“El dictador no está muerto, pero ya no está”. A Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el presidente-dictador de Guinea Ecuatorial y ya el más longevo del mundo, nadie del pueblo llano le ha visto desde hace meses. Así lo afirman Weja Chicampo y Celestino Okenve, líderes respectivamente del Movimiento para la Autodeterminación de la Isla de Bioko (MAIB) y del partido Unión Popular (UP). Ambos pasaron por Madrid y, junto con Severo Moto, presidente del Partido del Progreso (PPGE), llaman a abstenerse en las elecciones generales de este 12 de noviembre, convencidos de que serán como siempre, “unos comicios en los que los partidarios de Obiang, agrupados en el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) sacarán sin el menor sonrojo el 99% de los votos”.
Los tres políticos ecuatoguineanos comparecen en el Club Internacional de Prensa en Madrid para efectuar su enésimo llamamiento a España “para que medie hacia una transición democrática en la que fuera su única colonia subsahariana”. Cuando les recuerdo que personalidades españolas como el expresidente Rodríguez Zapatero y sus exministros José Bono y Miguel Ángel Moratinos han viajado con frecuencia a Malabo, responden con una mueca de desdén que muestra una absoluta desconfianza.
Enfermo de cáncer de próstata y con serios problemas cardiovasculares desde hace casi veinte años, Teodoro Obiang habría sido operado a vida o muerte el pasado 17 de agosto en un hospital de Brasil. Desde entonces ni se le ha visto en público ni tampoco ha presidido consejos de ministros, que la población también ignora si se han reunido y adoptado decisiones en el último mes, tal es la falta de información oficial al respecto.
De haberlo hecho, hubiera sido supuestamente bajo la autoridad máxima de Teodoro Nguema Mnague, conocido como Teodorín, vicepresidente y sucesor in pectore de su padre. Sin embargo, sobre su gran poder acaba de abatirse la Justicia francesa, que ha emitido la primera sentencia condenatoria contra un líder africano en ejercicio.
Teodoro Nguema Mnague ha sido declarado convicto de blanqueo de dinero procedente de una corrupción sin límites. Todos sus bienes en Francia, entre ellos el palacete de 101 habitaciones en el que habitaba en la lujosa avenida Foch, número 42, de París, han sido embargados. En su expediente constará también una pena de prisión de tres años y 30 millones de euros de multa, condenas no obstante avec sursis, es decir suspendidas de ejecución, y que por tanto no cumplirá a menos que volviera a delinquir en Francia.
Se acabó mirar para otro lado
Esta situación hace inviable, a juicio de la oposición guineana, que Teodorín asuma la presidencia del país. Hasta ahora, las antiguas potencias colonizadoras habían tolerado, cuando no impulsado y fomentado, la corrupción de sus dirigentes, a cambio obviamente de seguir obteniendo los beneficios de seguir explotando las riquezas naturales de aquellas antiguas colonias; petróleo, madera y cacao en el caso del régimen con capital en Malabo. Pero, la sentencia del Tribunal de París contra Teodoro Nguema marca un punto de inflexión no sólo con respecto a Guinea Ecuatorial sino probablemente también frente al resto del continente africano.
El régimen de Obiang había hecho todo lo posible por inmunizar a Teodorín para obstaculizar la acción de la Justicia francesa, desde convertir de la noche a la mañana su domicilio parisino en embajada, y por tanto edificio afectado de extraterritorialidad, hasta situarle como vicepresidente del país. Obiang no le otorgó en cambio nunca la misma inviolabilidad jurídica de la que goza él mismo como jefe del Estado.
Esa circunstancia ha provocado al parecer una intensa lucha palaciega, ya que la familia Obiang teme que la sentencia condenatoria a Teodorín se traduzca también en un cerco al país a cuya consecuencia la familia sea desalojada del poder. De hecho, Francia, que había sustituido a España como antigua metrópoli tuteladora, no se ha opuesto a que Guinea Ecuatorial haya sido inscrita en la lista negra de Acción Financiera Internacional, “como país no cooperador en la lucha contra el lavado de dinero”. Ese mero hecho supone que nadie pueda sacar dinero de Guinea Ecuatorial para depositarlo o invertirlo legalmente en entidades normales, tal y como han hecho en el pasado tantos dictadores africanos y de otras latitudes.
La oposición de Guinea Ecuatorial alaba este primer paso, pero lo estima muy insuficiente y reclama que el dinero extraído de la corrupción sea devuelto al pueblo al que se le robó. “No puede ser –afirman- que la confiscación de bienes procedentes del saqueo termine aprovechando a entidades financieras o a países que han servido de refugio, siquiera provisional, a esos capitales evadidos, mientras el pueblo padece una gran miseria”.
Un país en bancarrota
Weja Chicampo, Celestino Okenve y Severo Moto admiten su impotencia para cambiar el régimen sin ayuda internacional. “Son Estados Unidos, Francia y España quienes pueden influir y patrocinar una salida que saque de la postración al país y alumbre el camino hacia una democracia homologable”.
Reconocen también que, como toda dictadura, depende de sus militares, de su policía y de sus funcionarios corruptos. “Mientras los pueda seguir pagando apropiándose de lo que le pagan por explotar sus recursos se mantendrán en el poder buscando quizá otro caudillo providencial, pero será cada vez más difícil porque el país está en bancarrota”.
En estas condiciones llaman a boicotear “unas elecciones cuyos resultados sabemos de antemano”, controlada como está la población por los llamados Consejos de Poblados y Comunidades, y con una Junta Electoral Nacional integrada exclusivamente por miembros del Gobierno y del PDGE. Piden al pueblo que permanezca tranquilo en sus casas “a fin de poner de manifiesto el distanciamiento entre el régimen y el pueblo guineano”. Insisten no obstante en que proseguirán su oposición mediante “la lucha no violenta”, que cree un ambiente propicio para el cambio.
