Pedro Sánchez ya no pasará a la historia como el presidente que exhumó al dictador del Valle de los Caídos. Su preocupación por esculpir el epitafio de su propio mandato político se verá colmada tras la osadía —o miseria moral, según sus detractores— de conceder la amnistía y el perdón a los malversadores que conculcaron las leyes, intentaron lastrar la Constitución y dividir a España. Y ello, no por el «bien» de la patria ni su “conciliación” con Cataluña, sino para saciar una egolatría superlativa y consumar un nuevo mandato que se prevé incierto y convulso, con la división a cal y canto de la calle y del propio Parlamento.
La movilización ciudadana y el pronunciamiento de la judicatura suben de tono, a medida que el independentismo demora y humilla al Psoe en la negociación con Puigdemont, cuyas disparatadas exigencias inquietan a los socios de coalición al incluir los delitos de corrupción.
Nada es como empieza
Como recordaba el colega Jorge Sáinz, nada es como empieza sino como termina. Que se lo digan si no a un Suárez traicionado por su partido, a Aznar lastrado por la guerra de Irak o al también artífice de la Transición, el Rey Juan Carlos, víctima de sus negocios ocultos y devaneos sentimentales. A Felipe González le crecieron escándalos en su largo periplo como los GAL o la oscura financiación interna, tras haber cambiado un país sin que lo reconociera la ‘madre que lo pario’. Como los años y la historia no pasan en balde, nuestros líderes políticos deberían tener muy en cuenta el pasado para no ahogarse en los errores o sus ansias de poder.
Así, será difícil que no se juzgue a Sánchez como el presidente que faltó a la verdad de manera compulsiva, sin más ideología que la de sus propios intereses, capaz de entregarse al secesionismo catalán, dinamitando el espíritu de Montesquieu y el equilibrio de poderes constitucional. Los renglones torcidos en la biografía del presidente en funciones eclipsaran haber ganado la primera moción de censura de la democracia, encabezar el primer gobierno de coalición y haber desterrado a Franco de su panteón, en detrimento de un hiper liderazgo que abrasó su codicia política y personal. Por el momento, ya ha conseguido resucitar el golpismo, neutralizar y humillar a la justicia, degenerar la democracia y enfrentar aún más la convivencia en España.
Preocupación judicial y ciudadana
Una mayoría abrumadora de ciudadanos siente preocupación y zozobra por la deriva del chantaje de un prófugo de la justicia a las instituciones y las decisiones de nuestros gobernantes. Como el terrorismo vasco durante décadas, el independentismo catalán también tiene hoy sus imputados por violencia y rebelión, en las personas de Puigdemont y Rovira, máximos dirigentes de Junts y de ERC, además de otros ex altos cargos del Govern. La Audiencia Nacional investiga su participación en la plataforma Tsunami Democràtic cuya «finalidad» no era otra que «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar el orden público mediante la movilización social masiva».
El magistrado García Castellón, que recurrirá a la justicia de la UE si la futura ley de amnistía le obliga a dejar de investigar, cita como testigo a Arnaldo Otegui para «esclarecer» la planificación» de la plataforma antisistema. Algo que el ex presidente se la Generalitat califica, a su vez, de «golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir con sables o con togas».
La asociación mayoritaria de los jueces (APM) califica a su vez la ley del perdón como “el principio del fin de la democracia». Asegura la Asociación Profesional de la Magistratura que la norma pretende «romper» las reglas de la Constitución y «volar por los aires» el Estado de Derecho. También la mayoría conservadora del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado su rechazo a la ley que beneficiaría a los promotores y partícipes del ‘procés’ e incluso a quienes cometieron delitos de corrupción.
Movilización del PP
El presidente más controvertido de la democracia está a punto de enviar al Parlamento la polémica amnistía “por el bien de España”, como “única vía» para formar gobierno sin repetir las elecciones.
