España es el único país del mundo donde los delincuentes han conseguido derogar el delito por el que fueron condenados, reducir las penas de sus actos e incluso estar a punto de borrar judicialmente la referencia de su iniquidad. El colmo será su rehabilitación política que les permitirá pasar de la cárcel a las instituciones que intentan desestabilizar y utilizan en beneficio personal.
La intención firme del gobierno en funciones de aprobar una amnistía en favor de quienes realizaron un referéndum ilegal y proclamaron la independencia del territorio catalán, se ha convertido en una preocupación nacional y el asombro de la opinión internacional, estupefacta ante la iniquidad de una vicepresidenta del gobierno —Yolanda Díaz—, reunida para implorar a un prófugo de la justicia que chantajea al Estado.
Cuarenta años después de enterrar la dictadura, reconstruir la democracia con esfuerzo titánico y superar una guerra civil y las dos Españas, la impostura y la degradación de las instituciones brotan de nuevo.
Impostura política, parlamentaria e institucional
Alguien se imagina algún otro Estado europeo secuestrado por un partido que cuestiona la Constitución, que pretende segregar su integridad territorial y derogar la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno. Ítem más, ¿algún presidente comunitario formaría un ejecutivo sustentado por un prófugo de la justicia tras haber violentado la ley, exigiendo una amnistía para sí mismo y los condenados por proclamar un “Estado independiente en forma de República” que pretenden refrendar con otra consulta popular?
Semejante impostura política, parlamentaria e institucional está a punto de fraguarse con el beneplácito del partido perdedor de las elecciones, junto a las cinco formaciones ‘progresistas’ y ‘plurinacionales’ que negocian contra reloj la investidura del candidato Pedro Sánchez, tras su desprecio también al líder del partido ganador, Núñez Feijóo. Desde tiempo inmemorial, nuestra agrietada piel de toro ha visto pasar por sus instituciones todo tipo de personajes autoritarios, histriónicos, estrambóticos, títeres, déspotas, e incluso embaucadores ávidos de poder que, afortunadamente, no consiguieron eclipsar la dignidad y honradez de gobernantes que, junto al pueblo, supieron apuntalar la democracia.
Recesión democrática y voladura de Montesquieu
La encrucijada que de nuevo vive el país, con un parlamento coaccionado por Puigdemont, vuelve a tensionar la vida pública al exigir la desjudicialización de los desmanes políticos que pretenden acabar con el principio de igualdad ante la ley y, lo que es peor, dinamitar el equilibrio de poderes consagrado por Montesquieu, en beneficio del poder Ejecutivo subyugando al Legislativo y Judicial.
Ante semejante realidad, no son pocos los que advierten del peligro de una recesión democrática, o post democracia, que el catedrático Juan Pablo Fusi describe como “democracia sin moral, en la que lo único que cuenta es el asalto al poder mediante la pura aritmética parlamentaria”. Algo que el reconocido historiador considera “legal, pero no ético”, al “no interesar ni valores, ni principios, y donde parece haberse perdido todo sentido de Estado y de nación”.
Decenas de ex ministros y ex altos cargos socialistas se han movilizado también para denunciar el traspaso de líneas rojas constitucionales y el giro de un partido que en su opinión ha dejado de representar “los intereses de la mayoría de los españoles”. La actitud del “viejo” Psoe contrasta con el renuncio de once ministros actuales, e incluso el Presidente, que en los últimos meses se oponían a la medida de gracia con rotundidad —“no está reconocida» (Marlaska), “no es posible en ninguna democracia” (Calvo), “no entra en la Constitución (Sánchez)— y ahora negocian para posibilitar su investidura.
Hasta la más alta magistratura judicial, el Tribunal Supremo, alerta de que la amnistía abre un boquete “irreparable en el Estado de Derecho», «vulnera la igualdad entre españoles» y «legitima el intento de secesión».
