No amainan las protestas en la calle, en el Parlamento y en todos los foros de debate de Israel contra la radical reforma judicial que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha convertido en la estrella de su programa de gobierno. Las manifestaciones se suceden, bien nutridas de gentes de todos los estamentos, en Tel Aviv, principalmente, pero también en Jerusalén o Haifa y otra veintena de ciudades, censurando lo que consideran un asalto en toda regla al poder judicial.
En esencia, el proyecto de ley que presentara el ministro de Justicia, Yariv Levin, a principios de enero, recorta las facultades del Tribunal Supremo en favor de la Knesset (Parlamento), hasta el punto de que los diputados podrían aprobar por mayoría simple leyes que los magistrados hubieran anulado por contravenir la Constitución. El texto prevé asimismo otorgar un poder casi absoluto al gobierno sobre el nombramiento de jueces y paralelamente limitar la independencia de los técnicos jurídicos que asesoran al gobierno. En suma, y a ojos de quienes se oponen a la reforma, consideran que Netanyahu, él mismo sometido a procesos judiciales por corrupción, asestaría un golpe de muerte al sistema de controles, contrapesos y equilibrios de Israel, o sea atacaría los fundamentos del sistema democrático que rige el país, y que le han permitido homologarse con la democracia desde su instauración en 1948.
Por el contrario, desde las filas gubernamentales, tanto desde el Likud como desde sus aliados de la extrema derecha y de los ultraortodoxos, se estima que ya es tiempo de reformar un sistema judicial al que se le había concedido demasiado poder en el último decenio del pasado siglo XX, de forma que se había vuelto excesivamente intervencionista en el proceso de elaboración de las leyes.
Ciertamente, la propia situación judicial de Netanyahu no contribuye a disipar las sospechas que exhiben sus detractores de que lo que busca primordialmente es no llegar a pisar la cárcel, antes bien incluso encadenar el fin de su poder ejecutivo con su designación como jefe del Estado israelí. En Israel, si bien el primer ministro carece de inmunidad pese a que pueda estar siendo juzgado por corrupción, ello no le obliga a dimitir o a ser apartado de sus funciones mientras se dirima el proceso.
Tampoco ayuda el hecho de que su mano derecha en el gobierno, Arié Dery, condenado por fraude fiscal, presentara apenas sentado a la mesa del Consejo de Ministros, un proyecto de ley, según el cual una persona condenada por cualquier delito, pero sin que su sentencia de prisión fuera firme, pudiera seguir en el gobierno. El Tribunal Supremo criticó severamente el nombramiento de Dery, denunciando que “estaba en flagrante contradicción con los principios fundamentales del estado de derecho”, lo que movió a Netanyahu a prescindir de sus servicios.
Bien que en minoría, la oposición está amplificando el volumen de sus protestas. Su actual líder, Yair Lapid, echando mano de una épica con reminiscencias churchillianas, declaraba: “Lucharemos aquí en las calles, lucharemos en la Knesset, lucharemos en los tribunales, salvaremos a Israel porque nos negamos a vivir en un país no democrático”.
En la misma línea, el alcalde de la populosa Tel Aviv, Ron Huldai, ahondaba en la herida: “Si se acaban las palabras, empezarán las acciones. No nos limitaremos a las plazas públicas, no seremos indiferentes, no reaccionaremos con resignación”.
Es probablemente el debate más intenso sobre el equilibrio de poderes en la historia de Israel, y se produce justamente en el momento en que el país está cosechando un indudable éxito en su apertura y establecimiento de relaciones con los países árabes merced a los Acuerdos de Abraham. Éxitos que no obstante empañan el resurgimiento del conflicto con los palestinos, el creciente sentimiento de éstos de estar cada vez más lejos de la supuesta voluntad de otorgarles un estado soberano, y la realidad de una colonización creciente de la ocupada Cisjordania, que haría definitivamente inviable esa solución.
