La reciente noticia de la quiebra de la Seguridad Social en España denunciada por el Tribunal de Cuentas, han hecho saltar nuevamente las alarmas sobre el gasto público realizado muchas veces desde la arbitrariedad o el capricho de quienes estarían obligados a administrarlo con lupa.
Despilfarro y corrupción no son sinónimos, pero están íntimamente relacionados en sus resultados finales y suponen un lastre para las finanzas públicas.
Todo parte de la confusión existente sobre el significado real del término Administración del Estado o gobierno, por lo que conviene recordar una y otra vez que los llamados “gobiernos”, son sólo los responsables de que lo “público” sea administrado correctamente y se ajuste a necesidades públicas. El exceso en el gasto superando los ingresos reales normalmente acaba en la quiebra o ruina de quien lo practica y eso vale también para el Estado y sus muchas y variadas “administraciones” en los diferentes ámbitos.
Los ingresos aportados por los ciudadanos contribuyen a mantener unos servicios públicos, aceptados implícitamente por una ciudadanía que ha confiado y delegado la administración de los mismos a un “gobierno” que debe establecer prioridades, urgencias y, sobre todo, verdaderas necesidades. Los presupuestos son aprobados por las Cortes Generales o son enmendados por las mismas en función de su contenido, muchas veces abstracto y desconocido no sólo para el “pueblo” sino para muchos de sus representantes políticos.
En España, la estructura orgánica del Estado contempla unos órganos delegados en la gestión de servicios que, con el paso del tiempo y la presión política o nacionalista en el Parlamento, se han ido convirtiendo en cesión de titularidad competencial, creando unos “estados” autonómicos paralelos al propio Estado Central o, lo que es lo mismo, multiplicando artificialmente los servicios públicos, de manera que justifiquen ante el papel el crecimiento orgánico institucional de las “necesidades” (ficticias en muchos casos) de gasto.
Todo ello ha sido un caldo de cultivo óptimo para el despilfarro y la corrupción que, en un chorro continuo, va descubriéndose cada vez que se levantan las alfombras institucionales. El gasto público convertido en “clientelar”, ha hecho posible la compra más o menos directa de voluntades a favor de uno u otro partido de gobierno. Las cifras que van apareciendo publicadas, tanto por los propios órganos supervisores como por los órganos de control del gasto, vienen a demostrar tozudamente que el despilfarro público es una evidencia y que los sistemas de control establecidos son inútiles para evitarlo. Que las modificaciones presupuestarias las decide el administrador, no el titular de las cuentas y que, al final, todo queda en simples y amistosos toques de atención, cuando no repercuten en más gasto público.
Resulta además sorprendente que no se exijan responsabilidades personales a quienes por acción u omisión intervienen en el mismo, con la vergüenza añadida de que prime la empatía política sobre las consideraciones objetivas. De esto no se salva la UE, cuya Comisión o gobierno se muestra inflexible con unos y más comprensiva con otros (recientemente los casos de Italia y España respectivamente). En el plano nacional, se ha aceptado despilfarro o mala administración de recursos en autonomías determinadas a cambio de apoyo en el Parlamento, mientras que en territorios donde no se daba esta circunstancia, se actuaban con mayor contundencia. No hace falta citar ejemplos de ello. La resultante es la creciente deuda pública para mantener tal despilfarro en lugar de proceder contra el mismo y sus responsables.
Mientras se anuncia la quiebra del sistema de pensiones, se denuncia por la AiREF (autoridad de supervisión fiscal) el destino desconocido de unos 12.000 millones de euros anuales en el capítulo de subvenciones. Un poco antes, la CNMC lo hacía en unos 40.000 millones de despilfarro en obra pública por falta de la competencia verdadera en la contratación. Ahora surge la quiebra técnica de la Seguridad Social denunciada por el Tribunal de Cuentas y cuantificada en unos 100.000 millones de euros. Con todo ello se cruzan casos conocidos de corrupción administrativa en unos y otros gobiernos y las inútiles lamentaciones que, desde una pequeña parte de la sociedad, se producen ante estos escándalos.
El baile continúa a costa de las espaldas de los contribuyentes que, también en función de sus simpatías personales y de la información mediática recibida, optan por entender y perdonar a los “suyos” mientras denuestan e insultan a los “contrarios”. Cada cual defiende sus intereses y las “familias” o “lobbies” clientelares marcan el ritmo del despilfarro institucional.
El caso es que esto no puede (o no debe) seguir así. Se hace urgente una reforma estructural de todo el sector público, con controles reales sobre el gasto, que impidan tal despilfarro. En ella lo prioritario es redefinir el carácter o sentido de todo el entramado autonómico administrativo e institucional, algo que levanta ampollas entre los directamente implicados (partidos políticos), con buena parte de sus miembros más pendientes de la ubre que les corresponda que de acabar con ellas. El Estado (los ciudadanos) ya no pueden (ni quieren) seguir soportando unos administradores desleales, cuando no corruptos, capaces de llevarlo a la quiebra total poniéndolo en manos de especuladores.
No es difícil si de verdad se quiere. Basta con aplicar el principio de independencia real de los controles públicos (tal como ocurría antes del PSOE) con las intervenciones delegadas de Hacienda. Basta con que los cuerpos técnicos de las AA.PP. se nieguen a dar el VºBº a los caprichos de los cargos públicos e incluso los denuncien. Basta con extremar el rigor en la justificación del gasto desde los órganos interventores del mismo. Basta con investigar y seguir su correcta aplicación. Basta con no aceptar en las contrataciones públicas “reformados” poco claros y exigir al contratista el cumplimiento de su contrato…
El contrato social de los ciudadanos con las AA.PP. y sus instituciones cada vez es más endeble (como demuestran los datos de desconfianza y desafección política en la mayor parte de los países) y hay vientos que anuncian el cambio de la política y las políticas actuales, en aras a revertir la situación por una gestión pública diferente que no permita desmanes y pida responsabilidades.
