Pacto migratorio: Los países de la UE se librarán de acoger inmigrantes si pagan 20.000 euros por persona rechazada. Declara la maltesa Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. “Solidaridad obligatoria pero flexible”. El objetivo es acoger 30.000 refugiados por año, publica el diario 20 minutos. Repugna valorar la vida y muerte de personas: 20.000€ por 30.000 personas al año son 600 millones de euros anuales. Hay que verlo porque convierte en dinero la solidaridad entre humanos. También, porque evidencia una realidad que, en una papeleta electoral y en manos decentes, puede anularse.
La amnistía para independentistas ha tenido como añadidos episodios de todo tipo: Indultos. Leyes hechas a medida. Embestida de ministros hacia todo lo que se menea en la oposición. Porte barriobajero de una vicepresidenta de gobierno que zahiere a un diputado por calvo. Carga de otra vicepresidenta contra un juez. Apaños sobre terrorismo. Búsqueda de caminos para seguir en el Gobierno. Probable ataque a la sociedad que hay en España. Y algunos más. Los incidentes anteriores son importantes, pero hay un episodio, penúltimo en el tiempo tras la quimera sobre terrorismo, que merece una atención especial: El uso de la Inmigración, que al margen previsiones, leyes y legalidades quiere gestionar Cataluña y aprovecha Pedro Sánchez desde el Gobierno.
La inmigración es el fenómeno social que se produce en un país cuando llegan personas extranjeras. Si la inmigración es normal, se necesita que alguien sepa qué hacer, atienda a inmigrantes y satisfaga sus necesidades: Sanidad, alimentación, alojamiento, educación, adaptación, etc. Si el acceso es masivo, además, hay que prever cómo distribuir a los llegados. En España, hay un flujo migratorio conocido. Para atenderlo, existe el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Con el departamento ‘Extranjería’, que, según explica una página del ministerio, se ocupa de “la atención a los ciudadanos inmigrantes” desde las Oficinas de Extranjería de Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
Vista la Inmigración hoy y lo que acarrea, el Gobierno intenta disculparse con el independentismo catalán agazapado en ERC, Junts y otros. Existe, pero se sabía y debía haberse previsto. Tampoco es excusa un funcionariado, en el ministerio que se ocupa de la extranjería, que hace lo que debe y obedece. Queda, por tanto, el Gobierno: El responsable de la cartera ministerial, Ángel Víctor Torres; y Pedro Sánchez que lo nombró. Veamos. Si repasamos en la hemeroteca, comprobamos que el ministro, licenciado en Filología Hispánica y profesor de Instituto, fue presidente de Canarias (2019-23) asentado en un bloque cuatripartido de difícil gestión (PSOE canario, Agrupación Socialista Gomera, Si Podemos y Nueva Canarias), que hizo frente al Covid, a la crisis de un touroperador, a un incendio forestal y al volcán de la isla de La Palma. “Gestor de adversidades, de situaciones de crisis extremas de las que todo el mundo dice de él que salió bien parado”, se lee en ‘canariasahora’. Sobre su atención a los inmigrantes que llegan a Canarias, apunta una fuente socialista más que solvente, ‘Su perfil no es bueno: Hacinamiento, educación, atención y sanidad mala: de los envíos de africanos a la península, qué decir’.
Si el hoy ministro fue un presidente canario regular y conocido, hay que ahondar en su situación antes de que llegara al Consejo de Ministros y se convirtiera en el decimonoveno ministro canario. Ganó las últimas elecciones autonómicas, pero tuvo que ceder la presidencia a Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, por una coalición adversa. Pudo seguir en la oposición en el Parlamento Canario, pero lo captó Sánchez para hacer lo que se presentó como Gobierno sanchista con peso político para dar batalla a la oposición PP.
Frente al PP y ante una inmigración que en Canarias no supo tratar ni controlar. Vista la capacidad del ministro, gestor de dificultades con facultades conocidas para atender a migrantes, hay que concluir que en su nombramiento y en lo que se espera de él hay una confluencia fácil de explicar: Satisfacer a independentismo catalán que sostienen al gobierno. Encarar el problema que produce la inmigración con las dificultades que soportan inmigrantes. Conciliar apuros e intereses para distribuirlos. Y complacer a Pedro Sánchez.
Ahora, se copan telediarios, se tapan responsabilidades y, como pantalla, aunque va implícita una incapacidad del departamento que se ocupa de la extranjería, se convoca la Nueva Comisión Interministerial de Inmigración que, saca de actualidad y noticia los intereses de Sánchez con sus coaligados y afines que buscan la independencia. En el contexto histórico, conjunto de circunstancias temporales sociales y culturales hay dos hechos importantes: El pacto migratorio de la UE que declara la maltesa Roberta Metsola con un importe de 600 millones de euros por año. Y la realidad obvia del momento que define el título Inmigración, Terrorismo, Amnistía y Sánchez.
