El primer aniversario de Sánchez se ve salpicado por los escándalos que afectan a su esposa y al antiguo número dos socialista —el ex ministro José Luis Ábalos— con quien el empresario Víctor Aldama asegura haberse reunido una veintena de veces y haberle pagado comisiones de 400.000 euros y otros 200.000 a su asesor Koldo García, por la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Tras prometer “cuatro años más de estabilidad, convivencia y progreso”, la segunda Legislatura del gobierno de coalición de la democracia sigue sumida en la mayor incertidumbre y desgaste, lastrada por sus socios de investidura que le exigen la permanente subasta del Estado a cambio de votos para subsistir.
Terremoto político y judicial
El comisionista que consiguió el rescate de Air Europa por parte del Estado (475 m.), revela en sede judicial que fue el propio Sánchez quien pidió conocerle para “agradecer sus gestiones” con México y Venezuela, testificando además numerosas reuniones con la vicepresidenta Teresa Ribera, su relación con Begoña Gómez, una solicitud de 50.000 euros del ministro Víctor Torres, y la entrega de 15.000 euros al secretario general del PSOE, Santos Cerdán. El PSOE anuncia «acciones legales» contra el ‘nexo corruptor’ de todas las tramas, según la UCO, rechazando haber recibido dinero del comisionista. El cooperador necesario del caso Koldo, señala a su vez en la Audiencia Nacional que fue el Gobierno quien «planificó» el viaje de la vicepresidenta de Maduro a España, con la que tenía previsto cenar junto a los ministros Marlaska, Ribera, Illa, Montero y el propio Ábalos. Aldama -investigado ya por fraude en la compraventa de hidrocarburos- se compromete ante la fiscalía a aportar documentos, mensajes y correos que respaldan la veracidad de sus graves acusaciones, incluido el pago del alquiler de la casa de la pareja de José Luis Ábalos o la compra de un chalet de Cádiz. Tras salir de la cárcel, responde a las calificaciones de Sánchez, de “falsedades” y “presunto delincuente”, asegurando que “no se preocupe, que tendrá pruebas”, e incluso con el aviso de nuevos detalles y “algo gordo” para la investigación.
Ante semejante terremoto político, el líder de la oposición, Núñez Feijóo exige la dimisión de Sánchez al considerar que el Gobierno “apesta a corrupción”, mientras se ofrece a liderar una nueva etapa política, con una moción de censura siempre que algunos de los socios gubernamentales —PNV o JUNTS— se presten a “acabar con su agonía». Vox solicitará su imputación judicial, extensible también a Marlaska, Montero, Torres y Ribera, así como la testifical de Cerdán.
Legislatura de los chantajes
El inquilino de la Moncloa ya conoce las consecuencias de sus permanentes amenazas para “avanzar con o sin apoyo de la oposición, e incluso con o sin concurso del poder legislativo”, quea diario le reprochan sus propios aliados recordando que, lo “quiera o no”, tendrá que contar con su apoyo para continuar en el poder. La legislatura que arrancó con la Amnistía para salvar a Puigdemont, cuestionada judicialmente incluso en Europa, se ve lastrada por la inseguridad jurídica que suscita legislar a golpe de chantajes, extorsiones e incluso bandazos. La incapacidad socialista para convertir su agrietada mayoría en un bloque mínimamente estable se torna cada semana en unas sesiones caóticas, con negociaciones de infarto hasta el último minuto, cuando no en retirada de iniciativas para evitar la humillación y la derrota del Ejecutivo de Sánchez.
Buen ejemplo de ello es el cierre de filas de la mayoría Frankenstein para tramitar in extremis la reforma fiscal del gobierno, aprovechando la transposición de una directiva europea que establecer el 15% el impuesto de sociedades a las multinacionales para evitar la competencia entre Estados. Su agónica votación, a cuenta del impuesto a las energéticas y la banca, incluye también la subida de un punto del tipo máximo del IRPF de las rentas de capital superiores a los 300.000 euros, un impuesto a los cigarrillos electrónicos, la subida de impuestos al tabaco y modificaciones para evitar el fraude fiscal en el pago del IVA de los hidrocarburos. En total, el paquete aprobado podrá generar una recaudación cercana a los 4.000 millones anuales. Tanto la banca como las energéticas se rebelan contra el impuesto extraordinario al considerar que contribuirá a frenar la inversión y el crecimiento.
Rifirrafe por la DANA
El debate de la riada en la Comunidad Valenciana se salda con cruce de acusaciones entre el bipartidismo con la ministra Ribera y el presidente autonómico Mazón de fondo. La titular de la Transición Ecológica responsabiliza a este último de «no saber cómo responder» ante la DANA, y el PP contraataca culpando a la vicepresidenta de haber estado «escondida» cuando su país la necesitaba, además de una dejación de responsabilidades tras su ausencia total de la zona afectada. La ministra Montero amenaza con comisiones de investigación e incluso con acciones judiciales sobre la gestión de la catástrofe por el presidente de la Generalitat, quien “tendrá” que responder incluso ante los tribunales. La formación de Feijóo vaticina a su vez que la vicepresidenta tercera ”pasará» mucho tiempo en los juzgados» por su responsabilidad en relación con la gran riada y por las autorizaciones concedidas en el mercado de los hidrocarburos que permitieron a Víctor de Aldama cometer un fraude millonario del IVA.
Escalada armamentista en Ucrania
La escalada armamentista en Ucrania, tres años después de la cruenta invasión rusa y la utilización de misiles balísticos, eleva la tensión en el norte de Europa que se prepara para un hipotético escenario de guerra. Suecia, Finlandia, Noruega y Dinamarca repartenguías con instrucciones entre la población para protegerse en caso de crisis y hacer frente a un escenario “sin electricidad ni agua potable” y acopio de reservas de alimentos no perecederos. El alto representante de la UE, Borrell, tacha de «irresponsable» la amenaza nuclear de Putin mientras rebaja el temor a una guerra nuclear por el uso de misiles estadounidenses en Rusia. Para que nada falte, la Corte Penal Internacional ordena la detención del primer ministro israelí, Netanyahu, por genocidio del pueblo palestino y crímenes contra la humanidad, asesinato, persecución y otros actos inhumanos.
