Su nueva y repentina eclosión ahora demuestra que los lazos entre ambos países atraviesan por uno de sus peores momentos.
El caso es que se cumplen sesenta y cinco años de las primeras pruebas nucleares realizadas por Francia en territorio argelino.
Entre febrero de 1960 y abril de 1961 los franceses realizaron cuatro explosiones atmosféricas en el campo de pruebas de Reggane, y otras trece subterráneas en el de In Ekker, en la wilaya de Tamannrasset, estas últimas a lo largo del lustro que va de noviembre de 1961 a febrero de 1966.
La mayoría de tales ensayos se realizaron tras la firma de los Acuerdos de Evian de 18 de marzo de 1962, que ponían termino a la guerra de ocho años, e iniciaron la independencia de Argelia.
A pesar de las concesiones estipuladas entonces en favor del Estado francés, Argelia no ha dejado nunca de reclamar a su antigua metrópolis tanto indemnizaciones de carácter material como de transmisión de la documentación científica y militar acumulada durante aquel período de ensayos nucleares, que convirtieron a Francia en la tercera potencia nuclear occidental, junto a Estados Unidos y el Reino Unido, y en la quinta del mundo si se incluyen a Rusia y China.
Pero, si esta disputa franco-argelina se desarrollaba entre bambalinas, ahora ha vuelto a emerger con fuerza, merced a las jornadas sobre los “crímenes nucleares” [franceses], organizadas por la Asamblea Nacional Popular, la Cámara Baja del Parlamento argelino. El presidente de esta, Ibrahim Boughali, que abrió los debates, se refirió con tal expresión a esta conmemoración del 65º aniversario de las pruebas atómicas en su territorio, antes de reiterar los puntos principales de las reclamaciones a París: la descontaminación completa de los lugares afectados por aquellas pruebas atmosféricas y subterráneas; la recogida y entierro definitivo de los residuos que aún yacen bajo las arenas del Sáhara, y las indemnizaciones a las víctimas.
Boughali, que estaría respaldado por el presidente Abdelmadjid Tebboune, exige que Francia se responsabilice de limpiar la totalidad de las zonas afectadas por la radiación y los residuos nucleares. Asimismo, sostiene que París ha de entregar los archivos completos de los lugares en los que se efectuaron las pruebas “para que nuestros propios expertos puedan evaluar los daños y adoptar las medidas adecuadas para paliarlos”.
Aunque Argel no establece una cifra oficial de afectados, sitúa en torno a 30.000 las personas que han sufrido las consecuencias de aquellos ensayos nucleares, y a los que habría por lo tanto que indemnizar. Pero, aquí se acentúan las graves diferencias de criterio entre París y Argel. Francia decretó un sistema para compensar económicamente a las víctimas de sus pruebas, tanto en África como en la Polinesia. Y a fecha de hoy el Comité de Indemnización, creado en 2010 por la llamada Ley Morin, solo ha incluido a un argelino entre las 545 víctimas que ya han recibido sus respectivas compensaciones. Francia efectuó en el mismo periodo 193 pruebas nucleares en los archipiélagos polinesios de Mururoa y Fangataufa, en el Pacífico Sur, de ahí que sus habitantes hayan sido los que han registrado mayor número de víctimas indemnizables, a juicio de París.
Argelia descalifica en consecuencia el sistema establecido por Francia de dar el dinero directamente a las víctimas, y reclama que, una vez se acuerde la relación de los afectados, la indemnización se haga de Estado a Estado, y sea el argelino el que proceda entonces a distribuir tales ayudas.
Este contencioso, quizá el más difícil de resolver de todos los que envenenan las relaciones argelino-francesas, se quiso encauzar a partir de 2007, con ocasión de la visita efectuada a Argelia por el presidente Nicolas Sarkozy. Entonces se decidió crear un comité bilateral “para elaborar un inventario de los lugares contaminados con el fin de diagnosticar su radioactividad, determinar los riesgos para los habitantes y el medio ambiente y proponer medidas de rehabilitación”. No funcionó.
Tampoco lo haría el nuevo grupo de trabajo creado en aplicación de la Declaración de Argel de Amistad y Cooperación entre Francia y Argelia, suscrita durante la visita del presidente François Hollande en 2012. Como tampoco tendría resultados prácticos la recomendación del informe del historiador Benjamin Stora en 2021, elaborado a instancias del presidente Emmanuel Macron, para consensuar las consecuencias de los ensayos nucleares franceses en Argelia.
Las relaciones franco-argelinas se deterioraron gravemente desde el pasado verano, a raíz del reconocimiento por parte del presidente Macron de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Tensiones agudizadas este año por el encarcelamiento del escritor franco-argelino Boualem Sansal, acusado de atentar contra la soberanía territorial de Argelia en favor de Marruecos, por unas declaraciones efectuadas al semanario francés Frontiéres.
