El inquilino de la Moncloa ha pasado en apenas una semana de racionar los efectivos económicos y militares al desesperado pueblo valenciano, a multiplicar por cien las ayudas a los afectados a cambio de aprobar los Presupuestos del Estado con los que mantenerse en el poder. El chantaje del presidente más controvertido de la democracia, que acumula récord de decretos para gobernar, recurre de nuevo a esta medida constitucional -ahora sí, para casos de “extraordinaria urgencia y necesidad”-, con la que presionar a todo el arco parlamentario, so pena de señalarlos por dejar desamparadas a las víctimas de la mayor catástrofe del siglo. De paso, Sánchez asegura que los PGE para 2025, que hace un mes estaban en entredicho, hoy son “más necesarios que nunca”. Gobierno y oposición se acusan mutuamente de responder de manera tardía a la DANA.
La trágica riada que arrasó el sureste peninsular en apenas diez horas, deja más de 75.000 afectados, 219 fallecidos, 78 desaparecidos, 33.000 inmuebles dañados, 3.900 edificios deteriorados, 4.000 hectáreas anegadas y casi 100.000 vehículos siniestrados, que el Ejecutivo pretende paliar con una ayuda inicial de 10.600 millones y otras medidas de reconstrucción en los próximos meses.
Chantaje además de querellas
La oposición acusa al presidente de utilizar la tragedia para asegurarse los Presupuestos, a sabiendas de que “no es necesario” y además es un “chantaje”. Así lo califica Núñez Feijóo, que rechaza la presión política a las comunidades afectadas y la utilización de las víctimas como “moneda de cambio” para negociar los presupuestos. El camino, según el PP, son más ayudas directas hasta llegar a los 31.400 millones solicitados por el presidente de la Generalitat valenciana. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, garantiza el respaldo a cualquier medida urgente del Ejecutivo por la vía del RD, como mecanismo para agilizar su convalidación por la mayoría del Congreso. Por su parte, el líder de Vox, Abascal, se querella contra Sánchez y los ministros Marlaska, Robles y Ribera -desaparecida del ministerio de Transición Ecológica– por omisión del deber de socorro, alegando que el Ejecutivo debió declarar la emergencia nacional desde el primer momento.
Funambulismo y ego superlativo
Ni siquiera un panorama tan desolador merma el ego superlativo del presidente del Gobierno, dispuesto a replicar la multiplicación bíblica de los panes y los peces, e incluso la corte de los milagros valleinclanesca –del reinado Isabelino- caracterizado por conspiraciones, revueltas, camarillas y hasta intrigas de poder.
A estas alturas, no son pocos los convencidos de que Sánchez pretende convertir la Dana y sus efectos en el revulsivo necesario para superar el bucle que le afecta desde el comienzo de la Legislatura. La ocasión es más que propicia para intentar neutralizar los casos Begoña, Koldo, Ábalos y Aldama, las presiones de Junts y ERC, el descrédito de Yolanda Díaz por el caso Errejón y hasta el desaire de Podemos, enfrentado al ejecutivo de coalición. Si además consigue sacar adelante las cuentas del año próximo, desacreditar a Mazón y abrir una grieta -de la contradicción- entre Feijóo y sus barones, la carambola de tan funambulesca estrategia del jefe del Ejecutivo podría ser más que completa . A pesar de ello, el presidente valenciano, continúa más que cuestionado por la deficiente gestión de la Dana, mientras se enfrenta a su primer juicio político en las Cortes autonómicas en las que tanto Psoe como Compromís exigen su dimisión.
Lapidarios para la historia
Igual que José María Aznar fue rehén de la advertencia, «que no se olvide de que ha sido ETA«, en su intento de desviar la autoría yihadista del mayor atentado terrorista en España –11M- hace ahora 20 años; a Pedro Sánchez le perseguirá su cicatera actuación en la Comunidad Valenciana al reiterar a su presidente hasta en tres ocasiones, la frase lapidaria de, “si necesita más recursos que los pida”. La actitud del ex presidente del Gobierno para salvar las elecciones de 2004, -sólo tres días después de dejar 193 muertos y 2.000 heridos-, le llevó a defender ante siete directores de periódicos nacionales la autoría de la banda terrorista, discutida desde el primer momento.
Dos décadas después, el actual responsable del Ejecutivo no ha reparado en demorar hasta 72 horas la movilización total del ejército con un manguerazo de ayudas estatales para sofocar la mayor catástrofe natural del país. Lo que si se mantiene el presidente del Gobierno es el rechazo a asumir el mando único y declarar el estado de alarma. Según Sánchez, las autoridades valencianas saben lo que hay que hacer y, «si no tienen recursos suficientes, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado”. Algo que viene reclamando el gobierno autonómico tras la devastación de viviendas, negocios, ferrocarriles, carreteras, fallecidos y decenas de desaparecidos.
Sus señorías no están para achicar agua
Para que nada quede, hasta sus señorías han soslayado la ayuda personal a los miles de damnificados -a excepción de los diputados valencianos-, al considerar que los representantes públicos no están “para achicar agua”, según la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, iba más allá al argumentar que los diputados “no pueden colaborar” en las labores de rescate. En otras palabras, que nuestros parlamentarios no están para remangarse y retirar el lodazal que todavía anega viviendas y pueblos enteros.
Lapidadores y lapidarios públicos, que permanecen en las hemerotecas para sonrojo de sus protagonistas, los hay de todos los colores y responsabilidades institucionales. Francisco Martin, delegado del gobierno en Madrid, cree de manera firme que «los supuestos enemigos de la patria, EH Bildu y ERC, han hecho mucho más por España que todos los patrioteros de pulsera». La expresidenta del congreso, Meritxell Batet, llegó a considerar que «España no merece un presidente trumpista -cómo Feijóo– al “no respetar el sistema democrático»; mientras la ex presidenta del Psoe sevillano, Amparo Rubiales, comparó las críticas del popular Bendodo con el «discurso de un judío nazi».
Para Yolanda Diaz, Sumar es «la clave para una década progresista» convencida de que «si no sumamos va a llegar la barbarie»; nada que ver con su ex correligionario Pablo Iglesias que, tras nombrarla sucesora, la acusa de «destruir a Podemos» y de «aliarse con enemigos mafiosos». Otras lindezas de nuestros parlamentarios, incluyen anatemas como el del ex diputado de Ciudadanos, Edmundo Bal, al considerar de «primero de comunismo la intervención de precios propuesta por la vicepresidenta del Gobierno, o tildar de «brujería» la obligación de llevar mascarilla en el transporte. Hasta la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, llegó a alentar las “relaciones sexuales de los niños con quien les dé la gana, basadas en el consentimiento».
FOTO: Sánchez pide apoyo para aprobar los PGE 2025 | EFE
