Si es cierto lo que publica la prensa en el sentido de que el ministro de Sanidad Sr. Illa, dictará una simple orden ministerial para obligar a la Comunidad de Madrid y otras ciudades a un nuevo confinamiento, se habrá dado otra patada a la Constitución Española que garantiza la autonomía competencial de las CC.AA. (art.º 2), en las que el Estado sólo podrá intervenir aplicando el art.º 155 del texto constitucional: “1.- Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma… etc.”
Para aclarar las cosas. Cuando el Estado cede competencias y aprueba los estatutos correspondientes de las CC.AA., éstas asumen la responsabilidad de gobernar o administrar en nombre del Estado las mismas. Para eso están dotadas de estructuras legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. El art.º 148.1.21. de la Constitución, señala como competencias autonómicas entre otras “Sanidad e Higiene” que, en la comunidad madrileña, ha sido una de las más importantes. Pero llegó la pandemia, las CC.AA. se quedaron paralizadas unas y otras no supieron reaccionar o, incluso, se impidió su respuesta (otra muestra más de la necesidad de reajustar las CC.AA. y centralizar la titularidad y responsabilidad competencial del estado). Luego vino la asunción de mando único desde un ministerio de Sanidad vacío de competencias a través de unos decretos/leyes discutibles jurídicamente, basados en un comité de expertos (inexistente al parecer). La Constitución quedaba vapuleada por el propio ejecutivo sin que nadie moviera una pestaña.
Mientras, las CC.AA. asumieron que el gobierno de la nación se apropiara de sus competencias estatutarias en materia de Sanidad (menos Cataluña que sí tiene claros sus intereses políticos y hasta impide la visita del Jefe del Estado), quizás porque el coste electoral y judicial del resultado de la gestión recaería en el gobierno de España (como prueban las muchas querellas y demandas que la Fiscalía no admite a trámite) que administró eso llamado “desescalada” y la vuelta a la “nueva normalidad” (palabras nuevas que esconden hechos viejos), llegando a animar a los españoles a disfrutar del verano diciendo que todo había pasado. Nada menos cierto. Se estaba preparando una segunda ola que, ahora sí, se dejó a la competencia autonómica que actuó mimetizando las medidas anteriores, en un caos de desinformación sobre la realidad del virus y sus consecuencias. Cada comunidad planteó cosas diferentes produciéndose asimismo resultados distintos, entre el desconcierto y la confusión de todos los ciudadanos.
La Comunidad de Madrid al final cedió en su planteamiento inicial y acabó pidiendo al gobierno de la nación ayuda. Un error que dejaba al descubierto su incapacidad de gestión sanitaria y de seguridad pública, aprovechado —como era lógico— por el PSOE para remover la silla a la actual presidenta Sra. Díaz Ayuso, mientras que el propio presidente del gobierno escenificaba el rescate de la misma, en un gesto de aproximación y supuesta cordialidad. De esa teatralización institucional, surgió ¡cómo no! una comisión conjunta que, dos días más tarde, comprobó que, como decía Marcial Lalanda: “lo que no pué ser, no pué ser y, además, es imposible…”
El desbloqueo final es el anuncio de esa orden ministerial de Sanidad a que nos referíamos al principio, que afecta a principios constitucionales básicos y puede sentar un precedente para la oportuna reforma constitucional centralizadora, que ponga las cosas en su sitio. Quizás no haya mal que por bien no venga.
La cuestión es que al propio PP no parece importarle lo que ocurra a corto plazo en la Comunidad de Madrid que, hasta ahora, había sido una especie de buque insignia para el partido. Es más, si fuésemos mal pensados, podría servir para una especie de trueque con el PSOE, a cambio de un posible gobierno de concentración nacional que dejara fuera a Podemos y los apoyos actuales del gobierno. Madrid, a cambio de una crisis del gobierno actual de la nación, con apoyo a los presupuestos. Una mayoría no hipotecada, socialdemócrata y con experiencia de gobierno, aceptada y aplaudida por los poderes económicos y financieros del mundo…. pero, es sólo un mal pensamiento que puede rondar en las mentes de muchos. El aparente distanciamiento y falta de apoyo político y jurídico por parte del PP a la Sra. Díaz Ayuso, parecería confirmar tal teoría y no hay que olvidar quien mantiene ahora el título de “tahúr del Missisippi”…
Y termino volviendo sobre lo que todo ello significa a nivel constitucional: la existencia de una “crisis constituyente” (en palabras del ministro de Justicia), que nuevamente se dirimiría entre el bipartidismo resultante de tal operación o, por el contrario, dejaría la reforma constitucional en modificaciones “de facto” como las que comentamos, a conveniencia política del partido de gobierno y sus socios: la Constitución patas arriba, con todo lo que eso significa para la precaria democracia formal, que se va por el desagüe de un totalitarismo en ciernes. Al terminar de escribir se confirma en el BOE la citada O.M. que, al parecer, será recurrida por la Comunidad de Madrid. Como era de esperar, el texto está lleno de contradicciones entre el apartado 1 y los siguientes: si no se puede salir a la calle salvo unas excepciones y no se pueden juntar más de seis personas en espacios públicos y privados ¿cómo se supone van a acudir los madrileños a los establecimientos con aforo determinado? (comercio, hostelería y restauración…). Lo dicho, la ineptitud y la incompetencia están de moda.
