
Si algo no se le puede negar a la tiranía que rige Venezuela es la claridad de sus mensajes. El último lo ha proferido Diosdado Cabello, considerado número dos del régimen y todavía presidente de la Asamblea Constituyente, el engendro legislativo de composición absolutamente chavista erigido para deslegitimar a la Asamblea Nacional. Esta última debiera dar paso a la que surja de las elecciones del 6 de diciembre, comicios que la oposición al régimen y buena parte de la comunidad e instituciones internacionales no reconocen.
Desde que Hugo Chávez se asombrara de perder su primera consulta, tanto él como su sucesor, Nicolás Maduro, han sido cada vez más claros a la hora de exhibir sus intenciones de permanecer aferrados para siempre al poder, dejando tan solo dos opciones a la oposición: someterse o ser privada arbitrariamente de sus derechos y libertades. En esa línea, Diosdado Cabello ha sido todavía más esclarecedor: “El que no vote el 6 de diciembre, no come”, afirmó en un mitin celebrado en Puerto Ordaz. En una Venezuela que sitúa ya al 90% de su población bajo el umbral de la pobreza, esa amenaza atenta directamente contra las tripas mismas de ciudadanos reconvertidos en súbditos de un poder feudal.
Cuando el salario mínimo en Venezuela es de 1,2 millones de bolívares, o sea el equivalente a un euro al mes (sí, han leído bien, un euro al mes), millones de familias dependen para su mísero sustento de las cajas de alimentos suministradas por el Gobierno de Maduro contra la presentación del denominado “carnet de la patria”. Este documento facilita la recepción de esa limosna, pero a cambio exige otras obligaciones, como asistir a manifestaciones en favor del régimen o prestación de diversos servicios a la causa chavista. Esas cajas, denominadas CLAPS (siglas que corresponden a Comités Locales de Abastecimiento y Producción), tienen varias gradaciones, pero en ningún caso son suficientes para mantener una cantidad de alimentos y calorías básicas para sus consumidores. No es en vano que diversos organismos certifiquen que los venezolanos hayan perdido una media de doce kilos de peso desde 2012.
Pese a algunos intentos de la Unión Europea y otras instituciones de que Maduro aplazase las elecciones “hasta permitir que se dieran las circunstancias de una consulta realmente democrática y verificable por observadores internacionales”, el régimen ha decidido pisar el acelerador, de forma que, de acuerdo a su propia legalidad dictatorial, pueda deslegitimar la existencia de la actual Asamblea Nacional, y consiguientemente desalojar a su presidente, Juan Guaidó, cargo en cuya virtud es reconocido aún por una sesentena de países como presidente encargado de Venezuela. ¿Y qué hará Biden?
La cúpula chavista estima que es hora de asestarle un golpe definitivo a una oposición que al menos ha logrado un fuerte impacto mediático en todo el mundo, aún a pesar de haberse apreciado algunas fisuras en su unidad de acción. La presión ejercida por la Administración de Donald Trump no ha logrado derribar a Nicolás Maduro, y éste y sus consejeros estiman que el cambio de inquilino en la Casa Blanca puede cambiar esa política de acoso. No olvidan que Joe Biden, siendo vicepresidente de Barack Obama, fue parte activa de la política de deshielo con Cuba, que llevó al restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana y a la histórica visita del propio Obama a la capital cubana.
Está por ver, sin embargo, que Biden vuelva a repetir hacia Cuba y Venezuela una política de la que no obtuvo sino un endurecimiento de sus respectivos regímenes totalitarios. Aunque no ha sido mucho más preciso respecto de sus intenciones, sí ha sido muy preciso en sus calificativos: “Maduro es un dictador, así de sencillo. Un dictador que está provocando un indecible sufrimiento al pueblo de Venezuela”.
Dos hombres que ya han sido nominados como sus futuros secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Anthony Blinken y Jacob Sullivan, respectivamente, han mantenido un apoyo sin ambages a las progresivas sanciones aplicadas por Donald Trump al régimen chavista. Ambos comparten seguramente con su jefe la conveniencia de modificar un poco esa presión sobre Caracas, mediante la búsqueda de fórmulas que se traduzcan en último término en una salida negociada. Ello no pasaría desde luego por consentir que Maduro o Cabello siguieran en el poder mientras masacran a la oposición, matan literalmente de hambre a sus ciudadanos o les empujan a un exilio forzoso, cuyos cinco millones y medio ya de componentes están provocando asimismo graves problemas en todo el continente americano, severamente empobrecido por la pandemia, para su integración y asimilación.
Venezuela está exhausta. Con una producción de apenas 400.000 barriles diarios de crudo –llegó a producir de media 1,6 millones-, una deuda pública de 175.000 millones de dólares (180% del PIB) y una población cuya casi exclusiva preocupación es la de sobrevivir al día, es sin embargo un país en el que la Administración Biden puede erigir un dique de contención frente a las ambiciones de China y Rusia en Iberoamérica.