Vivimos en continua perplejidad. Las informaciones sobre la ministra de Justicia en su etapa como fiscal de la Audiencia Nacional en activo nos llevan al «tour de la vergüenza», el que le otorga el dudoso honor de superar a su antecesor socialista y compañero de cacería: Compañías peligrosas, comentarios inadecuados, opiniones poco igualitarias, términos soeces y denigrantes y muchas mentiras.
Ayer, incluso, para defenderse de una interpelación parlamentaria que demandaba su dimisión, Dolores Delgado no tuvo empacho en apoderarse del trabajo del ministro Catalá y su equipo y presumir de intensa labor en 100 días, con estrecho contacto con todos los operadores jurídicos, cuando el primer encuentro oficial con asociaciones de jueces y fiscales, sin resultado alguno, se demoró 45 días desde su toma de posesión y cuando, salvo cuestionables nombramientos de consejos asesores sin conocido objetivo ni justificada necesidad, no se conoce adopción de medida relevante alguna que no estuviera planificada, trabajada o a punto de ejecutar para atender las necesidades de la justicia, antes de la abrupta salida del anterior Gobierno. En el Ministerio quedó avanzado mucho trabajo y acuerdos con los distintos sectores profesionales (de lo que da constancia la hemeroteca del mes de mayo o el Diario de Sesiones del Congreso en las comparecencias de presupuestos).
Su verdadero y triste historial, en a penas 3 meses, se construye en torno a los siguientes logros: La omisión en cometidos esenciales; la dejación en la defensa a los fiscales y su función cuando fueran cuestionados por la Vicepresidenta del Gobierno; asentir, sin más criterio, a las propuestas de ésta para volver en el Derecho español al juez autómata de otros tiempos en el proceso penal; sus acusaciones de completa falta de formación de nuestros juzgadores; la conocida y equivocada pasividad sobre los ataques al Magistrado Llarena; las designaciones de expertos con oscuras motivaciones y asesoramientos; o la definición de prioridades cuestionables en su hoja de ruta como ministra de Justicia.
Pero las últimas informaciones nos transportan a una nueva dimensión. Ponen de manifiesto que su falta de ejemplaridad y de dignidad no sólo la dañan a ella como persona y profesional de la justicia o como ministra, no sólo golpean al gobierno del que forma parte y que asentó su llegada en una muy estricta vara de medir a los adversarios, sino que nos afecta a todos. Suponen un torpedo en la línea de flotación de la confianza en los poderes e instituciones del Estado, una erosión de la imagen de la Justicia española, dentro y fuera del país, con consecuencias difíciles de medir.
La ministra reprobada en el Parlamento puede llegar a ser la fiscal repudiada por la carrera judicial y fiscal. Lo cierto es que, en estos momentos, se encuentra ya inhabilitada para desempeñar sus funciones. Por eso tiene que dimitir o ser cesada.
Defendí hace pocas fechas que la Justicia española no se merece una ministra que no cree en la justicia. Hoy debo decir que la Justicia española no puede seguir siendo desprestigiada por el atrincheramiento de una ministra que miente y que sirve de máscara de conveniencia a un gobierno colador, que hace agua por todas partes por su falta de ejemplaridad y por su incapacidad para gobernar.
Nuestra obligación es recordar y reclamar a la Sra. Delgado que tiene que asumir responsabilidades políticas. Como también debemos recordar, incluso exigir, a la Fiscal General del Estado que no puede asistir con pasividad ante el espectáculo de grabaciones «al por mayor», de insinuaciones o acusaciones a miembros de la carrera judicial y fiscal, de compadreo para quitar y poner policías «afines» en el ejercicio de la función jurisdiccional, de pasividad de una fiscal ante la comisión de delitos. Demasiadas casuales conexiones y una infinita sensación de impunidad en la actuación de servidores públicos con poco respeto a la ley.
Yo, que creo firmemente en que la Constitución española nos íntegra y nos ampara a todos, sea cual sea nuestro sexo, identidad, origen, raza o cualquier otra condición, no puedo asistir impasible a este ejercicio de resistencia que resquebraja la confianza en los poderes del Estado y en los servidores públicos. No habría que recordar a estas alturas de la democracia española las obligaciones de todo funcionario cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito y que no cabe frivolidad ni impunidad alguna en el ejercicio de la función pública. Por eso, y como funcionaria, no entiendo el apoyo del Presidente del gobierno a su ministra con lo que ya conocemos. No entendí ayer los exaltados aplausos del grupo socialista a la ministra de los comentarios homófobos, machistas y misóginos, a la ministra de las mentiras.
Porque nos ha llevado a la nueva dimensión de grave deterioro de la imagen de los profesionales de la Justicia; porque afecta gravemente a la confianza que los ciudadanos han de tener en las instituciones y en la justicia; porque menoscaba el prestigio del Estado, Dolores Delgado no puede seguir ni un minuto más como ministra de Justicia.
