¿Plena representación del pueblo? ¿Control al Gobierno? ¿Fortalecimiento de la separación de poderes? ¿Limitación de las tentaciones autoritarias de los Ejecutivos? ¿Mejor y más democracia? Son algunas de las razones esgrimidas por quienes se han pasado años denunciando la pérdida de protagonismo del Parlamento y la creciente acumulación del poder en el Ejecutivo. Y muchos de los denunciantes eran de izquierdas. Hasta que ha llegado la brutal crisis del Covid-19 y este Gobierno de izquierdas se ha encontrado muy satisfecho y muy cómodo con un Parlamento devaluado. Con un Partido Socialista y una extrema izquierda que han accedido a regañadientes a la reapertura a medio gas del Congreso por la presión del Grupo Popular y de la opinión pública.
Cierto que la crisis sanitaria es de una brutal magnitud y sin precedentes cercanos, lo que obligó en un primer momento a un cierre repentino y desordenado del Congreso. Varios casos de contagios entre los diputados precipitaron medidas drásticas ante lo desconocido. Pero en pocos días pudimos comprobar que la izquierda aprovechó ese cierre para limitar el control del Gobierno, con la supresión de las sesiones de control, con la suspensión de plazos y con el rechazo a la propuesta del PP de una Comisión de seguimiento transversal de la crisis, entre otras acciones. La crisis sanitaria, la causa en el origen, fue convertida en la coartada para devaluar la acción del Congreso. De la misma manera que la crisis fue usada, sigue siendo usada, para limitar la plena capacidad de los medios de comunicación en las ruedas de prensa del Gobierno.
El artículo 116 de la Constitución deja muy clara la plena vigencia del Congreso y del principio de responsabilidad del Gobierno durante el estado de alarma, pero lo cierto es que eso está lejos de cumplirse. Y sin que las razones sanitarias sean suficientes para explicarlo. De hecho, ha sido la presión del Partido Popular la que consiguió a principios de abril la vuelta de las sesiones de control al Gobierno y la reactivación de las Comisiones.
Recuerda reiteradamente el Tribunal Constitucional que “en un sistema basado en la centralidad parlamentaria, las Cámaras tienen, por definición, una posición preeminente sobre el poder ejecutivo”. Porque, según los arts.1.2 y 66.1 CE, las Cortes Generales representan al pueblo español del que emanan los poderes del Estado.
Pero el Gobierno Sánchez-Iglesias quiere un Congreso dócil, invisible, y para ello utiliza su control a través de una deformada proporcionalidad de la representación de sus grupos de apoyo en la Mesa, que impide que los representantes de los ciudadanos puedan objetar de forma eficaz y eficiente otras alternativas o propuestas de mejora para la gestión de la crisis en un funcionamiento parlamentario pleno. Resulta incomprensible que el Grupo Popular haya tenido que emplear tiempo en luchar por la consecución de lo que es una obviedad constitucional. A pesar de los avances, sigue el maquillaje para ralentizar su funcionamiento con interpretaciones incoherentes del reglamento, el diseño de anómalos órdenes del día de Pleno, con respuestas del Gobierno a las preguntas escritas de los parlamentarios que son un insulto a la inteligencia o con el desprecio a la Comisión Constitucional, comisión competente en la declaración del estado de alarma, incumpliendo el propio Real Decreto 476/2020 en la remisión de la información preceptiva a este órgano parlamentario que no tiene los instrumentos debidos para ejercer su función. Resulta injustificable que la Comisión Constitucional sea la última en reunir su mesa, la junta de portavoces o en impulsar las comparecencias, a pesar del papel que reglamentariamente tiene atribuido.
Sin ruborizarse, el PSOE y su socio de gobierno bloquean la comparecencia de altos cargos del Ministerio de Sanidad y arropan las negativas de comparecencias por videoconferencia de Rosa María Mateos, para explicar su desastrosa gestión en Televisión Española, y de Tezanos, para dar cuenta de tanta manipulación en un CIS absolutamente desprestigiado. Y, a modo de guinda de las últimas horas, aprueban una desescalada instalados en una prórroga continuada del estado de alarma, ignorando las propuestas de los Presidentes autonómicos y sin hablar previamente con la oposición, a la que sólo piden silencio y acatamiento en aquello que el Presidente “declama” como unidad y lealtad.
Seguimos reivindicando la importancia de un Parlamento abierto y activo, porque un estado de alarma no puede sustituir sus funciones legislativa y de control. El Gobierno no puede convertirse en legislativo. En una situación tan dramática, nos hemos encontrado con un Gobierno de izquierdas que se encuentra cómodo en la declaración de un estado excepcional porque, aunque no gestiona y carece de liderazgo en los temas esenciales que ha asumido con poderes máximos, deforma hasta la inconstitucionalidad el uso de los Reales Decretos Leyes (desde junio de 2018 ha aprobado 59); encuentra el momento propicio para incorporar sin debate en ellos, cuando no en Órdenes ministeriales, cuestiones no urgentes y cuestionables o que no incorporan medidas para la crisis sanitaria, quizá fruto de esa agenda oculta pactada que nunca enseñó.
¿Cómo explicar la disposición que abre a Pablo Iglesias la puerta del control del CNI; el cambio del sistema de clases pasivas de los funcionarios; la ambigüedad de la norma que autoriza a las administraciones a ocupar viviendas privadas; o la alteración de aspectos esenciales de la Ley orgánica educativa para implantar una nueva tipología de aprobado general mediante una promoción por encima de los suspensos?
Son ejemplos que ilustran un patrón de actuación de un Gobierno con modales y gestos autoritarios que preocupa cada día más. Lean, por favor, la famosa Orden SND/370/2020 sobre los desplazamientos de los niños. Nos recorrió un escalofrío por el lenguaje empleado: “desplazamientos permitidos”, “lugares permitidos”, “se habilita a circular”. Siempre pensamos que nuestros hijos no tendrían que ver nunca más en este país algo semejante.
El científico Manuel Barbacid ha planteado dos preguntas muy pertinentes estos días: “¿Cómo es posible que en estos tiempos los principales centros de investigación biomédica estén cerrados? ¿Acaso la investigación biomédica no es una actividad esencial?” Sumándonos a su preocupación, es la pregunta que también nos hacemos muchos diputados. En esta terrible crisis sanitaria y económica, que también lo es política, ¿cómo es posible que el Congreso no funcione a pleno rendimiento? ¿No es el Congreso una actividad esencial?
María Jesús Moro y Edurne Uriarte.
Portavoces de Universidades y Constitucional del Grupo Popular en el Congreso
También es lamentable que el PP haya impedido la presencia de la tercera fuerza política en la Mesa del Congreso o que esté aceptando sin condiciones las medidas por medio de Decreto/Ley para la prórroga de una situación que roza lo inconstitucional y solo busca el ganar tiempo. Quizás sería conveniente también algo de autocrítica del PP. No digamos de Cs rendido también incondicionalmente.
Un saludo.