Aseguraba Vaclav Havel, que «no es verdad que solo las personas sin sensibilidad, cínicas, arrogantes o altivas pueden tener éxito en la política», lo que ocurre, según el activista y escritor que llegó a presidir la antigua República checa, es que la política «atrae» a este tipo de personas al «tener la tentación de progresar por medios deshonestos». Lo que el benevolente intelectual consideraba una actividad en la que la demanda de “integridad” debe ser mayor para soslayar el “recurso a las mentiras o a las intrigas”, no cesa de repetirse a lo largo de la historia con funestas consecuencias para las instituciones y sus servidores públicos.
Que se lo digan al tal Koldo García, y a su protector, el ex ministro José Luis Ábalos, que han conseguido poner en entredicho y patas arriba la gestión del gobierno de coalición en sus apenas tres meses de existencia, así como al partido que lo sustenta, por el mayor caso de malversación de los últimos años que la oposición prevé investigar a fondo en el Senado.
Cien días de inestabilidad
Los primeros 100 días del segundo ejecutivo de Sánchez se han convertido ya en un tormento por su empecinamiento en mantenerse en el poder a toda costa. Son los efectos de querer gobernar en minoría con el apoyo de hasta siete partidos, empeñados en obtener rédito político, económico e institucional para las sus intereses y las de sus respectivos territorios. Por si ello fuera poco, la causa abierta por el Tribunal Supremo al expresidente Puigdemont por terrorismo, también complica -y mucho- la concesión de su amnistía por parte del gobierno de Sánchez. El Alto tribunal enmienda la plana a la Fiscalía General del Estado al considerar que los hechos que se imputan a ‘Tsunami Democràtic’ durante el procés se incardinan en el delito de terrorismo callejero. Tanto la Generalitat como los partidos independentistas de Junts y ERC arremeten contra el TC acusándolo de judicializar la política. El Ejecutivo socialista tiene menos de una semana para cerrar el acuerdo que deberá refrendar el Congreso, para su tramitación posterior en la cámara alta.
Disolución del ‘sanchismo’
De poco ha servido la “insufrible” presión de Sánchez para conseguir el destierro de su alter ego y antiguo correligionario de la ejecutiva socialista, con la advertencia de que “quien la hace la paga, caiga quien caiga”. El ex ministro que destapó las esencias democráticas contra la corrupción, ya está apercibido de expulsión tras abrirle juicio sumarísimo con el aviso de que en el Psoe “no caben corruptos”. Lejos de achantarse, Ábalos -a quien el juez califica como ”intermediario” de la trama de las mascarillas- abre un frente en el socialismo después de asegurar que defenderá su honor y obligará «a mirarle a la cara” a quienes pretenden echarle. “Ni estoy acusado de nada, ni tengo enriquecimiento ilícito”, proclama el ya diputado del variopinto grupo mixto, con la advertencia de no aceptar unas acusaciones que se interpretarían como signo de culpabilidad y de estigmatización, además de convertirle en “apestado político”.
Quien iba a decir que la disolución del ‘sanchismo’ se podría acelerar desde dentro del sistema, protagonizada por el mismo escudero que ayudo a reconstruir el manual de resistencia de Pedro Sánchez hasta conseguir un segundo mandato. La pregunta es cuánto tiempo resistirá el principal y agrietado partido de un gobierno que apenas ha cumplido los cien días de gracia, mientras se resquebraja su suelo electoral con el mayor escándalo de corrupción de su periplo parlamentario.
Operación Delorme
El ‘caso Koldo’ u ‘Operación Delorme’, por la compra de mascarillas y su enriquecimiento durante la pandemia, ha conseguido remover aún más los cimientos de una legislatura en la que las comisiones de investigación proliferan como setas, cual arma arrojadiza entre gobierno y oposición e, incluso, de los partidos independistas para remover -por segunda vez- las pesquisas de la policía patriótica del PP. Lejos de dar explicaciones sobre un asunto que ya tiene siete imputados y la ramificación a tres ministerios –Transportes, Interior y Fomento-, dos comunidades –Baleares y Canarias– y sus respectivos ex presidentes, incluida la actual presidenta del Congreso; el Psoe pone en marcha una nueva investigación para «esclarecer» los contratos de material sanitario ejecutados en las diferentes administraciones públicas.
Artillería de Feijóo
El PP somete al ejecutivo a un férreo marcaje, tanto en el Congreso como en el Senado, para investigar cada una de las ramificaciones del caso que investiga la Audiencia Nacional. Su presidente, Núñez Feijóo, ha creado un Comité de Seguimiento para escrutar más allá de los “cien días de líos, amnistía y corrupción” del gobierno de coalición y las novedades que puedan surgir. Los populares auguran “recorrido” incluso fuera de nuestras fronteras, al trascender que Air Europa efectuó pagos al comisionista de la trama de corrupción –Víctor Aldama– en plenas negociaciones del ejecutivo para auxiliar a la compañía de aviación. Tanto el primer partido del país, como Vox, tendrán acceso al sumario judicial tras aceptar el juez su personación en la causa, lo que les permitirá “sentar en el banquillo” a los responsables de la corrupción y “llegar hasta el final”.
El comodín de su mayoría absoluta en el Senado permite a Feijóo prolongar otra investigación parlamentaria en la cámara alta, en la que prevén llama a comparecer al propio presidente del Gobierno, una situación inédita que ahondará en el desgaste de Sánchez en pleno debate de la amnistía, los presupuestos del Estado e incluso de las convocatorias electorales del País vasco y el Parlamento Europeo. La estrategia incluye solicitar la comparecencia de cuantos “tienen algo que decir”, como Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres, Mónica Garcia, Óscar Puente o Salvador Illa, además del protagonista principal, José Luis Ábalos, en busca de las «respuestas»con las que amenazó el exministro tras la marcha de la disciplina del Psoe. Para que nada quede, hasta la Agencia europea antifraude investigará si España ha utilizado fondos comunitarios para pagar comisiones ilegales en la compra de mascarillas y de material sanitario.
Exigua mayoría de Sánchez
La exigua mayoría de Sánchez pierde otro escaño tras el enroque de Ábalos en el variopinto grupo Mixto -con nuevos compañeros de escaño como Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN-. Aunque Ábalos asegura que votara alineado con su antiguo partido, sobre todo cuestiones esenciales para para continuidad de la legislatura como la amnistía y los `presupuestos, su situación abre otro escenario de incertidumbre para un Gobierno que con apenas tres meses debe negociar cada medida que lleva al Congreso. Los 179 votos que invistieron a Sánchez –PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria– merman cada día que pasa con una exigencia insoportable de cada una de las formas que apoyan al ejecutivo de coalición, con apenas 147(120 del Psoe y 26 de Sumar) – escaños pero los dos partidos que forman parte del Ejecutivo sumaban entonces 152 escaños: los 121 de los socialistas y los 31 de la coalición que lidera Yolanda Díaz. En estos tres meses Sánchez se ha dejado 5 escaños por el camino y ahora sólo cuenta con 147.
Comisiones de investigación
El Congreso constituye las tres Comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña» y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del PP, además del denominado Caso Pegasus de espionaje a líderes políticos, activistas, abogados y periodistas, y sobre las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. La exigencia de los socios independentistas del gobierno lleva a investigar por segunda vez la ‘guerra sucia’ que vinculan a altos cargos y mandos policiales con una trama parapolicial, en la que exigirán la comparecencia del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y su ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Las comisiones están presidiadas respectivamente por los socialistas Luis Carlos Sauquillo y María Luisa Seijo y por el diputado de Sumar, Txema Guijarro.
