El independentismo catalán se jacta de haber impuesto al Gobierno una amnistía integral para borrar doce años de delitos, impunidad y rebelión contra el Estado y, además, presume de preparar su próximo objetivo: “no parar hasta conseguir la autodeterminación”. En su estrategia hasta la humillación total de Pedro Sánchez, Puigdemont vuelve a desestabilizar la Legislatura al provocar el adelanto electoral en Cataluña, dinamitar los presupuestos del Estado y allanar su propio futuro judicial.
Los primeros cien días del ejecutivo de coalición se han convertido ya en tres meses de tormento para el inquilino de la Moncloa cuya desesperación para mantenerse en el poder no tiene límites. El líder de la oposición, Núñez Feijóo, augura que la medida de gracia y los comicios catalanes marcaran “el inicio del final del Gobierno”, algo que no ve así el Ejecutivo, que insiste en la estabilidad tras la convocatoria de las urnas, y en que el Parlamento “agotará sus tiempos”. Para el ministro de Transportes la situación no solo es “perfecta”, sino “estupenda”.
El ex presidente fugado prepara su regreso impune y libre de cargos, con posibilidad de estar presente en la investidura del nuevo ejecutivo catalán, aunque para ello necesita que la amnistía entre en vigor antes de designar al próximo presidente de la Generalitat. Jueces y tribunales deberán resolver la aplicación de la ley de forma “preferente y urgente”, con un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. Las exigencias incluidas por Junts y ERC pretenden limitar el margen de los jueces frente a la ley. En particular, que la posibilidad de enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE ralentice los beneficios de los amnistiables.
Amnistía con rechazo social e institucional
La Ley Orgánica de la amnistía para la “normalización institucional, política y social de Cataluña”, —que ni el propio Sánchez tiene el coraje de defender en el Parlamento, además de renunciar a los PGE—, se encuentra ya en el Senado, donde hibernara durante los dos próximos meses antes de su rechazo por la mayoría del PP y su devolución a la Cámara baja, para su refrendo final no antes de junio. Una mayoría suficiente de 178 votos de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y BNG, por 172 en contra, consigue también el apoyo del ex ministro e integrante del grupo Mixto, José Luis Ábalos, tras alinearse con sus antiguos correligionarios lo que quede de legislatura. Feijóo se compromete a derogar la medida de gracia, pese a admitir que no se pueda invalidar una vez concedida a los líderes secesionistas. Insiste en que la ley es inconstitucional y en el
convencimiento de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “no la va a validar. El independentismo, por su parte, avisa de que la amnistía es más que necesaria, pero no suficiente, advirtiendo también que no parará hasta lograr el referéndum de “autodeterminación”.
Jueces, fiscales, abogados del Estado, interventores, tesoreros de la administración y hasta inspectores de Hacienda, se organizan por primera vez en un frente común contra la norma, para concienciar a la ciudadanía sobre la “gravedad de la situación y la quiebra del Estado de Derecho”. Ocho asociaciones, que representan a más de 4.000 altos funcionarios, se unen para alertar sobre los peligros de la aplicación de la ley. La plataforma funcionará al margen de cualquier partido, como una iniciativa puramente profesional sin conexiones políticas.
Del ‘lawfare‘ a Pujol, Boye o Borràs
La amnistía deja fuera el supuesto ‘lawfare‘ y los delitos de blanqueo, organización criminal, infracciones contra Hacienda y falsedad documental. Tampoco ampara el procesamiento contra el abogado del ex presidente catalán, Gonzalo Boye; la condena de la presidenta de Junts, Laura Borràs; o el procesamiento del clan Pujol. La ley incluye los delitos relacionados con los 12 años del ‘procés‘, dejando fuera los ilícitos como el blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y falsedad documental, así como cualquier acto cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y hasta el 13 de noviembre de 2023.
El Parlamento entra en barrena
Mientras Europa se rearma por fin, ante las amenazas nucleares del mayor déspota y sanguinario desde la segunda Guerra mundial, nuestra clase política entra en barrena con enfrentamientos y descalificaciones que suben de tono para convertir el Parlamento en un completo barrizal. Sánchez y Feijóo, presidente y líder de la oposición, junto a sus respectivos ministros y guardias pretorianas, llegan al escarnio personal utilizando a las parejas, cónyuges, novios e, incluso a las víctimas del terrorismo y el narcotráfico, a cuenta de la amnistía, la pandemia o la corrupción.
El Caso Koldo, el asunto Ábalos, la cuestión Ayuso, las ramificaciones Cueto, Aldama, Delcy o el guardia civil Rodríguez de enriquecimiento personal, se suman a las cinco comisiones de investigación en el Congreso y el Senado, cual elementos de la estrategia de guerra y debate argumental en los que se multiplican (des)calificativos como “hedor”, “podredumbre” o “chorizosfera”. Todo vale para con tal de ser utilizado como ariete contra el adversario político y el rival.
De Díaz Ayuso a Begoña Gómez
El jefe del ejecutivo recrimina a Feijóo su «amistad» con el narcotraficante Marcial Dorado -y sus «cinco años de estrecha amistad»- después de exigir la dimisión de Díaz Ayuso por el presunto fraude fiscal de su pareja. El presidente del PP, por su parte, amenaza con una «oposición no menos implacable contra la corrupción» que la que el dirigente socialista ejerció hace cinco años para derribar a Rajoy. Feijóo lleva además al jefe del Ejecutivo ante la Oficina de Conflicto de Intereses para dictaminar su “responsabilidad” y una posible inhabilitación de entre 5 y 10 años, por no ausentarse del Consejo de Ministros que aprobó el rescate millonario de Air Europa, pese a que la compañía tenía «vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer», Begoña Gómez.
Ministros y diputados de ambas bancadas tampoco bajan el diapasón argumental al acusar al PP de “estirar la mano y robar la cartera» en plena pandemia, —según la titular de Sanidad, Mónica García; o la denuncia del parlamentario canario Asier Antona de que “todos los casos de corrupción» del PSOE «acaban entre borracheras, drogas y prostitución» desde los ERE de Andalucía o el asunto Berni. El líder de Vox, Abascal, acusa a Sánchez de ser el “capo” de la trama de corrupción, mientras la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, avisa de que «lo que toca en España es tomar medidas contra la corrupción”, venga del partido que venga para no contribuir a la desafección ciudadana.
El CIS encumbra al PP
El CIS de Tezanos dispara casi tres puntos al PP (34%) por encima del PSOE (31,3%), que retrocede en intención de voto en su primer barómetro tras el caso Koldo y pasa factura a los socialistas. Vox (9,9%) se mantiene como tercera fuerza política por delante de Sumar (9,1%), con Podemos (2,7%) en caída libre. El sondeo también registra un vuelco en la mayoría de los bloques de izquierda y derecha que sitian a PP y Vox con una intención de voto del 43,2%, frente al 40,5% de PSOE y Sumar. Un 22,2% de los votantes del PSOE advierte que votará «a otro partido o coalición diferente». Feijóo pasa a ser el líder mejor valorado, con 4,22 puntos, superando tanto a la vicepresidenta Yolanda Díaz (4,11) como al presidente Pedro Sánchez (4,10).
