El diccionario precisa que ‘Amenaza’ es la acción de amenazar; el dicho o hecho con que se amenaza; o el delito consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocación de un mal grave para él o su familia. Sinónimos son advertencia, intimidación, aviso y amago entre otros. El Código Penal se ocupa del delito de amenazas (Libro II, delitos y sus penas; Título VI, delitos contra la libertad; Capítulo II, de las amenazas) con: Afirmaciones claras y rotundas ‘El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito… contra la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado (Art, 169). Precisiones en cuanto a penas y castigos en delitos (Art. 170). Y en las amenazas de un mal que no sea delito (Art. 171).
Pleno en el Congreso de los Diputados. Hablaba alguien, presidente del gobierno u otro, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, metió baza desde su escaño del banco azul para, con gesto iracundo, señalar a un diputado, mover las manos por encima de los hombros y con deje andaluz, decir: ‘Cuidao’. Con las letras ‘a’ y ‘o’ alargadas. La voz merecía los signos ‘¡!’, de interjección, ya que éstos, dice el diccionario, «protegen y exponen a una clase de palabras invariables, con cuyos elementos se forman enunciados exclamativos, que manifiestan impresiones, verbalizan sentimientos o realizan actos de habla apelativos». La ministra pudo advertir o amenazar. Como algo distinto. No lo fue porque una de las acepciones de amenaza tiene sinónimos en advertencia, intimidación, aviso y amago.
Amenazado, advertido, intimidado, avisado o amagado el diputado y con él las personas a las que pudiera afectar lo dicho por la ministra de Hacienda, conviene ver efectos y consecuencias. En poco tiempo, la ministra, sin querer o adrede, descubrió algo que por su cargo no debiera usar en favor de alguien ni en contra de nadie. Divulgó lo que iba a publicar un digital antes de que éste lo hiciera, referido al ciudadano Alberto González, pareja de la presidenta Díaz Ayuso, de la CAM, al que el sistema político y social demócrata protege: “La presidenta de la Comunidad de Madrid tiene que dar explicaciones y actuar con absoluta transparencia respecto a si, como se ha publicado en los medios, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a Hacienda y con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país», declaró la ministra. El fraude a Hacienda, dicho en público, implica a la Agencia Tributaria. No es la revelación, es, además, implicar a una institución bajo su mando. Algo más tarde, o a la vez, la Fiscalía, que depende del gobierno, se puso en solfa a cuenta de unas declaraciones, de denuncia, defensa o de cualquier cosa, en las que se privaba a un ciudadano de derechos que protege la Constitución: a la intimidad, al honor y a la presunción de inocencia.
A la vez, María Jesús Montero y el ministerio de Hacienda en entredicho, denuncia de hechos privados, la Agencia Tributaria con paso raro y la Fiscalía fuera de rango. Como consecuencia, el Colegio de Abogados de Madrid salta a la palestra, o al foro, denunciando la violación de otro derecho ciudadano, el derecho de defensa.
Como en la actividad política pocas cosas ocurren por casualidad y en el trasiego de egos e intereses ninguna, cabe pensar que el desliz, si lo fue, de la ministra de Hacienda en el Congreso, buscando gresca con aspavientos desde su escaño en el banco azul, tiene motivos, consecuencias y fines. Inmediatos, a corto plazo o para ‘más adelante’.
Por eso, por lo que ya ha pasado, pasa o pueda pasar, parece útil repasar lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados y analizar con temor o sin él, allá cada cual, con sus miedos, valentías o cadacuáles, con cuidado el ‘cuidao’ de la ministra de Hacienda.
