Se atribuye al torero Rafael Gómez Ortega (“El Gallo”) la frase: “lo que no puede ser, no puede ser y además, es imposible…”.
Personalmente yo he creído que nada es imposible si se tienen bases para demostrar lo contrario, pero hay cosas que se escapan a cualquier intento de demostración y siguen siendo tal como han sido siempre.
Le han adjudicado en el gobierno de España nada menos que un ministerio para el desarrollo del artº 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
El reto es importante pero la veo un tanto despistada con respecto a lo que es o significa su tarea. Por eso le propongo que deje de dar patadas a la lengua o idioma español que, como el resto de lenguas del mundo mundial, no tienen la culpa de servir de cauce de expresión y relación entre los seres humanos y pase al verdadero objetivo de su ministerio: la igualdad.
Lo hago además plenamente consciente de que en lugar de buscar asesores que cuestan “pasta”, se guíe solamente por el sentido común (a veces tan poco común) y la sensatez que el ejercicio de la Política (con mayúsculas) impone, frente a las “ocurrencias” caprichosas e infantiles que todos podemos tener. Lo hago además al amparo de otro de los derechos constitucionales que recoge el artº 23.1: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente…” , creyendo de buena fe ayudarla en la ardua tarea que tiene ante sí.
Para empezar debe restringir el concepto de “igualdad” a lo que establece la Constitución: “españoles ante la ley”. Es decir, a todos los ciudadanos que tengan la nacionalidad española (en la que indudablemente están incluidos los que no se consideran “españoles” pero tienen los servicios públicos y derechos que como tales les corresponde). Ahí tiene una primera tarea de enorme importancia en el actual sistema electoral que discrimina el valor del voto (establece una desigualdad manifiesta y anticonstitucional) entre las personas que ejercen su derecho a votar en cada convocatoria, ya que nadie tiene la culpa de nacer o vivir en una parte u otra del territorio nacional. En todo caso entraría en el supuesto del artículo: “discriminación por razón de nacimiento… o cualquier otra condición personal o social”. Quizás reivindicar el asunto ante el Tribunal Constitucional sería una gran aportación social a la “igualdad” política de todos los electores a la hora de elegir representación parlamentaria.
Otra importante cuestión que supone discriminación social, es el imponer un pensamiento o dogma único (también inconstitucional y contrario al pluralismo ideológico) desde el gobierno. Es algo que afecta al artº 1º.1 de la Constitución: “…un Estado social y democrático…” (que supone la imposición de una ideología para el conjunto del Estado, excluyente de cualquier otra) ya que a su vez contradice el “pluralismo” como “valor superior del ordenamiento jurídico” y al citado artº 14. Una redacción más clara y precisa del texto constitucional es absolutamente necesaria, pero en el orden político, eso significa el respeto y la no discriminación de la vida política (“cordones sanitarios”) de cualquier opinión, formación, organización o partido, por mucho que se pueda discrepar de ella. Algo muy contrario al insulto, la descalificación o la agresión, que son parte de esa ignorancia rancia que padecemos en la vida política. Ser parte del gobierno es gobernar para todos de la misma forma sin discriminaciones partidistas o arbitrarias.
Más cuestiones que afectan a la supuesta igualdad ante la ley, son las muy diferentes condiciones laborales y retributivas en las Administraciones Públicas, donde, en las escalas regulares de los cuerpos de funcionarios, se han introducido distintos tratamientos, tanto en complementos (que encubren otras cosas) como en jerarquías administrativas. Esta cuestión se agrava en las Comunidades Autónomas donde vuelve a vulnerarse el tan repetido artº 14 de la Constitución. Ya sé que la competencia del Cap.1 presupuestario corresponde a ellas, pero sería un “puntazo” la igualdad de tratamiento en todo el personal del sector público (incluyendo claro está, la forma de acceso) y se ajustaría a la constitucionalidad de la cuestión.
¿Qué decir del mundo de la política y sus aledaños, llenos de privilegios en todos los órdenes? En el orden judicial la posibilidad de que las cúpulas del tercer poder del Estado dependan del gobierno de turno, bien a través del CGPJ y sus nombramientos, bien a través de la subordinación de los cuerpos de las AA.PP. a los intereses de quienes mandan. Los dichosos aforamientos que vulneran otra vez el artº 14 de la Constitución, dotando de prerrogativas y privilegios a una buena parte de los “españoles iguales ante la ley”, como son por ejemplo las condiciones de “retiro” al finalizar su vida parlamentaria, que no son extrapolables al resto de los trabajadores (los nuevos “parias” de la Tierra). Lo injusto de tal discriminación debía remover las vísceras de su ministerio y de sus propuestas en el Consejo de Ministros, pero mucho más del mundo de la representación política parlamentaria.
Y termino con esas múltiples organizaciones y personas que cuelgan (viven) de la Política en órganos de dudosa necesidad social o que, al abrigo del propio gobierno, reciben subvenciones privilegiadas que mantienen un clientelismo de clara discriminación social. Mientras “quien tiene padrinos se bautiza…” una gran parte de los españoles se ve obligada a buscarse la vida con sus propios esfuerzos. De nuevo la situación exige una acción contundente de su ministerio denunciando la falta de “igualdad” en el sistema constitucional que se vulnera desde los propios gobiernos.
Lo dicho, tiene mucha tarea por delante y por tal razón, no debería distraerse con el diccionario de la Lengua. Entre otras cosas porque no conduce más que a quebraderos de cabeza gramaticales que usted no merece y, ya sabe: “lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible”. Más importantes y de mayor enjundia social son las cuestiones que me he permitido apuntarle y que, espero, sean primordiales en su agenda política.
