No creo en las casualidades y, muy a duras penas, en la pretendida inocencia de algunas actuaciones u omisiones. Así que no creo, en absoluto, que el “Informe de Fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, en los ejercicios 2014 y 2015”, que el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2017, haya pasado absolutamente desapercibido en los medios y las redes sociales por casualidad o inocencia.
No creo que el Pleno del Tribunal responsable de la “fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público… en relación con la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos”, su sometimiento a los principios de legalidad y de buena gestión, y la fiscalización de las subvenciones, créditos, avales u otras ayudas del sector público percibidos por personas físicas o jurídicas, aprobara, cándidamente, el resultado de su informe sobre las cuentas de los partidos político el mismo día en que se celebraban las elecciones en Cataluña. Ni que inocentemente se hiciera público en medio de la desbandada de las vacaciones navideñas.
Porque resulta que el susodicho informe, además de acusar a una veintena de partidos políticos de presentar cuentas que no reflejan toda su realidad, directamente manifiesta la opinión desfavorable a propósito de las finanzas de Ciudadanos en 2015 —primer año en que los de naranja tuvieron relevancia a nivel nacional—, afirmando que “del análisis de la documentación justificativa de las cuentas anuales presentadas, se deduce que las mismas no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio, debido a la importancia cuantitativa de las salvedades”.
Y ahí se incluyen hasta siete irregularidades como no haber practicado amortizaciones del inmovilizado intangible y material, infravaloración de gastos y pasivos, falta de registro contable de subvenciones en más de un millón de euros, ingresos que no se registran, deficiencias en los gastos de personal… Para concluir que, en las cuentas de Ciudadanos en 2015 —las últimas objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas (vale, sí, no son un ejemplo de agilidad, precisamente)— “se han puesto de manifiesto numerosas discordancias entre la documentación justificativa facilitada por la formación y los registros contables, observándose omisiones de movimientos de tesorería, errores en los seguimientos de saldos y pagos a acreedores, así como duplicidades en la contabilización de gastos, que el partido deberá proceder a regularizar”. A mi corto entender, el Tribunal de Cuentas no insinúa corrupción, pero sí una gestión muy deficiente de una contabilidad que se nutre de fondos públicos.
Y éstos, que no parecen llevar muy bien las cuentas en su propia casa, son los que vienen dando lecciones de transparencia, orden y gestión. Para echarse a temblar.
