“Mi pecado es ser indígena, dirigente sindical y cocalero”, exclamaba Evo Morales al finalizar su alocución televisada, en la que anunciaba su dimisión y el final, por lo tanto, a los trece años, nueve meses y 18 días en que desempeñó la presidencia de la República Plurinacional de Bolivia.
Pues, no. La verdadera causa de su caída ha sido la corrupción bolivariana de la democracia. Llegó al poder el 22 de enero de 2006, despertando grandes esperanzas al incluir un ambicioso plan para reducir drásticamente la desigualdad y la pobreza. Justo es reconocer que logró notables avances, en paralelo por otra parte con otros países del hemisferio –Chile, Perú, Brasil y Colombia, especialmente-, en los que varias decenas de millones de pobres subieron al menos dos escalones en su ascenso a la clase media.
Pero, al igual que otros países del subcontinente americano, Evo Morales abrazó los modos bolivarianos de ejercitar el poder, es decir, que una vez instalado en el mismo pasaría por encima de las instituciones para ponerlas al servicio de su permanencia indefinida. Al igual que Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se proclamaron grandes demócratas mientras ganaron elecciones, para aferrarse después a todo tipo de trampas desde que perdieran la primera consulta. Morales despreció el resultado del referéndum que él mismo convocó en 2016 para eternizarse en el poder. También, al modo bolivariano, nombró un Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de dar apariencia de legalidad jurídica a su comportamiento, calificado por su último adversario electoral, Carlos Mesa, de “tiránico”.
Los miembros de ese TSE son ahora perseguidos por la Fiscalía del Estado, acusados de haber facilitado las “graves irregularidades” cometidas en el último proceso electoral. Las acusaciones se apoyan en el informe de los inspectores de la Organización de Estados Americanos (OEA). En él denuncian que “las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave” de posible pucherazo electoral.
Aunque Morales declaró dimitir para que la paz social vuelva al país, la realidad es que no fue un gesto de espontáneo altruismo. Las violentas manifestaciones de protesta por sus groseras manipulaciones electorales; la negativa de varias unidades policiales a salir de sus acuartelamientos para reprimirlas, pero, sobre todo, la “sugerencia” del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y del comandante general de la Policía, Yuri Calderón, de que dimitiera, fueron los argumentos determinantes que decidieron a Morales a abandonar el poder, tras varias fintas como la de convocar in extremis nuevos comicios una vez conocida la amplitud del fraude de su reelección.
Al igual que su vicepresidente, Álvaro García Linera, cerebro principal de su revolución bolivariana a la boliviana, Evo Morales denunció como golpe de Estado tanto la rebelión de las fuerzas policiales como las acusaciones contra él de Carlos Mesa y del emergente líder Fernando Camacho, director del Comité Cívico de Santa Cruz y principal motor de las protestas. Morales y García Linera hacían así eco a las declaraciones de los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, los principales apoyos de […]
