Ya he llamado la atención de que no se ha producido un debate crítico en profundidad en los órganos del PSOE para explicar el apoyo mayoritario de los militantes socialistas a Pedro Sánchez, a pesar de que éste ha sufrido dos derrotas históricas en elecciones generales y en tres elecciones autonómicas (Galicia, Euskadi y Cataluña), que debieron ocasionar su dimisión, como dimitieron Joaquín Almunia y Rubalcaba obteniendo mejores resultados electorales. Tampoco ha habido ni crítica ni debate en el seno del PSOE sobre los errores que, en mi opinión, ha cometido Sánchez desde el momento de acceder al Gobierno con una moción de censura de dudosa legalidad y constitucionalidad, sin programa de Gobierno, con la finalidad exclusiva de rechazo a Rajoy, como la calificó el historiador Santos Juliá, que, aunque formalmente legal, como ha dicho Boadella, no fue «digna», al ser apoyada por los independentistas golpistas catalanes y por Bildu, compañero de viaje del terrorismo bizcaitarra. Tampoco se ha producido ni siquiera una mínima critica por haber utilizado Sánchez un avión del Estado para fines nos estrictamente oficiales, ni por haber obtenido su mujer un empleo bien remunerado, ni por haber cambiado su posición en la oposición, lo que es peor, sobre las puertas giratorias, al nombrar a media Ejecutiva para cargos públicos y a varios secretarios generales del PSOE delegados del Gobierno en comunidades autónomas, sin cesar en su cargos orgánicos, con la finalidad inconfesable de controlar al partido, al que le está haciendo un daño irreparable. Ha errado en la forma de exhumación de Franco -con la que he escrito que estoy de acuerdo porque no fue caído ni murió por España, ni tuvo magnanimidad ni compasión y piedad con los vencidos en la contienda fratricida, ni siquiera con sus compañeros de armas que se mantuvieron leales a su juramento- mediante Decreto-Ley, sin consenso previo con las otras fuerza políticas, como hizo el PSOE con la Proposición No de Ley consensuada para la exhumación en 2017 sin votos en contra, lo que ha ocasionado un brote innecesario de la «doble herida» de la guerra civil (Laín Entralgo).
Me he abstenido de criticar los errores anteriores para no convertirme en un banderizo ocioso contra el secretario general de mi partido, pero no puedo permanecer callado ante su política de apaciguamiento con el independentismo catalán, y, como modesto magistrado jubilado, ante la vergonzante dejación de la obligación del Gobierno de asumir la defensa ante un juez belga de Primera Instancia Civil, aunque luego ha rectificado, del magistrado del Tribunal Supremo Llarena, ejemplar defensor y garante del Estado de Derecho, con el argumento patético, jurídicamente insostenible, de que era un asunto privado cuando está íntimamente relacionado con la instrucción penal. El Gobierno, además de amparar a dicho magistrado, como ha hecho el CGPJ, debe presentar una protesta diplomática ante el Estado Belga si dicho juez admite a trámite la demanda civil de Puigdemont, incluso querellarse contra él por prevaricación y usurpación de funciones, por ser manifiestamente incompetente para conocer de una acción judicial contra un magistrado del Tribunal Supremo Español en el ejercicio de sus competencias, lo que constituye un grave atentado contra un Estado de Derecho y contra la independencia del Poder Judicial de un país de la Unión Europea por parte de un juez de otro país democrático de la misma Unión.
Ya he advertido que Pedro Sánchez se equivoca si cree que va a solucionar el problema del secesionismo catalán con el dialogo y la errónea «estrategia del apaciguamiento» ya que la historia demuestra que la impunidad de los golpistas secesionistas los hace cada vez más fuertes y osados, como se está demostrando a pesar de los intentos de dialogo que ha tenido el Gobierno con la Generalitat. No ha aprendido Sánchez la lección de la historia, pues ya el Frente Popular indultó a la Generalitat, cuyos miembros fueron condenados a 30 años de prisión y a la disolución de la autonomía por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República por la rebelión militar contra ésta el 7 de octubre de 1934, a pesar de lo cual los secesionistas catalanes traicionaron a la Segunda República en la guerra civil en la vanguardia, y apoyaron el alzamiento militar contra ella (Vicenc Navarro, Diario Público de 24 de junio de 2010), como denunciaron Negrín, en noviembre de 1938, con ocasión del Consejo de Ministros celebrado en Pedralbes; y Azaña, en los artículos escritos en Collonges-sous-Saléve ( Francia) en 1939: «Cataluña en la guerra, y la insurrección libertaria y el eje Barcelona-Bilbao», en los que escribió: «Los hechos parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español», asumiendo así el criterio de Ortega y Gasset cuando en el debate de 13 de mayo de 1932 sobre el Estatuto de Cataluña, sostuvo que el particularismo independentista catalán era una enfermedad incurable. Recientemente el historiador J. F. Fuentes ha revelado que los separatistas catalanes Nosaltres Sols, de posiciones abiertamente racistas, ahora admirados y denominados por Torra «pioneros de la independencia», mantuvieron contacto poco después de la victoria del frente Popular y en plena guerra civil con Hitler, ofreciéndole colaboración y grupos armados para que apoyara la independencia de Cataluña, destacando las similitudes históricas entre el pangermanismo y el catalanismo, lo que demuestra los orígenes fascistas y supremacistas de Torra y del nacional populismo conservador catalán.
La política de apaciguamiento de Sánchez, que ahora anuncia un esperpéntico referéndum con el siniestro propósito de reformar el Estatuto Catalán con preceptos que ya han sido declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, con tal de mantenerse a toda costa en la Moncloa, apoyado por Podemos, hace temer que tenga la tentación de indultar a los independentistas catalanes, como ya anticipó Iceta, si fueran condenados por los delitos de rebelión y sedición, lo que nos situaría en un nuevo escenario frentepopulista de imprevisibles consecuencias, si Borrell y la inaplazable convocatoria de unas elecciones generales no lo remedian, para que Sánchez no tenga que repetir las palabras de Largo Caballero al finalizar la guerra civil: «¡Y que nos hayamos embarcado con esta gente!» , en referencia a los nacionalistas independentistas.
Publicado en La Opinión de Tenerife el 10/09/2018