No lo ve así la oposición que considera el acuerdo con el secesionismo un fraude electoral. Según Feijóo, la amnistía dará un golpe a la independencia judicial, convertirá al Tribunal Supremo en represor, debilitará el Estado de las Autonomías y acabará con la igualdad de los españoles. El presidente del PP no tiene duda de que el independentismo saldrá reforzado para volver a echar pulsos al Estado. Abascal, por su parte, se compromete a hacer “todo” lo posible para evitar el “golpe” del presidente en funciones y que asuma las consecuencias penales de sus acciones. VOX reitera la ampliación de la querella presentada por la formación contra el jefe del ejecutivo por “conspiración para la rebelión”.
Con el aviso de “no nos quedaremos quietos”, la estrategia del PP pasa por fortalecer la posición en todos los frentes, incluida la calle, sin descartar las movilizaciones en todos los territorios. De momento, pospone la remodelación de su cúpula interna y orgánica, incluidos los portavoces parlamentarios del Congreso y Senado, hasta conocer el nuevo gobierno de coalición entre Psoe y Sumar. El posible adelanto electoral en el País Vasco lleva a mover ficha a los populares designando a Javier de Andrés como presidente de la formación con vistas a mejorar sus resultados.
Desgaste y rechazo social
No las tiene todas consigo el presidente en funciones, que asume que tales cesiones supondrán un enorme desgaste y el rechazo de buena parte de la población. No pocos cargos y militantes asumen también que la abdicación frente a Carles Puigdemont “es una vergüenza” y ha ido demasiado lejos”. De ahí su exigencia de cerrar un acuerdo de legislatura para dar estabilidad, que el secesionismo, tanto ERC como Junts, solo se compromete a apoyar con dos presupuestos. La ley de Amnistía abarcará los diez años de desarrollo del procés, desde 2013 y la preparación de la consulta soberanista hasta hoy, y beneficiará a los procesados e investigados por todas las causas, incluidas las imputaciones de corrupción y terrorismo de Tsunami Democrático y los comités de Defensa de la República (CDR).
Blindaje del Congreso y bloqueo del Senado
La tenebrosa y oscura negociación no deja nada al azar, al incluir un elemento esencial para evitar sorpresas jurídicas en el Congreso: la designación de un letrado mayor fiel a la causa socialista en la persona de Fernando Galindo. El hasta ahora subsecretario del Ministerio de Política Territorial —relevado con urgencia— debe pronunciarse sobre la idoneidad de la Proposición de ley de amnistía para su tramitación, una fórmula que al no ser un Proyecto legislativo del gobierno evita los preceptivos informes de órganos constitucionales como el Consejo del Poder Judicial, Consejo de Estado y Consejo Fiscal. Para evitar suspicacias, hasta la pareja del nuevo Letrado mayor de la cámara, Mercedes Cabrera, también asesora jurídica, ha tenido que cesar como directora general de Relaciones con las Cortes por evidente incompatibilidad entre ambos puestos.
En su estrategia parlamentaria de oposición, la mayoría del PP en el Senado suprimirá la urgencia legislativa de tramitación de la norma de 20 días, al reformar el artículo 33 del Reglamento con lo que retrasaría hasta dos meses su seguro rechazo y devolución desde la cámara alta al Congreso.
Podemos corta el yugo de sumar
El cisma en la multiformación de Yolanda Díaz se consolida antes de arrancar la legislatura con la proclama de Podemos de haber frenado en seco la “operación para sustituirnos por una izquierda servil» y su decisión de situarse como fuerza política autónoma, con «voz propia». El partido de Ione Belarra —que apura su mandato ministerial— rechaza la doble militancia con la advertencia de que «en ningún caso se disolverá en otra fuerza”. Así, abre la puerta a un giro profundo en el desarrollo de la legislatura y su relación con la izquierda. La primera decisión para recuperar la autonomía será concurrir por separado a las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 —adelantada por este cronista— con Irene Montero como candidata y cabeza de lista.
Rebelión autonómica del PP
La comunidad de Castilla y León se convierte en la primera región que activa la rebelión judicial contra las cesiones a Cataluña y la condonación de su deuda. El popular Fernández Mañueco advierte que será tajante contra el gobierno al recurrir la ley del perdón ante el Tribunal Constitucional. El presidente castellano lidera la iniciativa contra los abusos de poder de por “compraventa y estafa de cesiones inconstitucionales y el cambio de votos por impunidad”.
