Juristas de medio mundo estudian ya el caso español, dónde los beneficiarios de una medida de gracia modifican a su gusto las leyes y amenazan la gobernabilidad del Estado, si no se aprueban sus exigencias y el intento de secesión. Semejante dislate eleva la crítica en el partido en el poder, fractura a los votantes del Psoe y divide a la sociedad que, mayoritariamente (un 60%), continúa rechazando la medida de gracia al considerarla injusta, un privilegio y afectar, además, a la convivencia.
La conjura con la derecha
El último episodio tras el blindaje del perdón a los dirigentes catalanes del procés, lo protagoniza el barón más crítico del partido socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que afirma que su formación está a punto de “extraditarle”, por sus advertencias de haber situado al Psoe en el “extrarradio de la Constitución”. Su formación avisa a Page de haberse “pasado” muchas veces, y de estar “desbordando” el vaso, mientras de momento evita la adopción de medidas disciplinarias contra él. Ello no ha evitado el aluvión de reproches de ministros como Puente, Marlaska o Montero que le acusan de buscar notoriedad y un frentismo que hay que evitar. Mas comedida su correligionaria, amiga y ministra también, Isabel Rodríguez, se limita a decir que Page “tiene mucha tarea” que hacer en su región como el Gobierno la tiene en defender «el interés general».
Más recelo suscita el díscolo —y coherente— dirigente manchego por concitar la denominada conjura de Fitur, junto a tres presidentes autonómicos del Partido Popular para reactivar la Financiación Autonómica y acabar con la “infrafinanciación”. Page, Moreno, Mazón y López Miras reclaman 3.000 millones para hacer frente a una situación deficitaria de las CC.AA. que se prolonga desde hace una década. De ellos, 1.409 millones corresponderían a Andalucía, 1.148 a la Comunidad Valenciana, 405 para Murcia y 315 para Castilla-La Mancha.
El presidente manchego no hace otra cosa que seguir la estela crítica y reivindicativa de su mentor, el impertérrito José Bono, que impuso a los gobiernos de Felipe Gonzáles, el AVE en las cinco capitales, proteger las hoces del Cabriel y Cabañeros.
Todos amnistiados
La “normalización institucional, política y social en Cataluña” mediante la amnistía, finaliza su recorrido la próxima semana en el Congreso, antes de hibernar dos meses más en el Senado tras la cesión socialista al chantaje del independentismo para blindar su perdón. La medida de gracia diseñada por Puigdemont no sólo permitirá su regreso a España de forma inmediata, sino que abrirá la puerta para repetir como nuevo presidente de la Generalitat, aunque el Tribunal Supremo no aplique la Ley en un plazo de dos meses si decide recurrir al Tribunal de Justicia Europeo o al Tribunal Constitucional. El instructor del procés, Pablo Llarena, ya contempla dejar sin efecto la orden de busca y captura una vez que entre en vigor.
Los cambios pactados por PSOE y Junts aceptan una especia de terrorismo ‘humanitario’ al excluir del perdón solo los actos que hayan causado “de forma manifiesta y con intención directa violaciones graves de derechos humanos”, en particular los incluidos en el artículo 2 (el derecho a la vida) y 3 (el derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos”. Benefician así, a todos los implicados por delitos de terrorismo como los CDR —Comités de Defensa de la República, surgidos para defender la secesión tras el referéndum ilegal del 1-O— y de Tsunami Democràtic —plataforma para impulsar las protestas tras la sentencia del procés—, además del expresidente Puigdemont, refugiado en Bélgica y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ‘exiliada’ en Ginebra.
Gobernanza plurinacional
El presidente socialista y del Gobierno ofrece, además, un cambio en el modelo territorial para «cogobernar» con las CCAA y reducir el Estado al mínimo. Se trata de un decisivo paso adelante en el giro hacia un modelo federal impulsado por el Psoe en 2013, que ha ido evolucionando con la inclusión de términos como la “plurinacionalidad”, después la España “multinivel y moderna” hasta la Gobernanza plurinacional de 2024. Se trata de reducir el control del Estado mediante la “consolidación” del proceso de co-gobernanza con las comunidades. Sánchez propone el “refuerzo normativo, tanto a nivel constitucional como infra constitucional”, en el marco de colaboración entre instituciones para hacer efectiva la “corresponsabilidad de los entes autonómicos en la determinación de las políticas públicas, impulsando los mecanismos de cooperación vertical», entre La Moncloa y los territorios, y “horizontal”, entre las administraciones regionales entre sí. ¿Alguien da más?
Revisionismo colonial
Mas desconcertante es la propuesta del ministro de Cultura, en sede parlamentaria, para llevar a cabo un «proceso de revisión» de los museos con el que “superar el marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas”. Considera Ernest Urtasun que el colonialismo ha lastrado la visión del patrimonio, la historia y el legado histórico. El ministro sin corbata y descamisado que reivindica a su predecesor —comunista— Jorge Semprún reivindica la cultura como “antídoto contra la barbarie, garantía de una democracia plena, pilar de un proyecto europeo colectivo basado en los valores de la libertad y la fraternidad».
Un ilustre colega, Santi Trujillo, me recuerda que, entre los 36.000 tuits publicados por el ministro de la cosa en los últimos 12 años, solo hay cinco referencias a los libros, dos a las películas y ningún rastro de los conciertos, según constata Alberto Olmos en El Confidencial. Con semejante bagaje, cabría preguntarse si el titular de la casa de las Siete chimeneas sabrá lo que es un incunable o incluso qué lecturas habrá cultivado más allá se los opúsculos y panfletos doctrinarios para ilustrar la mente.
Ya se sabe que los políticos prefieren ser ministros de “cualquier cosa” como se sinceraba Iceta, incluso de Marina como en tiempos de Franco, sin tener en cuenta sus aptitudes o meteduras de pata, como citar a Sara Mago [sic], criticar los “insultos y soeces”, confundir un lustro con 50 años, equiparar los tribunales con el cáncer o volar a tiros la cara de un adversario.
Matemáticas socioafectivas
Para constatar que el nuevo gobierno se toma en serio la educación, el departamento de Pilar Alegría ha decidido primar a los profesores que impartan Matemáticas “socioafectivas” mientras estudia dar un complemento económico a los profesores que utilicen las nuevas metodologías de la Lomloe. La causa no es otra que demoledor informe PISA, que revela que el 37% de los estudiantes de 15 años sufren “ansiedad matemática” y no saben resolver las operaciones más básicas para desenvolverse de forma satisfactoria en la vida. El objetivo es incentivar el cambio metodológico en la enseñanza de esta materia y reforzar las asignaturas instrumentales, además de mejorar la comprensión lectora de todos los alumnos desde Primaria (seis y siete años) hasta 4º de la ESO. Bien está que los docentes impartan las clases de forma “más amena» y cercana” a las inquietudes diarias de los estudiantes.