Los nuevos gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid han anunciado la necesidad de realizar unas auditorías sobre la gestión realizada en ambas instituciones, al igual que lo van a hacer en otros ayuntamientos y comunidades que han cambiado el signo de gobierno en las últimas elecciones.
Inmediatamente a estos anuncios, el grupo político de gobierno anterior, se ha lanzado a tildar tales auditorías de “causas generales”, sobre todo en el PP donde las alarmas han hecho saltar las complacencias existenciales de algunos responsables públicos habituados al “juego limpio” de no levantar las alfombras donde pisaron otros pies distintos. Un pacto implícito entre las dos grandes formaciones que evitaba la aparición de los temidos “dossieres” de uno y otro lado. De esta forma pasaron a la historia determinados sucesos conocidos y otros que, indudablemente, se cubrieron corporativamente entre los colegas. Algo que, por otra parte, resulta habitual en muchas profesiones.
Por eso, el problema de que apareciesen formaciones emergentes nuevas ajenas a este juego, ponía en riesgo la cómoda situación mantenida durante largos años de mandatos de unos y otros. Ahí no había muchos “dossieres” que exhibir y, si había alguno, ha debido explotarse mediáticamente para evitar y neutralizar lo que vamos conociendo de casos de corrupción económica y política en demasiadas instituciones públicas o privadas.
El nombre de “causa general” proviene de la emprendida por la Fiscalía del Estado y ordenada por Decreto de 26 de abril de 1940, con el objetivo de depurar responsabilidades delictivas durante la guerra civil española. Algo que se conoce ahora y se produce como consecuencia de otras guerras actuales y que tuvo su precedente en la gran causa abierta al régimen político nazi en la Alemania de la 2ª Guerra Mundial. Una nueva muestra de que, quien impone la “legalidad” son siempre los vencedores o más poderosos, con independencia de la “justicia” de las mismas. Eso ha sido así a lo largo de la Historia y, por eso, la Historia se ha llenado de sangre inocente.
El exceso de llamar “causas generales” a lo que sólo es un intento de conocer cómo ha sido una gestión política y administrativa (en la que deberían participar incluso los representantes del PP), no tiene más explicación que magnificar y tratar de descalificar algo que es o debería ser habitual en el cambio de gobierno institucional, corporativo, empresarial, sindical o social. Algo que sólo pretende establecer cual es el estado y la situación de un ente al asumirse una responsabilidad determinada y, a partir de ahí, poder trazar con cierto rigor un rumbo de gestión, algo impensable para muchos de quienes durante años se han considerado los propietarios del estado, en lugar de sus administradores. Una cultura piramidal en la que se ha alterado el concepto de “soberanía popular” y los representantes han desalojado a los representados en la cima.
Hace no mucho tiempo tuve la experiencia personal ante la responsabilidad de desarrollar un proyecto de gestión que, al interesarme por la situación real de la institución, se me mirara como a un bicho raro que pretendiera hacer las cosas con cierto rigor, cuando lo más importante debería ser mi sueldo de directivo y las personas “de confianza” que pudiera incorporar. Nada de estudiar la plantilla de personal y sus funciones, responsabilidades y retribuciones; nada de conocer el funcionamiento real interno; nada de preguntar qué hacían (o no hacían) algunos de los “cargos” o “puestos” que integraban el organigrama; nada de preguntar por lo que significaban determinadas partidas presupuestarias. Toda la vida se había hecho así y, o se asumía tal comportamiento o mejor me quedaba en casa y no enredaba.
Por eso no puedo por menos que estar de acuerdo con el análisis previo de la situación de que se parte ante cualquier cambio de gobierno. Demuestra más una actitud responsable que la frivolidad de limitarse a ocupar sillón y cobrar a fin de mes que ninguna “causa general” política. En todo caso serían responsabilidades personales las que debieran depurarse, pero el PP se hace un flaco favor a sí mismo alineándose como formación política en contra de tales auditorías. Es más, deberían haberlas propuesto y facilitado ellos mismos, pero siempre acaban equivocándose en las estrategias (según su propio presidente). Con esta actitud los que han convertido un simple trámite jurídico, administrativo y contable totalmente justificado en una “causa general,” ha sido el propio PP.
Las elecciones generales se aproximan y las espadas están en alto y dan tajos en una u otra dirección. Sus portadores son los que defienden con uñas y dientes la fortaleza de sus privilegios y los que han sido designados por unas elecciones legítimas para ocuparla y responsabilizarse ante los ciudadanos del futuro de la misma. Ya lo hizo el PP cuando ganó las elecciones hablando de la “herencia recibida” de sus antecesores que obligaba a cambiar su programa político. Lo mismo que ha ocurrido en Grecia cuando se han levantado las alfombras de los gobiernos anteriores tutelados por la célebre “troika” y se han encontrado con las facturas sin pagar o los compromisos-trampa de sus antecesores.
Quizá la cuestión es que las naciones han perdido su capacidad de soberanía y los estados han quedado sometidos a otras “soberanías” (a las que les sobran las constituciones nacionales e incluso internacionales). Que por ello no se debe hurgar donde no se debe y hacer lo que nos digan o impongan de una forma u otra aquellos elegidos por sí mismos para manejar el mundo.
Bienvenidas sean pues las auditorías y su transparencia general. En cuanto a quienes las consideran “causas generales” contra su partido, están de alguna forma extendiendo lo que, en todo caso, serían responsabilidades personales a las instituciones y a su propia formación. No escarmientan.
