El presidente López Obrador ha librado su primera batalla contra la corrupción, cuyo principal foco de conflicto es el petróleo. El líder mexicano sabe que tendrá que librar batallas más duras, pero de momento cuenta con el respaldo popular.
El huachicoleo, o sea, el robo de combustible mediante el procedimiento de pinchar oleoductos y succionar su contenido, era un pingüe negocio en México. Tanto es así que las mafias, incluidos los narcotraficantes, llevaban años repartiéndose un botín que el recién estrenado presidente Andrés Manuel López Obrador, más conocido comúnmente por su acrónimo AMLO, cifraba en 123.000 barriles diarios.
Pemex, la petrolera estatal, principal fuente de ingresos del Estado mexicano, perdía a manos de esta delincuencia 65.000 millones de pesos anuales, equivalentes a unos 3.000 millones de euros. Para los más pesimistas sobre el futuro del país, apenas un rubro más en el abultado dosier de la corrupción.
López Obrador ha escenificado su primera batalla contra este cáncer cambiando el sistema de distribución del combustible. Así, de la noche a la mañana decidió sustituir el abastecimiento a través de los oleoductos por los camiones cisterna. Un procedimiento obviamente mucho más lento, con la consecuencia inmediata de desabastecimiento y la formación de grandes colas ante las gasolineras.
El presidente calificó de “sabotajes” los subsiguientes ataques a los oleoductos, principalmente el que une el puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz, con la alcaldía de Azcapotzalco, en la capital federal. López Obrador movilizó a 5.000 militares y policías para vigilarlo e impedir nuevos asaltos. Los delincuentes buscaron entonces otros objetivos, afectando al abastecimiento en otros diez estados del país.
Aunque en un primer momento los pequeños saqueadores acudieron a surtirse del petróleo que brotaba de los pinchazos, la batalla se ha decantado por ahora en favor del Gobierno. El presidente hizo un llamamiento a la población “a que no siga el juego a los corruptos y no proteja a los delincuentes”, declaración que afianzó con el supuesto respaldo del 76,9% de los mexicanos.
Tal era el resultado del sondeo realizado por la empresa de opinión Gabinete de Comunicación Estratégica, al inquirir sobre si los interrogados apoyan el cierre de los oleoductos y el correspondiente abastecimiento a las estaciones de servicio mediante los camiones cisterna, conocidos como pipas.
Funcionarios públicos en el punto de mira
Al margen de la sustracción habitual del combustible, los ataques para sabotear los oleoductos no son nuevos en México. En 2007, el denominado Ejército Revolucionario del Pueblo (EPR) activó ocho cargas explosivas en instalaciones de Pemex situadas en las comunidades de Celaya, Salamanca, Valle de Santiago y Corregidora, y saboteó las válvulas de presión de diversos oleoductos en los municipios de La Antigua, Omelca, Minatitlán y Actopan.
Para suspender los sabotajes, el ERP exigía que el Gobierno del entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012), presentara con vida a dos de sus guerrilleros desaparecidos. Calderón enmarcó estos atentados en su lucha contra el narcoterrorismo, guerra que se cobraría muchos miles de víctimas y que ha estado a punto de […]
