La Constitución que enterró los rescoldos de una guerra civil y la dictadura de Franco, además de restaurar la democracia y consolidar los derechos y libertades, continúa en entredicho 45 años después por los embates del independentismo vasco y catalán empeñado en destruir el régimen del 78, la ‘corrupta’ monarquía y hasta la concordia y el consenso de la Transición. Ello, además del intento de ‘constitucionalizar’ la amnistía rechazada por la mayoría de los españoles.
La Carta Magna de 1978 esta punto de ser la más longeva de la historia y superar los 47 años de la de 1876, que instauró la Restauración borbónica con Alfonso XII, y se mantuvo en vigor hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923. Hoy, la segunda ley de leyes más robusta y consolidada divide a una opinión ciudadana, a la que el 48,4% (sobre todo votantes de PP y Vox) considera válida aún, frente al 42,6% que no lo cree así (votantes de PSOE y Sumar). Según Sigma Dos, siete de cada diez encuestados está a favor de introducir reformas, como eliminar la preferencia del hombre sobre la mujer en la línea sucesoria de la Corona, o de blindar que jueces y magistrados se elijan a sí mismos sin interferencia política de ningún tipo. El 65,5% de los interrogados se muestra favorable también a imponer un máximo de años o legislaturas para ejercer la presidencia del Gobierno.
Las dos únicas modificaciones de nuestra ley hasta hoy, han permitido la adhesión al Tratado de Maastricht de la UE y la prioridad del pago de deuda pública en los presupuestos por encima de otras partidas.
Todo por hacer
Hace apenas cuatro décadas en España estaba prohibido el derecho de voto, los partidos perseguidos además de vetados y proscrito el derecho de reunión. El franquismo cerraba los periódicos, censuraba libros y películas, encarcelaba a “disidentes” y aplicaba la ley de vagos y maleantes a vagabundos y “homosexuales”, a quienes perseguía sin cuartel. En la España de los 70 los ciudadanos no pagaban impuestos, ni existían autopistas o alta velocidad, la despenalización del adulterio y el aborto estaban por llegar, igual que la emancipación y la igualdad de la mujer, necesitada por entonces de autorización marital para el ejercicio de sus derechos laborales.
Todo esto, y mucho más, tuvo que legislar el Parlamento de la Transición para incluir derechos hoy elementales en la segunda Constitución más longeva de las siete de nuestra historia: La liberal de las Cortes de Cádiz (1812) y las de 1837, 1845, 1869, 1876, junto a la republicana de 1931.
De la pena de muerte, al divorcio y las autonomías
Apenas cuatro décadas atrás en nuestro país había pena de muerte, la interrupción del embarazo era delito, divorciarse ilegal, los sindicatos estaban perseguidos y hasta defender ideas europeizantes era considerado una traición al régimen que durante mucho tiempo cerceno la democracia y las libertades. Por no haber, en 1977 ni existían las comunidades autónomas, ayuntamientos democráticos, ni televisiones o universidades privadas, mientras la libertad religiosa o de enseñanza brillaban por su ausencia.
Tras la muerte de Franco, en 1975, todavía hubo que esperar para despenalizar los anticonceptivos o la blasfemia, castigar el tráfico de influencias, construir autopistas, ferrocarriles de alta velocidad o suprimir el servicio militar. Todo un ingente legado que tuvieron que levantar varias generaciones ilusionadas, frustradas durante décadas, en un tiempo en el que el matonismo de ultraderecha, el golpismo militar o el terrorismo etarra y del Grapo a punto estuvo de truncar las esperanzas de vertebrar un nuevo país bautizado LIBERTAD. La misma libertad sin miedo, sin ira y sin rencor, que pregonaron por calles y plazas de todo el país millones de ciudadanos que tarareaban la canción del grupo musical JARCHA, cual nuevo himno de la Transición.
Una reforma difícil de negociar
Tan relevantes derechos conquistados deben acomodarse hoy a las reformas que algunos partidos reclaman para mejorar la Carta Magna y otros pretenden derogar. La fragmentación y radicalización que padece el Parlamento no es la mejor situación para revalidar los amplios consensos, que igualmente pretenden dinamitar tanto el nacionalismo como el independentismo periférico. Hasta el bipartidismo socialista y conservador (PSOE y PP) reconoce la dificultad de su reforma en una legislatura tan convulsa.
Nuestra Ley de leyes, a diferencia de la italiana (1947) o de la alemana (1949), no excluye ninguna materia susceptible de cambiar. La Ley Fundamental de Bonn prohíbe modificar la federación en Estados, mientras Francia (1958) o Italia, prohíben alterar la forma republicana de Gobierno. En España, tal pretensión no fructificará si se cuestiona la unidad con naciones inexistentes o se entierra la democracia representativa.
Padres de la Constitución
Conocidos como Padres de la Constitución, no fueron potros que estos siete diputados de distinto signo político cuya negociación hizo posible la Carta Magna: Gabriel Cisneros Laborda, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (los tres de la Unión de Centro Democrático), Manuel Fraga Iribarne (de Alianza Popular, luego reconvertida en Partido Popular), Gregorio Peces-Barba Martínez (PSOE), Miquel Roca i Junyent (CiU) y Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España).
Lo dicho, larga vida y más Constitución, a pesar de sus detractores.
