A estas alturas de los acontecimientos nadie puede negar la imperiosa necesidad de encauzar o reajustar la organización política y administrativa del estado español o, lo que es lo mismo, el sistema autonómico.
Nacido desde el intento de incorporar viejas aspiraciones nacionalistas a la vida política española en la Transición, ha demostrado ser un fiasco, un error de colosales dimensiones, sustentado por el propio texto constitucional. Algo que ha tenido que ver con la necesidad (o no) de apoyo parlamentario de los distintos gobiernos de España.
El sistema electoral premiaba tales nacionalismos (considerados moderados), con una representación parlamentaria que, en justicia, no les corresponde y que es un agravio comparativo inconstitucional, que viola el principio de “igualdad” del artº 1º.1. de la C.E. Tal situación ha venido provocando no pocos quebraderos de cabeza al propio Tribunal Constitucional a lo largo de los años de la citada Transición, sobre todo con la aprobación de los estatutos que fragmentaban la unidad política de la nación española.
Pero el sistema autonómico no venía a servir los intereses generales de los españoles, sino a los intereses de una clase política necesitada de cargos y prebendas con que consolidar el sistema de partidos. Estos se multiplicaron al igual que se multiplicaban innecesariamente toda clase de órganos administrativos e incluso mercantiles, donde se iban instalando los “partidarios” de una u otra formación política o sindical, al mismo tiempo que los presupuestos públicos, los empleados públicos y los impuestos a los contribuyentes aumentaban de forma exponencial. Sólo hay que comparar el presupuesto de los años 80 con los actuales.
Tampoco la calidad del servicio público justifica tales dispendios. Tanto los más esenciales como los considerados secundarios, no han cambiado sustancialmente la percepción del ciudadano (salvo quizás en infraestructuras, unas necesarias y otras arbitrarias que constituyen un auténtico despilfarro), a lo que debemos añadir las muchas “externalizaciones” o contrataciones privadas de servicios públicos que también cuelgan de los presupuestos (de nuestros impuestos).
Si a todo ello le añadimos el tratamiento desigual de servicios públicos y la multiplicación de requisitos administrativos a los ciudadanos, vemos que nada justifica el mantenimiento del actual sistema autonómico, en contra de la opinión “partidaria” que, además, no nos representa en muchos aspectos. Una cosa es que se mantenga la descentralización de la gestión pública para hacerla más próxima a los ciudadanos y otra muy distinta es que se mantenga la titularidad y disparidad de competencias autonómicas con los agravios y conflictos que esto supone.
Pero nada de esto parece percibirse desde la clase política actual con miles de cargos repartidos en gobiernos autonómicos, con millones de empleados públicos que, en muchos casos, se limitan a tramitar los contratos de externalización de servicios que les corresponden, con una deuda pública galopante, con un panorama económico basado en el sector servicios y con la sombra del desempleo en forma permanente sobre los que no tienen el puesto público vitalicio o no entran por las “puertas giratorias”.
Ha llegado el momento pues de hacer un necesario y urgente reajuste de la situación pero, para ello, debemos retrotraer la misma al sistema básico de lo que se pretendía inicialmente: descentralizar la gestión. Esto es: la reforma de la actual constitución en profundidad. No sólo en lo que se refiere al título VIII, sino en todo su articulado.
El aula política del Instituto de Estudios para la Democracia del CEU, publicó en el año 2013 un texto titulado “Recuperar España. Una propuesta desde la Constitución” que pretendía buscar una salida al problema de las comunidades autónomas, a través de una reforma de la constitución actual. Otras muchas voces se han pronunciado sobre la necesidad de actualizar y mejorar el texto actual y evitar interpretaciones, modificaciones y violaciones del mismo. Pero la fuerza “partidaria” se impone sobre el sentido común y los intereses de España.
Por eso la única propuesta conocida, viene de una fuerza política emergente que rompe con todo ello. Que viene a revolucionar de verdad el sistema político actual con propuestas que gustarán más o menos. Más a los ciudadanos, menos a la “casta” política (así bautizada por quienes querían serlo). Por eso se los descalifica desde todos los ámbitos y, lo que son propuestas desde el sentido común, se las trata de encasillar ideológicamente.
La cuestión básica es la recuperación de la titularidad de competencias desde el Estado. Es el Estado quien tiene que organizarlas, coordinarlas y cederlas en los casos que crea oportuno. Dicha cesión no puede ir más allá de la mera gestión de las mismas por las comunidades autónomas, siempre subordinada a los intereses generales del Estado. Y el Estado somos “el pueblo español del que emanan los poderes…” (artº 1º.2.-C.E.). Es ese pueblo español el que, a través de un referéndum, puede decidir la necesaria reforma constitucional en principio y, es ese mismo pueblo español el que debe marcar las líneas básicas de dicha reforma:
- La primera de ellas es la organización del Estado. (autonomías)
- La segunda es el sistema electoral más justo de representación política.
- La tercera es la verdadera separación de poderes y sus competencias.
- La cuarta es el reajuste del ordenamiento jurídico del estado en su totalidad.
- La quinta es el reajuste de las AA.PP., etc, etc…
Por eso no podemos aceptar el cómodo “no se puede”, sino que debemos seguir creyendo que, si se quiere, se puede. Todo lo demás son fuegos de artificio para distraer de lo más esencial de la vida política de los españoles.
