la directora de Asesoría Jurídica, la de Recursos Humanos y Gobierno Interior y la Interventora del Congreso, el secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios, la secretaria general adjunta para Asuntos Administrativos y el director de la Oficina de Conflicto de Intereses. El nombramiento del nuevo Letrado mayor, alto cargo del Ministerio de Política Territorial -subsecretario- hasta noviembre, contó con el voto en contra de integrantes del PP en la Mesa del Congreso, por considerarlo afín al PSOE, lo que provocó una división inédita en el órgano de gobierno de la Cámara.
