La Amnistía que borra los delitos del procés y sostiene a Pedro Sánchez en la Moncloa con los votos del independentismo, es solo el primer paso de los partidos soberanistas que preparan su próximo asalto al Estado con la satisfacción de haber conseguido la “primera derrota del régimen del 78”, sin “arreglar” el problema catalán. Así opina la portavoz de Junts en el Congreso, Mirian Nogueras, con la amenaza del siguiente paso que será la celebración de un “referéndum de independencia”, mientras el jefe de filas de ERC, Gabriel Rufián, hace un llamamiento para unir el secesionismo por encima de las luchas partidistas. Ambos portavoces aseguran tener claro que la independencia depende “solo del pueblo de Cataluña”.
Colaborador necesario para consumar la mayor ruptura democrática dese la Transición –sin dar la cara para defender la ley y evitar las hemerotecas–, no es otro que el presidente de un Gobierno sostenido por hasta siete formaciones, a quien el líder de la oposición acusa de practicar la “corrupción política”, convencido de haber asistido al “acta de defunción del Psoe”, que incluso puede significar “el fin de la legislatura”. Se pregunta Feijóo cuánto valen los españoles para Sánchez, al tiempo que le pide la convocatoria de elecciones y escuchar a los ciudadanos lo que opinan del “fraude electoral”. El presidente popular advierte que la historia será más “generosa” con Lambán, el solitario barón socialista que se negó a votar el perdón en el Senado, refrendada finalmente por 177 votos frente a 172 en la cámara baja, donde hasta tres diputados socialistas negaban su aplauso a tan pírrica victoria. Las dos caras del mismo procés que llego a proclamar una efímera independencia catalana, tanto Junqueras como Puigdemont, estallan de júbilo y hasta pretenden celebrarlo en el bar privado del Congreso -caso del líder de republicano- de donde fue expulsado al estar reservado solo para diputados y senadores.
Tiempo para los Tribunales y recurso judicial
El “Partido Judicial Español”, como denomina y denigra el republicano Rufián, se pone en marcha dispuesto a revisar la aplicación de ley de Amnistía tan pronto sea publicada en el BOE.
Los primeros en actuar han sido los fiscales del ‘procés’, tras defender que no es aplicable a ninguno de los líderes secesionistas por malversación, delito que la Unión Europea prohíbe eliminar desde 2017 al atentar contra los intereses financieros de la UE. Los fiscales del Supremo tampoco ven viable levantar la orden de detención contra Puigdemont, lo que puede truncar los planes del ex presidente fugado de retornar a Cataluña tras el 9-J y presentarse a la investidura a presidente de la Generalitat. La amnistía si sería aplicable a otras figuras delictivas como la desobediencia o los desórdenes públicos.
La presidente madrileña Díaz Ayuso, por su parte, abre la vía judicial del PP contra la amnistía tras anunciar un recurso ante el Tribunal Constitucional al que seguirán otras autonomías populares como Valencia, Andalucía, Extremadura, Murcia, Aragón y Castilla y León. La estrategia es presentar los recursos de inconstitucionalidad, después de que los tribunales afectados planteen las primeras cuestiones prejudiciales ante el TJUE, por suponer un «atentado a la Constitución y la igualdad de territorios y personas”.
La bronca
El debate de parlamentario provoca la mayor escalada de gritos e insultos en la cámara, con improperios de «neofascista» y «filonazi» del socialista Artemi Rallo a Vox, y la respuesta de “traidor y corrupto” por parte del partido de Abascal. Este último, denuncia una ley «corrupta» pensada para «legitimar la violencia política y la permanencia de Sánchez en el poder». El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, acusa a su vez a la derecha de dedicarse al «golpismo blanco» y de estar «fanatizada». Ni siquiera un “basta ya” de la presidenta del Congreso, Francina Armengol se ve capaz deparar un “espectáculo que la gente no se merece”.
El chapapote salpica al Gobierno: casos Koldo y Begoña
La lluvia fina con que comenzó la inestable y bronca legislatura -la más enfrentada de las 15 desde la restauración de la democracia- se ha convertido en un auténtico vendaval, cuando no en ciclón y tornado a la vez, que no tiene pinta de amainar. Al contrario, el tifón podría prolongarse todavía muchos meses más a juzgar por el enconamiento total de gobierno y oposición. El mutuo desprecio del presidente del ejecutivo y el líder de la oposición solo tendrá un punto de retorno con la convocatoria de elecciones, cuando aún no ha concluido el primer año del trabajo de las Cortes generales. La bancada popular no se cansa de pedir la dimisión de Pedro Sánchez, tras la «condición procesal de investigada» de su mujer en las diligencias que el juez instructor vincula con “delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”, mientras el propio Sánchez y el gobierno en pleno acusan a Feijóo de estar situado en el “fango y más fango» y además ser “esclavo” de sus pactos con la ultraderecha. El presidente del PP acusa a La Moncloa de estar “investigada por corrupción”, además de usar al pueblo palestino y la situación de Israel para evitar las explicaciones sobre la pareja del presidente.
Caso Begoña
La investigación de sobre la mujer del presidente aflora nuevos datos que indican la existencia de reuniones con altos cargo de empresas como Indra, Telefónica y Google, para desarrollar sin coste un software de sostenibilidad para el máster de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense. La información de El Confidencial, confirma la participación en esta herramienta, denominada Proyecto Transformación Social Competitiva-Plataforma de Impacto Social, con un coste para las compañías de al menos 150.000 euros, que ni la Universidad Complutense ni Begoña Gómez abonaron. Fuentes gubernamentales descartan cualquier conflicto de intereses por tales convenios suscritos entre las compañías y el máster de Begoña Gómez que asumieron otros responsables de la universidad.
Emerge el caso Koldo
El caso Koldo, a su vez, emerge de nuevo tras la decisión de la Fiscalía europea de asumir toda la causa en sustitución de Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para investigar incluso nuevos contratos del ministerio de Transportes con constructoras y los indicios en la relación del ex asesor de Ábalos con otros empresarios. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil aporta un informe que asegura que el exministro tenía “conocimiento” de los contratos investigados por la Audiencia Nacional al haber sido informado mediante correos de su “cuenta personal”. Además, la UCO revela gestiones del excoordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Antonio Fernández, para beneficiar a su empresa con el supuesto contacto del presidente de Adif. La Fiscalía Europea ya ha asumido una parte de la investigación de este caso, en el que se encuentra imputado el comisionista, Víctor de Aldama, quien llegó a reunirse con Begoña Gómez y con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. La Fiscalía Europea acordó abrir una investigación en por el posible uso de fondos de la UE en la compra de material sanitario por los Gobiernos de Canarias y Baleares.
Chapapote político
Semejante chapapote político ha conseguido superar con creces el vertido petrolero de ‘chapapote’ que enfangó las costas gallegas en 2006 tambaleando al entonces presidente Rajoy. El dirigente popular intento minimizar la mayor catástrofe ambiental ocurrida en España tras restar importancia a los “hilillos” de crudo que acabaron con la fauna piscícola y la flora local durante años.
