“Juramento: afirmación o negación de algo, poniendo a Dios por testigo, o en sí mismo o en sus criaturas.” (R.A.L.)
“Promesa: expresión de la voluntad de dar o hacer algo por alguien” (R.A.L.)
Con carácter general estas son las definiciones de la Real Academia de la Lengua de ambos conceptos. Aunque en la práctica se consideren similares, no parecen serlo en sus consecuencias, más graves en el juramento al estar afectada la verdad como bien jurídico y menos graves en el segundo caso al estar afectada solamente la promesa.
Estas cuestiones que son totalmente actuales en las tomas de posesión de los representantes políticos en las Cortes Generales, reflejan una vez más la gran diferencia entre lo que se supone y la realidad.
La resolución de la Presidencia del Congreso de Diputados de fecha 30 de noviembre de 1989, sobre la forma en que se ha de prestar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución previsto en los artículos 4º y 20º del Reglamento de la Cámara, se hace alusión a la necesidad de que exista “una fórmula ritual simple, inequívoca e igual para todos” en la toma de posesión de todos y cada uno de los elegidos, consistente en la pregunta: “¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? debiendo ser contestada de una forma simple: “Sí, juro” o “Sí, prometo”.
No debemos olvidar que los elegidos como representantes políticos de los ciudadanos españoles, asumen con este acto la representación del Estado Español (la soberanía popular) constituido en el año 1978, por lo que quedan vinculados a defender sus intereses generales, frente a los particularismos políticos o sectoriales -por muy respetables que sean- dentro de la libertad de expresión.
En la mañana de hoy hemos conocido y visto como en la situación totalmente surrealista de nuestra política actual, un conocido activista de la llamada “república catalana”, prometía “acatar la Constitución Española” y de inmediato tomaba juramento o promesa al resto de sus compañeros en el mismo sentido. Hemos visto como el consabido “por imperativo legal” precedía a muchas de estas “promesas” vulnerando lo expresado en la resolución comentada en cuanto a la fórmula “simple, inequívoca e igual” establecida y contradiciéndose en la propia promesa, sin que haya existido nadie que hubiera cortado de raíz el burdo intento. Sólo una tímida advertencia de la nueva presidenta. Tal irregularidad formal llegaba al apoteosis cuando se incluía el “como preso político….” o “por la república” o cualquier otra forma de eludir el compromiso.
Resulta curioso que la explicación para admitir la equivalencia de la promesa con el juramento, se relacione con las creencias religiosas o agnosticismo de los elegidos. Así el bando conservador normalmente jura sin ningún añadido y el llamado a sí mismo “progresista” se limita a prometer (de momento, luego ya veremos). Es una torpeza más de nuestro ordenamiento jurídico que más tarde tendrá sus consecuencias y, como lo ocurrido en Cataluña o en el Pais Vasco, o empieza a ocurrir en otras regiones de España, las promesas se las lleve el viento y, además, no tengan las oportunas responsabilidades.
Desde el punto de vista procedimental, racional y riguroso, ya es mucho para el sentido común el que personas que están “contra el Estado opresor” y pretendan pertenecer a otro estado diferente, pretendan cobrar del “opresor” y se presenten como cargos públicos del mismo. Algo no huele bien en este sistema electoral desde hace tiempo, en sus contradicciones y en su injusta representación, pero huele aún peor cuando deben retorcerse las normas para beneficiar a quienes las incumplen reiteradamente. Luego pretenderán que los ciudadanos (el pueblo soberano) admita sin más cualquier capricho que surja de tales cargos públicos.
Porque, como hemos reiterado muchas veces, el sistema representativo es partidario, no directo y sometido a las dichosas listas cerradas. El mandato “no imperativo” empobrece tal representación y la verdadera participación pública y, como vemos, las normas se incumplen por quienes debían demostrar ejemplaridad exquisita en su cumplimiento. Frente al “vale todo” en ciertos ámbitos, está la inflexibilidad para el resto de los ciudadanos que, por supuesto, no han pasado por el juramento o promesa de sus representantes.
Nadie obliga a nadie a ser representante del Estado en las instituciones. Igual que nadie puede impedir que en uso de su libertad, puedan desde fuera de las mismas (y de sus presupuestos), fomentar cualquier idea política por muy disparatada que sea. Incluso las propuestas de fragmentación territorial. Otra cosa es que tengan el apoyo y el soporte económico ciudadano y la solidez política que precisen para hacerlas efectivas. Cuando esas personas se han visto ante el órgano jurisdiccional correspondiente y se ha comprendido que no “valía todo”, es cuando se han arrugado y han declarado que todo lo ocurrido era testimonial o casi virtual, lo que implica el engaño a que se ha sometido a gran parte de los catalanes de buena fe que creyeron en ellos.
Por eso es tan importante mantener las formas desde el principio. Nadie que invoque el “imperativo legal” para jurar o prometer en falso, debería presentar su candidatura, porque sigue engañando (o tratando de hacerlo) a todos. Sobre todo a los que les siguen y apoyan creyendo que se trata de un paso hacia la construcción de un ilusorio estado independiente. Pero por pura coherencia (que ya es mucho pedir) nadie debería hacerlo si eso implica hacerse cómplice del “estado opresor” que ellos mismos denuncian aceptando sus privilegios y sueldos.
“España es diferente” fue el slogan con que hace tiempo se promovía el turismo hacia nuestro país. Y en muchos casos -como el que comentamos- tiene plena vigencia.
