Naturalmente que el título de esta colaboración periodística refleja la vinculación de nuestro desarrollo económico y conexión entre islas así como con la España peninsular. Sabido es que el Ministerio de Fomento va a remitir próximamente a los comités de coordinación aeroportuaria la documentación referida al Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (conocido como DORA) para el período 2017-2022. En próxima colaboración periodística explicaremos extensamente la dejación de las administraciones canarias sobre estas materias en los últimos años.
Se trata de un importante documento en el que, entre otras materias, fijará para el próximo quinquenio los niveles de inversión en infraestructuras, así como los niveles de calidad de los servicios. Aspectos todos ellos susceptibles de discusión y que repercutirán en el sistema aeroportuario canario, en los flujos de rutas aéreas, en la mayor o menor frecuencias horarias y capacidad de carga de las aeronaves.
Los ciudadanos tienen el irrenunciable derecho de disponer de la información y de las razones que argumentará el Gobierno para fijar la cuantía de las tasas aeroportuarias. Si bien es cierto que es notable la papeleta que tiene el Gobierno de compatibilizar su inexorable deber de defensor de los intereses ciudadanos con el de accionista del gestor aeroportuario (actualmente es el titular del 51%).
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ante el espectacular crecimiento de los tráficos aéreos (sirva de ejemplo que el tráfico en el 2016 superará en un 10% las previsiones en las que se basaron los estudios que condujeron a las tasas actualmente en vigor), ha venido defendiendo como necesaria la reducción de las tarifas actuales en un 2,02% en lugar de la congelación tarifaria propuesta por AENA como gestor aeroportuario. Afirma la CNMC que con la medida que defiende, se fomenta la competitividad de los aeropuertos españoles y se garantiza, a la vez, la sostenibilidad económica de la red aeroportuaria. La CNMC en el marco de sus competencias de supervisión y control de las tarifas aeroportuarias (antes de que en el pasado año se las arrebatara el Gobierno), venía haciendo públicos año tras año los criterios que se debían de tener presentes en las propuestas de tarifas. Se basaban los referidos criterios en que era necesaria una correcta separación y asignación de los costes asociados a las actividades aeroportuarias (reguladas) y las comerciales que están vinculadas a las áreas terminales de los aeropuertos de AENA. Además sirven para fijar las tasas aeroportuarias que deben pagar las compañías aéreas, dado que estas solo pueden tener en cuenta los ingresos y costes asociados a las actividades aeroportuarias.
AENA ha presentado unos resultados financieros espectaculares en los nueve primeros meses del año en los que ha tenido un beneficio neto consolidado de casi el 50% y todo apunta a que el presente año 2016 será un año record para el operador aeroportuario tanto en beneficios como en número de pasajeros y de tráfico de aeronaves. No renunciamos a reconocer que ha mejorado la gestión, pero también hemos de reseñar que el marco regulatorio parece como si hubiese sido elaborado pensando más en el interés de los accionistas que en el de los ciudadanos usuarios de este medio de transporte aéreo.
Al igual que en otros sectores en los que existe un actor operando en régimen de monopolio —valga como ejemplo Red Eléctrica Española o Enagás— resulta fundamental que el conjunto normativo elaborado por el Gobierno a propuesta de AENA, a aplicar por el referido actor deberá elaborarse desde el principio ético y cautelar que evite o impida que tal actor pueda ir incrementando su poder y sus beneficios, corriendo el riesgo de convertirlo en abuso dominante, de forma que su aplicación le permita obtener unos ingresos suficientes para cubrir todos los costes regulados obteniendo un retorno razonable compatible con la defensa de los intereses públicos y el de los usuarios.
En muchas ocasiones se les oye decir a los ejecutivos de AENA que el ente aeroportuario no es un monopolio, no dejan de tener razón cuando argumentan en la línea de los razonamientos publicitados por la CNMC, que explicita que AENA es un monopolio de oferta, pero no lo es desde el punto de vista de la demanda. Cierto es que existe competencia entre los distintos aeropuertos Hub en Europa para captar tráficos en conexión, así como entre destinos, por atraer el mayor número de pasajeros hacia ellos y por tanto entre sus aeropuertos. Pero esto no es así dentro de España. Para desplazarnos por vía aérea desde un punto a otro de la geografía nacional, no tenemos otra alternativa más que utilizar aeropuertos gestionados por AENA.
Son múltiples los colectivos que vienen manifestando la necesidad de que bajen las tasas de AENA (conocidas actualmente como prestaciones públicas patrimoniales PPP) para los próximos años, la asociación de compañías españolas de transporte aéreo piden una reducción de un 2,59% anual, AENA parece ser que pretende congelarlas y la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia (CNMC) en su informe sobre el DORA, hecho público en su página web considera necesario que las tarifas bajen en un 2,02% anual. Ha llegado pues el momento de que se abra el debate social en el que se discutan las decisiones a adoptar en la búsqueda de las medidas que permitan el crecimiento sostenible de la gestión aeroportuaria y la defensa del interés de los consumidores; o más claramente la discusión en la adopción de las medidas que prioricen el interés de los usuarios y consumidores sobre el de los accionistas.
Por cierto, cuando se pusieron a la venta, las acciones de AENA se encontraban a 58€, en estos días se acercan a los 140€. Por otro lado las tasas ya no van incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado y en consecuencia no se aprueban en las Cortes Generales, con lo que lamentablemente los Diputados y Senadores nada pueden aportar al respecto y por muchas preguntas que hagan al Gobierno y proposiciones no de Ley, poco o nada podrán influir, solamente ocupar columnas informativas en los medios de comunicación. Les recomiendo que se concentren en intentar reforzar el papel de la Comisión Nacional de la Competencia.
