Como si de un oráculo se tratara, una buena parte de los ciudadanos espera el mensaje que el rey Felipe VI lanza a través de la televisión pública, tratando de desentrañar significados de palabras, gestos y hasta silencios, que orienten a una sociedad llena de incertidumbres y sumida en el caos.
Pero nada de eso se produce. Antes, al contrario, el discurso da lugar a diversas interpretaciones parciales o totales de las palabras del monarca. Casi todas ellas interesadas en unos u otros conceptos del mismo. Quizás por eso el mensaje ha perdido -según parece- 700.000 espectadores. Ya no interesa a una buena parte de los españoles. Y habría que preguntarse porqué.
Cabría pensar en el significado del discurso en sí. Si se trata de un discurso navideño relacionado con las familias, los problemas sociales, etc. o si se trata de marcar en el mismo unas líneas políticas relacionadas con su función de Jefe del Estado. En el primer caso, se requeriría un ambiente más festivo e íntimo, en el segundo un ambiente institucional y funcional que no puede brindar el Palacio de la Zarzuela.
En el discurso de este año parecía referirse más a la situación política que vivimos (“Es a la Constitución y a España a lo que me quiero referir, conscientes de nuestra realidad histórica y actual, de nuestra verdad como nación”), más que un acercamiento personal y familiar a los conciudadanos. Lo ha hecho además serio y rígido, sin concesiones a la más leve sonrisa o ademán relajado. Las cosas pintan mal, muy mal para la nación y el estado que la vertebra y ya es demasiado tarde para intentar mover el timón y evitar la deriva imparable del navío. La nación se rompe en medio de tensiones artificiales provocadas por quienes deben salvaguardarla, en beneficio de intereses geopolíticos de más allá de nuestras fronteras. Los estados-nación sólidos y cohesionados son obstáculos en los intereses de el “Gran tablero mundial”. Por eso deben desaparecer.
“La unión debe descansar sobre todo en valores democráticos: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”. Para ello deberíamos ser una democracia real donde la soberanía pudiera elegir y rechazar su propia representación política, deformada tanto por los intereses partidarios, como del propio sistema electoral o la calificación ideológica del estado: “social y democrático de Derecho”.
“Fuera del respeto a la Constitución, no hay democracia, ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición, no hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad”. Totalmente de acuerdo. la Constitución es fuente del Derecho y todo Derecho que no se ajuste como un guante a la letra y el espíritu constitucional, es nulo e inaplicable. Pues bien, desde hace muchos años la Constitución ha venido siendo modificada por los gobiernos de turno, con leyes que la violaban y que, como se ha establecido recientemente, son abiertamente inconstitucionales aunque fueran sancionadas y difundidas desde la propia Jefatura del Estado y aplicadas por el mundo judicial.
“Cada institución, empezando por el Rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente corresponda, ejercer las funciones que le están atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes…” De nuevo nuestro total acuerdo, pero… ¿quién es el responsable de “arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones”? (artº 56.1 C.E.). La Jefatura del Estado. Si no se ejerce pierde su sentido. Para ello el rey/jefe del estado recibe en el artº 62 de la Constitución, toda una serie de funciones que le corresponden. La primera de ellas es “sancionar y promulgar las leyes” (se supone que constitucionales).
¿En qué consiste ese arbitraje y moderación del funcionamiento regular institucional? En la vigilancia permanente del equilibrio de poderes, sin permitir que unos prevalezcan sobre otros o que alguno de ellos tenga la pretensión de colonizar al Estado en su conjunto. El legislativo debe nacer de una representación real y no discriminatoria de los electores (como es el actual sistema electoral), para poder responder a la confianza de la soberanía nacional. El ejecutivo responde ante el legislativo y el judicial aplica las leyes (que sean constitucionales).
En los momentos actuales en que la confusión de poderes está dando lugar a un estado dominado de una u otra forma por el gobierno de turno, es hora de preguntarse si debemos revisar y ajustar el texto constitucional, poniendo en valor aquello que se nos ha escamoteado interesadamente, colocando en su lugar preciso aquello en que nos hemos equivocado y recuperando el sentido de lo que verdaderamente importa: la convivencia de todos en una nación singular, fuerte, con capacidad para sobrevivir a las circunstancias adversas que puedan presentarse (que cada vez son más).
Es una tarea de todos y cada uno de nosotros, recuperarnos como personas y como sociedad, pero hay una enorme responsabilidad institucional que es preciso analizar, para poder decidir sobre los poderes del Estado.
