La decisión gubernamental de conceder indultos, a los condenados por sedición y malversación durante el proceso independentista del 2017 en Cataluña, es el pago de Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo parlamentario para poder seguir gobernando. El presidente lo presenta de otra manera, como un primer paso necesario para resolver la crisis catalana e identificando la aplicación de la ley como una venganza social.
Los secesionistas van por su lado ni solicitan el indulto ni se arrepienten, como señala la norma para concederlo, en su lugar repiten que lo volverán a intentar y lo aceptan graciablemente. Es decir, la gracia la otorga Junqueras, no Sánchez. La omisión por parte del presidente de respetar los requisitos legales, así como desoír al poder judicial convierte la prerrogativa de gracia que tiene el gobierno en un acto de arbitrariedad política y que nada tiene que ver con la solución de la crisis, pues las garantías de ese comienzo de arreglo no se ven por ninguna parte. Los secesionistas tienen como meta la independencia y Sánchez su continuidad en el cargo. El resultado de esta simbiosis si no lo remediamos es la balcanización de España.
El mecanismo ideado para hacer converger los intereses presidenciales con los de una minoría de catalanes secesionistas es la mesa de negociación. El presidente está dispuesto a dar un estatus de igualdad a la C.A. catalana con el Estado central, ello supone un reconocimiento que viola la C.E. ¿Quién representa en esa mesa a la mayoría que quiere seguir en España? Está claro que los secesionistas no pueden aspirar a ello, Sánchez tampoco. Nos encontramos así con una mesa que quiere decidir el futuro de Cataluña excluyendo a la mayor parte de su población. No se entiende que un partido tan “progresista” como el PSOE pueda respaldar esa deriva tan poco democrática.
La actuación del Consejo de ministros, en el caso de producirse los indultos con las premisas actuales y la mesa de exclusión, sería una acción arbitraria al no haberse sometido el gobierno al imperio de la ley, condición necesaria, sin excepciones, en un Estado de Derecho. La C.E. proclama que el ejercicio de la función ejecutiva y de la potestad reglamentaria por el gobierno se hará con arreglo a la Constitución y las leyes (artículo 97) y que la actuación de la administración pública deberá estar presidida, entre otros principios por el sometimiento pleno a la ley y al Derecho (artículo 103). Solo de esa manera cabe hablar de legalidad de los actos de los poderes públicos.
La Constitución también garantiza el principio de responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3). Su no observancia es una vulneración flagrante de la legalidad. También sabemos por la abundante doctrina y jurisprudencia que las ordenes ilegales no deben de ser obedecidas y bajo mi punto de vista Sánchez no ha bordeado la ilegalidad, sino que ha caído en ella de lleno. Por ello no goza de legitimidad para seguir por ese camino. Un candidato ganador en unas elecciones generales no está habilitado para salirse de la Constitución, por muchos apoyos parlamentarios que tenga. Si su acción es ilegal sus disposiciones son nulas de pleno derecho.
Se plantea en esta situación una cuestión interesante. ¿Debe el Rey firmar la concesión de los indultos? Mi opinión es que no. Decía más arriba que la actuación ilegal no debe de ser obedecida por ningún ciudadano, mucho menos por el jefe del Estado. Al llegar la petición para recabar su firma, si como he expuesto y también el TS son arbitrarias, puede devolverlas solicitando que las mismas se ajusten a la ley.
No es cierto que el Rey tenga que firmar todo lo que se le presente. Imaginemos que Sánchez solicita la pena de muerte para un ciudadano. ¿Quién defendería que el Rey firmara? Tanto el caso que estamos viviendo como el que he propuesto como ejemplo, son actos arbitrarios que se salen de la C.E. y violan no solo su letra sino también su espíritu, por lo que deben ser rechazados.
