Se ha provocado una nueva situación en la confrontación política española actual que ha generado un quebranto más para la democracia. No es otra cosa que la acusación del PSOE a la oposición que le está haciendo la derecha (PP y VOX) como consecuencia de la colaboración que estos están recibiendo por algunos estamentos de la justicia española dando pábulo a denuncias basadas en recortes de prensa oficial y oficiosa, abriendo causas que parece no están sustentadas y documentadas con investigaciones y pruebas sólidas. La gran publicidad que está teniendo el asunto y las fechas —proceso electoral— en las que se está ejecutando así lo dan a entender.
El “lawfare” está definido como la “persecución judicial, instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial (en inglés, lawfare) que, manteniendo una apariencia de legalidad, tiene como fin inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente”. El Lawfare no es un fantasma, pero sí un concepto traslúcido, una idea que ha sido incorporada a la política en los últimos años.
La palabra inglesa lawfare, que en español se puede traducir como guerra jurídica, es una contracción gramatical que deriva de ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (guerra). Así pues, el lawfare puede definirse como el uso de la ley como un arma de guerra que tiene como fin la muerte política de un rival. Se trata de un neologismo que implica el intento de desgaste político al Gobierno de la nación o a un partido político determinado y molesto por parte de un grupo opositor a través de la instrumentalización de la ley.
Al contrario de los golpes de estado, el lawfare se basa en un procedimiento no violento que busca desacreditar un contrario político por medio de la manipulación de la ley y los jueces, menoscabando su reputación pero intentando en todo momento aparentar que el procedimiento acusatorio es normal y legal cuando, en realidad, no lo es.
El término “lawfare” tiene su origen en el ámbito militar, pero con el tiempo se ha extendido a otros contextos, incluyendo el político y el judicial. Fue popularizado por el general de división de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Charles J. Dunlap, quien lo definió como “el uso de la ley como arma de guerra. Posteriormente ha sido utilizado en el ámbito político, a través de medios de comunicación, de jueces y de fiscales afines; determinados grupos políticos poderosos pergeñan falsas acusaciones para lograr el repudio ciudadano hacia un determinado líder o partido político. El principal objetivo de la lawfare es hacer creer al ciudadano de a pie que las acusaciones —investigaciones, imputaciones, señalamientos— vertidas por jueces, fiscales y policías (sujetos imparciales que se suponen completamente independientes en Estados con separación de poderes) contra determinados partidos o políticos son auténticas o se basan en indicios o hechos delictivos reales, cuando en realidad no es así.
Es importante apuntar que muchas de estas acusaciones cuentan con la complicidad de medios de comunicación afines, que se ocupan de hacer visibles estos supuestos delitos en informativos y programas de máxima audiencia. El lawfare implica, pues, una persecución antidemocrática e injusta hacia personas o partidos políticos elegidos libremente utilizando medios —jueces, fiscales— que se suponen incorruptibles, respetables y ecuánimes. El lawfare también puede definirse como una campaña de desprestigio, un acoso que tiene como objetivo la desinformación del ciudadano respecto a una determinada facción política enemiga.
Como no podía ser de otra forma, el lawfare produce, como efecto secundario, un control de la opinión de la ciudadanía, manipulándola; se trata, por tanto, de una guerra mediática basada en la creación de modelos de propaganda de publicidad negativa que tienen como objetivo la eliminación del rival político de forma aparentemente legal.
En definitiva, el lawfare es un uso indebido de los tribunales y los sistemas jurídicos por parte de grupos políticos con el objetivo de desacreditar y deslegitimar a sus oponentes, estigmatizarlos como enemigos, mediante largas campañas de desinformación.
Según Voltaire:
«Cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es casi incurable»
François-Marie Arouet, Voltaire
Lawfare, es un concepto relativamente reciente en el ámbito académico —apareció por primera vez a mediados de los 70— que procede de una mezcla de las palabras en inglés ‘law’ (ley) y ‘warfare’ (ámbito de guerra) y que se viene a traducir al español como’guerra jurídica’. Se ha empezado a emplear especialmente desde inicios del siglo XXI y es una manera de denunciar el intento de desgaste del Gobierno o de opositores a través de los tribunales y las leyes. O para referirse a la «judicialización de la política» a partir de procesos legales para destituir cargos públicos, es decir, utilizar el sistema judicial de un país con fines partidistas.
