En defensa del orden constitucional rechazamos la actuación del Gobierno cuyo propósito es obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución.
Cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente. Se deja impune la desviación de caudales públicos para realizar actos contra el Estado y la integridad territorial, lo cual es más lesivo aún que el lucro personal.
Es una burla hablar de ‘desinflamación del conflicto catalán’ cuando todos los condenados han declarado hasta la saciedad que volverán a intentarlo.
La Unión Europea no ha exigido reformar el delito de sedición en España y menos su sustitución por un delito de desórdenes públicos. Los hechos juzgados no fueron desórdenes sino un desafío al orden constitucional y pactar el decreto con los delincuentes sin que carece de homologación en Europa.
La Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distintas ideologías, se ha sentido en el deber cívico de trasladar a la sociedad civil, al Gobierno y a los legisladores, las ideas expresadas. Algunos de los argumentos en que se basan se señalan seguidamente:
El presidente Sánchez no mencionó en su discurso de investidura de enero de 2019 la modificación de los delitos de sedición y rebelión. La reforma de la sedición tampoco fue un compromiso electoral ni un acuerdo posterior con UP.
El Gobierno ha recurrido al ardid de amalgamar en una Ley Ómnibus la modificación de la Ley Orgánica del Código Penal con otros artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que podrían necesitar la adaptación a algunas Directivas que no tienen que ver con el Código Penal ni con el delito de sedición.
Se quiere justificar esta proposición de ley para equiparar supuestamente nuestra legislación con la de la Unión Europea con el pretexto de que las penas en países europeos son inferiores a la existente en España. Esto no es cierto porque no se puede obviar que el Código Penal español permite bajar la pena de la sedición hasta uno o dos años y porque el delito de sedición se castiga en Europa de manera similar a España. La cuestión no está en el nombre del delito sino en saber si los hechos que castiga el actual tipo de sedición en España están castigados con menores penas fuera de nuestras fronteras. Pese a las diferencias formales y legislativas de cada país, los delitos y las penas en materia de sedición en nuestro Código Penal son muy similares a las de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia e Italia.
Con esta reforma del Código Penal se pretende que un intento de ruptura del orden Constitucional se llame desorden público agravado, con una rebaja de las penas y dejando abierta la puerta para que los indultados vean eliminada su inhabilitación y puedan concurrir a las urnas.
El orden constitucional no se protege con un nuevo delito de desórdenes contra la paz pública. Una nueva tipicidad debería referirse necesariamente a otro bien jurídico como la lealtad constitucional y en torno a ella deberían crearse tipos penales con las conductas de las imposiciones independentistas de acuerdo con su gravedad, entre las que se encuentran el intento de separar una parte del territorio nacional que sería el delito más grave seguido de otras como la negativa a reconocer al jefe del Estado.
Lo ocurrido en octubre de 2017 no fueron meros desordenes ni sus autores fueron condenados por un acto contra el orden público concreto. Fue un desafío al poder legítimo y al orden constitucional que emana de la soberanía popular, con una serie de actos encaminados a la independencia con movilizaciones masivas y leyes de desconexión.
Es sabido que Esquerra Republicana de Cataluña no se iba a contentar con la supresión de la sedición. No nos podemos dejar engañar por lo que Sánchez denomina desinflamación del conflicto ni por la argumentación de mantener los equilibrios políticos que en realidad son inexistentes, como se puede comprobar con el permanente conflicto político que bloquea las mayorías parlamentarias en el Parlamento de Cataluña, con la huida de cientos de empresas de la economía catalana, por la permanente desobediencia al Tribunal Constitucional y Tribunales en Cataluña, así como por el boicot a que el español sea lengua vehicular y a que los jóvenes puedan estudiar en la lengua oficial.
Es una burla hablar de esa desinflamación cuando todos los condenados no han renunciado a la unilateralidad y han declarado que volverán a intentarlo. El propio presidente de la Generalitat ha manifestado que esta reforma penal va a hacer más difícil perseguir el independentismo y que han conseguido bajar el precio para cuando lo vuelvan a intentar.
Por todo lo expuesto, denunciamos el proceder del Gobierno de coalición y la tramitación legislativa elegida para una Proposición de Ley Orgánica cuya finalidad ha sido prescindir de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de la necesaria racionalización y debates de un problema jurídico de tanta trascendencia. No se debe olvidar que la verdad se encuentra en el procedimiento de búsqueda.
Advertimos a la opinión pública que, con la actual tipificación del delito contra la integridad territorial como un simple desorden público supondrá un estímulo para impulsar comportamientos atentatorios contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente.
Hasta aquí el amplio resumen del manifiesto ha sido suscrito por varios centenares de firmantes que encabezan varios exministros socialistas como César Antonio Molina, ex ministro de Cultura. Javier Sáenz Cosculluela, ex ministro de Obras Públicas. Virgilio Zapatero, ex ministro de la Presidencia. Julián García Vargas, ex ministro de Defensa y José Luis Corcuera, ex ministro de Interior. Así como los de UCD José Luís Leal, ex ministro de Economía y Soledad Becerril, ex ministra de Cultura. Se añaden un número interminable de catedráticos, magistrados, exdiputados, profesionales liberales y resulta imposible citar tantos nombres, pero su significación en la sociedad civil expresa el inmenso clamor por el atentado que el gobierno de Pedro Sánchez lleva a cabo contra la convivencia constitucional que hemos mantenido en los más de cuarenta años de democracia.
Este manifiesto puede leerse completo en la página web de la ADVT