Imposturas y osadías en el Parlamento
La ‘osadía’ de Feijóo de intentar la investidura siendo el partido más votado (8 millones) y con mayor número de escaños (137), contrasta con el primer intento de Sánchez de acceder a la Moncloa en 2016, con apenas 90 diputados y el único apoyo de Ciudadanos (40). La abstención de Coalición Canaria, no impidió entonces una votación en contra del resto de la cámara (219 diputados) que hicieron decaer las aspiraciones del entonces candidato.
Siete años después, el presidente del Gobierno en funciones ‘consiente’ a regañadientes —por imposición constitucional del Jefe del Estado— que el líder del partido ganador se someta a una investidura testimonial en busca de los cuatro escaños que le faltan para gobernar. La soledad parlamentaria de Feijóo, apoyado solo por Vox, UPN y CC, hacen imposible el concurso del nacionalismo vasco y catalán -trasmutados hoy en soberanismo secesionista- que sostienen desde a hace 30 años los gobiernos de la nación.
Desde 1993, tanto PNV como la entonces denominada Minoría Catalana (Convergcia i Unió) engullida por Pujol —imputado hoy por asociación ilícita y blanqueo de capitales—, han venido sosteniendo el bipartidismo socialista y popular de manera invariable a cambio de jugosas prebendas. La excepción fue el voto del diputado canario, Luis Mardones, que salvó la perdida mayoría absoluta de Felipe González en 1989, a cambio de mejorar las carreteras, aeropuertos y subvencionar al transporte.
Durante tres décadas, la costumbre se ha convertido en cuasi consuetudinaria para investir al presidente del Gobierno de turno sin la mayoría suficiente, a cambio de exigencias partidistas, financieras o económicas de las formaciones que apoyan su acceso al poder.
Históricas prebendas como la cesión del 15% del IRPF a las autonomías, el traspaso de todo tipo de competencias como tráfico, prisiones y puertos (Pacto del Majestic), sistema de Financiación a la carta, nuevo Estatuto Catalán o incluso el ‘cuponazo’ vasco, dan paso hoy a la exigencia del indulto a los condenados del ‘procés’, derogación de la sedición y hasta la reforma del delito de malversación.
Ventanilla de exigencias
Cinco formaciones (ERC, JUNTS, PNV, Bildu y Bng) hacen cola en la ventanilla socialista en previsión del fracaso de la investidura del candidato populara la presidencia del Gobierno (26 y 27-S), para negociar las condiciones de su apoyo al candidato Sánchez. La lista de exigencias del pentapartito plurinacionalque apoyara la segunda edición del gobierno Frankenstein serán más que difíciles de cumplir sin vulnerar la Constitución, además de ser consideradas como una especie de botín por parte de la derecha. A saber:
- Dentro de Sumar, En Comú y Compromis, apuestan por buscar encajes para el referéndum catalán, condonar la deuda de la Comunidad Valenciana y nuevo sistema de financiación autonómica.
- El PNV pide negociar un nuevo modelo territorial, acelerar el ‘AVE vasco’y gestionar la Seguridad Social.
- Bildu incluye un nuevo modelo territorial, beneficios para los presos etarras, reconocimiento de Euskal Herria como nación, blindar el euskera y acelerar el traspaso de competencias.
- ERC reclama un Referéndum de autodeterminación, compensar el déficit en infraestructuras, traspasar las Rodalias y el aeropuerto de El Prat, y condonar la deuda autonómica.
- JuntsXCat propone un nuevo estatuto de autonomía, amnistiar a los presos del procés, uso del catalán en el Congreso y celebrar un referéndum para resolver el ‘conflicto político’ con Cataluña.
- BNG pide fortalecer el autogobierno y caminar hacia un nuevo estatus político para Galicia.
- Coalición Canaria incluye reformar la financiación autonómica, mejorar el estatuto de autonomía y crear una comisión para tratar la cuestión migratoria.