Este concepto, también conocido como persecución judicial, determina el empleo de la justicia como arma política y supone el incumplimiento de la separación de poderes y la independencia judicial propios de un Estado de derecho.
De esta forma, el lawfare puede aplicarse de diferentes formas, siendo la más típica la manipulación, desde la política, de la justicia para abrir causas sin pruebas suficientes o justificadas para influir en la opinión pública y deslegitimar o inhabilitar cargos públicos, así como bloquear los intentos de los acusados de recurrir sus acusaciones.
La noción de lawfare fue concebida originalmente como la estrategia de usar o abusar de la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operacional. Diversos factores permitieron la evolución del término y ahora lo entendemos como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político, que combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar al acusado y su entorno — incluidos familiares cercanos— de manera que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin pruebas. El objetivo es lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. En este sentido, la ley se vuelve un instrumento del que pueden abusar los operadores políticos de cualquier ideología, pero con el poder vasto y suficiente para hacerlo.
Luego entonces, el lawfare genera y distribuye falsedades (fake news) en el momento en que se vale de la comunicación como medio de desinformación, pues implica el uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política. Así pues, la selectividad de casos resulta fundamental en el lawfare, toda vez que requiere articulación con los medios de comunicación que operan manufacturando consenso a favor o en contra de determinadas personalidades, grupos o sectores políticos.
La eliminación y la desmoralización del adversario político se concretan especialmente en el plano de la opinión pública, en momentos políticos clave —durante campañas electorales, por ejemplo—. La desmoralización orientada a eliminar a ese adversario de la esfera política formal va desde el procesamiento judicial y el linchamiento mediático, hasta la cárcel y la ruina económica, pues se trata de procesos jurídicos extendidos en el tiempo y con altos costos.
A corto plazo, uno de los objetivos del lawfare no es otro que hacer una limpieza de la política, los objetivos que persigue y por los medios que utiliza, van dirigidos expresamente a desmoralizar y deslegitimar al adversario político por la vía jurídica, utiliza y se apoya junto a otros factores para tener el mayor y más rápido impacto posible, como son los medios de comunicación, las redes y los tribunales, estos ataques son seleccionados buscando la mayor efectividad y suelen ir dirigidos fundamentalmente a miembros de los partidos políticos y los gobiernos, sean de la ideología que sean, neoliberales o progresistas, de derechas o de izquierdas.
El lawfare no es otra cosa que una “guerra psicológica”, para manipular “los corazones y las mentes” de los ciudadanos con el objetivo de convencerles sobre lo correcto, lo justo o lo deseable de un sistema — ya sea el capitalismo neoliberal o el populismo más progre— En estos casos el ataque judicial cuenta con el apoyo de los grupos, ya sean oficialistas o empresariales, de la comunicación, al servicio de los intereses concentrados que son quienes fomentan y difunden el discursos de odio —las consecuencias de estos ataques pueden incluso llegar a plantearse la eliminación de quien piensa distinto— lo que corre el riesgo de traducirse en acciones violentas de enorme gravedad si no se controla debidamente a tempo.
Como punto y final y tal como queda expuesto anteriormente, el lawfare se entiende como el uso de la ley — o bien, de los procesos legales— para deslegitimar o incapacitar a un enemigo. Han quedado perfectamente definidas las características y las tácticas más habituales por la comunidad jurídica internacional, entre las cuales se hallan: La manipulación del sistema jurídico; Dar apariencia de legalidad a las persecuciones políticas; El uso de procedimientos judiciales sin mérito alguno, sin contenido y con acusaciones frívolas; El abuso del derecho a dañar y deslegitimar a un adversario; La promoción de demandas para desacreditar al oponente; El intento de influir en la opinión pública; El uso de la ley para obtener publicidad negativa u opresiva; La judicialización de la política, el derecho como instrumento de articulación de medios y fines políticos; La promoción de la desilusión popular; Las críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar denuncias contra el Estado; La utilización de la ley como medio para constreñir y castigar al adversario, y La acusación de los enemigos como inmorales e ilegales para frustrar objetivos contrarios.
Termino con una frase de Ramón y Cajal:
«A nadie odia más el fanático que al que contradice su verdad, porque, por más que diga, allá en el fondo de su conciencia, no está muy seguro de ella y mira con horror a cuantos le disputan el tesoro de su fe».
Santiago Ramón y Cajal
