Ni veinticuatro horas ha durado la paz en el ejecutivo y el legislativo de nuestro país sacudidos por la tensión que también afecta al poder judicial. La legislatura más incierta y convulsa de la democracia comienza con fuego cruzado entre Gobierno y oposición y la amenaza de los socios de coalición de dinamitarla en cualquier momento. Por si fuera poco, al ejecutivo con apenas dos semanas de rodaje, también se le acumulan los frentes internos y en el exterior tras los varapalos de la justicia a dos instituciones relevantes. El Gobierno ha logrado que el Consejo del Poder Judicial rechace el nombramiento del Fiscal general del Estado, que el Tribunal Supremo anule el de la presidenta del Consejo de Estado y que un país amigo, como Israel, retire a su embajadora de España.
No son baladíes las continuas advertencias del principal beneficiado por la futura amnistía con la que el Congreso inaugura su actividad junto a los estratégicos Presupuestos del Estado para 2024. El muñidor del procés avisa de que no tendrá ningún reparo en votar contra Sánchez en una moción de censura del PP, si incumple su PACTO. Para Puigdemont, el ‘lawfare‘ es una advertencia “de que hablamos en serio» tanto a jueces y políticos que se han extralimitado. En román paladino y para que no haya duda, según el huido a Waterloo, este do ut des “es como la cabeza de caballo en El Padrino”. Esto es, la mafia total.
Tutela exterior, con Sánchez y González enfrentados
Quien profiere tal amenaza, continúa su chantaje al Gobierno desde el ‘exilio’ dorado en Bélgica, negociando las condiciones de su impunidad en otro país europeo como Suiza, donde acuden intermediarios del partido en el poder vigilados por intermediarios o relatores —de momento anónimos y no encapuchados— encargados de “acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todos los acuerdos a los que lleguen PSOE y Junts”.
En un impulso de sinceridad, el presidente del Gobierno reconoce que “no es el paso que quería dar”, aunque lo considera coherente con la pacificación de Cataluña. Sánchez compara el rechazo a la amnistía con la ley del Divorcio o la del Matrimonio igualitario y hasta cree que el PP la apoyará. Mucho más contundente que en pronunciamientos pasados, su predecesor, Felipe González, califica la futura ley como “intolerable” al no ser una acción de perdonar, sino de “pedir perdón a quienes cometieron los delitos”. El ex expresidente socialista cree que la medida puede «destruir los fundamentos del ordenamiento jurídico de una democracia plena».
Feijóo rearma el PP
De la misma opinión participa Feijóo que rearma a su formación mientras alerta de un “hundimiento institucional sin precedentes” que afecta ya a la independencia judicial y al prestigio internacional de España. El líder de la oposición afronta la larga travesía de la legislatura reforzando la dirección de su equipo con un nuevo portavoz. Miguel Tellado, fiel colaborador del político gallego, será el ‘jabalí’ encargado de marcar al gobierno de manera contundente en el Congreso, con el refuerzo de Cayetana Álvarez de Toledo y Rafael Hernando, y de Alicia García en el Senado para “frenar los desmanes legislativos de Sánchez”. Encargados de pilotar el PP desde la cúpula de Génova serán, también, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Esteban González Pons, Borja Sémper y Carmen Fúnez. Esta última, elevada a la Vicesecretaría de Organización, será responsable de dinamizar y mejorar la estructura interna tanto en España como en el exterior. La Unión Europea y, sobre todo su Parlamento, serán el campo de acción donde los populares aumentan su estrategia de movilización para frenar la ley de amnistía cuya tramitación comenzará el 12 de diciembre en la cámara baja.
Jaque al Rey
Por si no fuera poco, los partidos secesionistas y minoritarios (ERC, Bildu y BNG) continúan poniendo en jaque a Felipe VI, al grito de “no tenemos Rey, democracia, libertad y Repúblicas”, y la proclama de «no tener legitimidad ni reconocerle función alguna». El monarca recuerda a las Cortes su deber de «cumplir y respetar» la Constitución y buscar una España «sólida y unida», sin divisiones, como legado para los más jóvenes. La apertura solemne del Parlamento es aprovechada por la presidenta Armengol para provocar el enfado de la mitad del hemiciclo tras defender la «legitimidad» del nuevo Gobierno frente a quienes intentan «distorsionar la realidad». La reivindicación partidista del desarrollo de la Constitución tras 45 años de democracia enciende a PP y Vox que lo califican de “sectarismo”, mientras el PSOE reprocha la “falta de sentido institucional” de la oposición.
No son buenos tiempos para la lírica, y mucho menos, para una sociedad cuyos ciudadanos miran atónitos y con multitud de problemas, a sus representantes del poder ejecutivo y legislativo que vuelven una y otra vez a la greña y consiguen desacreditar las instituciones.
