La denominada ya como ley “Begoña o de impunidad” del Psoe puede sentar un nuevo precedente para dinamitar el principio de legalidad constitucional, tras la amnistía concedida por el gobierno de Pedro Sánchez a cambio de su investidura por quienes proclamaron la independencia unilateral de Cataluña. La utilización de esta Proposición de ley socialista a beneficio personal del presidente del Gobierno y de su propia formación, constituiría uno de los legados más dañinos para el Estado de derecho en España.
Blindaje familiar con impunidad
La reforma del PSOE permitiría archivar los casos de la mujer y el hermano de Sánchez, limitar el del (abrasado) fiscal general y suprimir la acusación popular, incluida la que ejercen los partidos, fundaciones, así como las asociaciones de jueces o fiscales. La denominada Ley de “garantía y protección de los derechos fundamentales, frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas”, ha generado el rotundo rechazo de la oposición, de juristas y de colectivos civiles y profesionales, además de las asociaciones judiciales que advierten que con esta norma cualquier gobierno podrá eludir el control judicial, además de conseguir “su impunidad”. El PP busca fórmulas para frenar la norma impulsada por los socialistas, sin descartar el recurso ante el TC y la Unión Europea. Feijóo considera que la iniciativa para limitar las acusaciones populares es “homologable a un régimen dictatorial”, mientras advierte de su inconstitucionalidad y falta de consenso.
Puigdemont liberado
Incluso los socios del ejecutivo se rebelan contra la propuesta al considerarla excesiva y cicatera. Tal es el caso del diputado de Izquierda Unida (Sumar), Enrique Santiago, quien recuerda que la acusación popular es un avance democrático que ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de Derechos Humanos ante la inacción del Estado. El partido de Puigdemont, por su parte, ve en la ‘ley Begoña’ una «reforma encubierta» de la Constitución, pese a beneficiar a su líder todavía prófugo de la justicia. Junts anuncia una enmienda a la totalidad al considerar que muchos aspectos de la norma “no se corresponden” con los principios básicos de ningún Estado democrático y de Derecho. Desde la formación independentista aseguran no estar dispuestos a transitar con la severa restricción impulsada por el partido en el poder. En caso de volver a España tras la aprobación de la reforma legal, el ex presidente de la Generalitat podría quedar en libertad, de no existir petición alguna para su ingreso en prisión por parte de la Fiscalía ni de la Abogacía del Estado.
Un fiscal abrasado
Los testimonios judiciales contra el Fiscal General del Estado son tan abrumadores que difícilmente podrá mantenerse en su puesto después de filtrar datos tributarios contra un particular y borrar las pruebas enviadas mediante mensajes de móvil oficial. El testimonio de la mayoría de subordinados. El comportamiento de García Ortiz ha conseguido desprestigiar todavía más una institución corrida y al servicio de la Moncloa, tras aceptar e imponer instrucciones con tintes de prevaricación para perseguir delitos que benefician al poder con nombres y apellidos. Sus subordinados constatan en sede judicial su autoría de la filtración de datos de la pareja de la presidenta de Madrid, borrados después para no dejar rastro en su móvil oficial.
Cruzada mediática
A semejante panorama, se suma la cruzada gubernamental iniciada también contra los ‘pseudo-medios de comunicación’ que molestan a los partidos en el poder por sus críticas o la supuesta fabricación de “bulos y mentiras”. Olvida la segunda formación política del país que sin los “recortes de prensa” –como despectivamente tilda la investigación de los medios- no habrían prosperado los dos centenares largos de escándalos y casos de corrupción perpetrados en democracia. Periódicos y periodistas consiguieron denunciar y situar la corrupción en el ámbito judicial -ante la inacción general- destapando desde la “guerra sucia” contra la banda terrorista ETA, a los ERE fraudulentos en Andalucía, además del medio centenar de causas penales que afectaron a la mayor parte de los partidos políticos y al entorno bancario o empresarial. Renfe, Ave, Filesa, Ollero, Ibecrcorp, BOE, PSV, Enatcar, Banesto, Rubio, Roldán, Kio, De la Rosa, Prenafeta, Casinos, Burgos, Naseiro, Palop u Hormaechea, son apenas un ejemplo de ello. Baste recordar el caso del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, condenado tras estafar a la benemérita 600 millones de pesetas mediante el cobro de sobresueldos con cargo a los fondos reservados y otras comisiones por la adjudicación de obras. O el de la ex directora del Boletín Oficial del Estado, Carmen Salanueva, procesada por un fraude cercano a los 1.000 millones con la compra de papel para el periódico oficial muy por encima del precio de mercado.
Hoy como ayer, el concurso, las aportaciones y la investigación de los medios de comunicación se torna esencial para el desarrollo de unas causas judiciales que, a su vez, han sido complementadas con sucesivas comisiones en el Parlamento para dirimir, en su caso, las correspondientes responsabilidades políticas.
El independentismo cierra heridas y se rearma
Puigdemont y Junqueras pactan “recuperar la fuerza del independentismo” ante la debilidad de Sánchez. Los líderes de las formaciones secesionistas aseguran tener “muchos objetivos compartidos» a pesar de «las diferencias». Tanto Junts como ERC se conjuran para iniciar una nueva etapa de relación y recuperar la iniciativa del “movimiento independentista”, mientras el ex presidente fugado de la Generalitat se descuelga de los presupuestos de Pedro Sánchez que deberá seguir sin cuentas públicas (PGE) hasta 2026. La negativa socialista a tramitar la petición de una cuestión de confianza del presidente del Gobierno, también aleja al dirigente fugado a apoyar a una hipotética moción de censura por parte de la oposición, al considerarla una ‘broma macabra’ de quien por la mañana le pide ayuda y por la tarde le quieren en prisión”, en referencia tanto a PP como a VOX.
Sánchez gana tiempo ante el penúltimo órdago de Puigdemont para conseguir un encuentro personal, “con foto y reunión de trabajo”. Tanto el presidente del Gobiernocomo el actual inquilino de la Generalitat, Salvador Illa, están dispuestos a peregrinar a Bruselas, a condición de que la negociación de los Presupuestos esté avanzada y se agilice a su vez el traspaso de competencias sobre inmigración.
