Se suele hablar en el argot jurídico de “Derecho de autor”, cuando las normas o leyes están dirigidas a beneficiar o perjudicar a sectores sociales determinados. La ley queda al servicio de intereses particulares en lugar de servir (como debería) los intereses generales. Esto se ha ido poniendo de manifiesto con la aparición de determinados grupos de presión o “lobbies”, que a su vez han debido ser regulados (legitimados) para su funcionamiento.
Son conocidos estos grupos porque no se limitan a plantear cuestiones por vía administrativa ordinaria, sino que han establecido sus propias estructuras de acción directa sobre los legisladores, para ponerlos al servicio de sus intereses. Es más, muchos de ellos perciben del Estado subvenciones que les permiten estrategias conjuntas de cara a la sociedad a la que, por otra parte, se la intenta manipular con métodos de propaganda totalitarios. Lo importante es justificar de la forma que sea cualquier tipo de “Derecho de autor”.
Nuestra Constitución, en su artº 14 dice: “Todos son iguales ante la ley”, pero parece ignorar que, cuando la ley se escribe o redacta, ya han existido presiones sectoriales previas para que su texto beneficie a unos o perjudique a otros. El hecho de que sea el “ejecutivo” (en lugar del “legislativo”) el protagonista del acto de “legislar”, hace que, en muchos casos, las presiones aparentes sobre el gobierno desde estas organizaciones hayan surgido del mismo, con el fin de trasladar al Parlamento la aparente necesidad de legislar en uno u otro sentido. De ahí al “Derecho de autor” no hay más que un paso.
Pero hay todavía más. Un Parlamento formado a partir de representaciones partidarias (listas cerradas), con un sistema electoral que es una muestra de ese “Derecho de autor” (ya que beneficia a unas listas y perjudica a otras), donde no existe representación directa (mandato imperativo) de los electores, traslada la presión y sus consecuencias (no hace falta citar los numerosos casos de corrupción detectados hasta ahora) a los propios partidos, convirtiéndolos de hecho en correas de transmisión de intereses parciales. Si la Política es la forma de conciliar tales intereses con predominio del general, al final lo que tenemos es “Derecho de autor”. El sistema inclusivo (los míos) o excluyente (los demás), hace de la Política un juego de poder entre intereses sectoriales convertidos ya en interés de partido.
El sistema clientelar resultante es algo inherente a las democracias occidentales (mal llamadas liberales) en mayor o menor medida y desde luego se contagia con facilidad a otros regímenes autoritarios escondidos tras el vocablo “democracia” que sirve para tapar cualquier desmán. La corrupción, al ser algo habitual (sistémico), pierde su condición negativa pues puede regularse con lo que ello supone de legitimidad añadida. No es difícil en ese caldo de cultivo el florecimiento de oligopolios, cárteles, trusts y organizaciones de todo tipo, moviéndose a sus anchas con el respaldo del “Derecho de autor” que les interese.
Por muchos elementos formales que se quieran constituir para supuestamente controlar tales movimientos, su efectividad real no deja de ser anecdótica y desde luego sirven de coartada al sistema que, como es natural, juega con todas las fichas del tablero según le conviene y establece el reglamento del juego. ¿Dónde queda el ciudadano? Simplemente a expensas de las consecuencias de cada jugada que “sus” administradores realicen. Se les ha dado toda la soberanía (los poderes) y ya no van a abandonarlos. Tampoco es necesario señalar cómo las denuncias que se hacen desde los propios “supervisores”, alcanzan pocas veces los informativos mediáticos que forman parte del sistema.
Tenemos pues un “Derecho de autor” que prevalece sobre el estado de Derecho. Un ordenamiento jurídico en el que existen quizás más normas a favor o en contra de determinados sectores sociales, que a favor del interés general (o este queda como coartada). Donde la “igualdad ante la ley” queda superada por el momento previo de redacción de la norma, en que juegan los intereses de unos u otros. Donde el juego parlamentario se limita a posiciones partidarias (disciplina de partido) en lugar de representar a los intereses generales. Donde la llamada “soberanía popular” queda ninguneada por fórmulas y atajos legales que nacen de intereses particulares…
En su obra “La democracia en América”, Alexis de Tocqueville ya alertaba sobre lo que llamó “despotismo democrático” o voluntad de dominio absoluto por parte de un poder que cuenta con legitimidad de origen en su forma, pero dispuesto a imponerse sobre las voluntades de los demás, sin respetar sus derechos, retorciendo las leyes, haciendo uso del engaño y descalificando a los adversarios mediante el insulto propagado públicamente. En definitiva, la tiranía hábilmente maquillada.
Esto nos lleva a otra cuestión: la formación de los partidos políticos y su estructura férreamente jerarquizada utilizando el mismo sistema donde, al final, es su líder quien determina lo que hacer y cómo hacerse, quien quita y pone en las listas, quien designa cargos (con sus privilegios) a unos y a otros, quien dispone en definitiva del “Derecho de autor” que finalmente quede plasmado en el ordenamiento jurídico del Estado. Lo llamamos “democracia representativa” y la pregunta es ¿de quién?