La sangre de Puigdemont
El ex presidente del Generalitat, huido la Justicia en Waterloo, tiene hasta dos meses para negociar la “sangre” que exige para facilitar la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Aunque la proclama socialista es no transgredir la Constitución, Puigdemont mantiene una amnistía para los dos centenares de encausados del «procés», y no únicamente un indulto personal anticipado, a beneficio de inventario, con la pretensión de que “solucionar el problema político requiere solventar el judicial que nunca debió de judicializarse”. La formación soberanista está dispuesta a presionar con la amenaza del bloqueo, y de no desaprovechar la oportunidad de poner un precio de máximos a la investidura mediante la consulta popular.
Grupos parlamentarios de ERC y Junts
El independentismo de ERC y JxCAT ha conseguido ya la valiosa prebenda de tener grupos propios tanto en el Congreso como en el Senado, lo que significa más protagonismo, mayor presupuesto y visibilidad. La calderilla del apoyo a la investidura llegará en forma de subvención fija de 30.000 € al mes, más 1.700 por cada diputado, además de 15 a 30 minutos de intervención en los grandes debates y mayor capacidad de presentación de iniciativas y preguntas al gobierno.
Ambas formaciones, sortean el incumplimiento de los requisitos reglamentarios con la ayuda de Psoe y Sumar, que prestan dos diputados a cada una de las formaciones, al no alcanzar el 15 % del voto en sus respectivas circunscripciones, ni el 5% nacional. Tanto PP como Vox lo consideran un ‘fraude de ley’ por lo que han presentado el correspondiente recuro interno. Más esperpéntica es la situación en la cámara alta, donde tampoco cumplen los requisitos PNV y Sumar pendientes de ser auxiliados por los socialistas, mientras extraños compañeros del hemiciclo como JUNTS y Coalición Canaria comparten grupo parlamentario por segunda vez para subsistir.
Pero ¿no crees que los nacionalismos son RACISMO y nada más que RACISMO? Se deberían tratar lo mismo que cuando se habla del apartheid sudafricano o el ku kux klan americano. Es la única manera de convencer a la izquierda que deje de apoyarlos; lo demás, es tiempo perdido.
¿De qué nos asombramos? era un artículo en este mismo medio hace ya varios años.
Como muy bien comenta Miguel Manrique «de nada sirve lamentarse» por todo lo que hemos hecho mal como es:
1.- Un sistema electoral inconstitucional (artº 14 C.E.) que da diferente valor al voto de cada ciudadano.
2.- La aceptación de la imposición de las lenguas «cooficiales» sobre la lengua oficial del Estado.
3.- La imposición del ejecutivo y su voluntad por encima de la representación legislativa y judicial.
4.- La confusión interesada entre gobierno y Estado.
5.- El no haber procedido a una reforma constitucional que reajustase y mejorase el texto actual.
6.- La aceptación de la disciplina de partido que vulnera la prohibición constitucional sobre mandato imperativo.
7.- La falta de exigencia se sumisión parlamentaria al ejecutivo en sus comparecencias, que burlan la soberanía nacional.
8.- La falta de un sistema de retirada de mandato y confianza desde dicha soberanía.
9.- La aceptación de normas y leyes ideológicas desde la UE.
10.- La falta de pulso y compromiso social de quienes se constituyen cómplices de tales perversiones.
Un saludo.
De acuerdo en todo contigo, Luis Carlos. Pero de poco sirve lamentarnos a base de artículos. Debemos articular un movimiento capaz de provocar una rebelión en el PSOE, en consonancia con el descontento existente en personalidades tan prominentes como Felipe González, Alfonso Guerra, Ramón Jáuregui o Nicolás Redondo Terreros. Y lo que menos: pelearnos con el RACISMO separatista.
Gracias Miguel, todo comentario es bienvenido.
Aunque sabes que la obligacion de cualquier periodista y medio de comunicación es relatar lo que esta pasando y contestualizar la realidad para que los ciudadanos se formen opinión y actúen en consecuencia.